Las medidas contra las tarjetas en EE UU tendrán escasos resultados
La ofensiva de Biden para rebajar a 8 dólares las comisiones de demora puede no afectar mucho a los bancos
Con más de dos cuentas abiertas por cada estadounidense, las tarjetas de crédito son prácticamente parte de la familia. Y como cualquier miembro de la familia, pueden traer tanto alegrías como desgracias. Los esfuerzos del Gobierno de Joe Biden por reducir las comisiones a las que se enfrentan los prestatarios cuando se retrasan en los pagos suenan como una inteligente forma de ganar votos. En realidad, es probable que una intervención tan contundente coseche escasos frutos.
El objetivo de las tarjetas de crédito es facilitar el gasto, pero en la práctica su complejidad rivaliza con la de los derivados financieros más sofisticados. Los clientes pagan abundantes intereses por el saldo restante a final de mes, y las comisiones pueden llover si no pagan a tiempo. Algunas tarjetas recalibran a un tipo más alto y punitivo si hay varios impagos. La letra pequeña es difícil de seguir: según una encuesta de Bankrate, más del 40% de los adultos de EE UU que tienen deudas con tarjetas de crédito de un mes para otro desconocen su tipo de interés. La mera rentabilidad de los préstamos con tarjeta, que puede reportar a bancos como JPMorgan y Capital One retornos sobre fondos propios del 20% o más, habla de su opacidad.
Las elevadas comisiones y los altos rendimientos reflejan en parte que los préstamos con tarjeta no están garantizados. No hay casa ni coche que embargar si el cliente deja de pagar. Pero las elevadas condiciones y la omnipresencia del producto lo convierten en un blanco fácil. Biden ha declarado la guerra a lo que denomina “comisiones basura” y, en cumplimiento de esa misión, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) ha propuesto limitar las comisiones de demora a 8 dólares, menos de un tercio de su nivel actual. Los bancos pueden cobrar más, pero solo si pueden justificarlo.
Es difícil argumentar que las comisiones por demora no castigan desproporcionadamente a quienes tienen menos conocimientos financieros. Más allá de eso, abunda la falsa precisión. El umbral de 8 dólares de la CFPB, que según ella cubre los principales costes de los bancos, se basa en cálculos que el sector considera incompletos; el regulador afirma que las entidades no proporcionaron mejores cifras cuando se les dio la oportunidad. La American Bankers Association afirma que el coste real se acerca más a los 46 dólares. Hace casi dos décadas, Reino Unido fijó una cifra que consideraba justa y que es aproximadamente el doble de esos 8 dólares.
Los bancos temen también que una tasa demasiado baja no disuada a los consumidores, un argumento muy difícil de demostrar. Citigroup y Goldman Sachs ya ofrecen algunas tarjetas sin comisiones de demora. Y hay otras formas de prevenir la morosidad, como recordar a los clientes que el impago perjudicará su puntuación crediticia.
Es poco probable que la lógica y las matemáticas salven a los bancos de la intervención de las autoridades. Desde el punto de vista político, las malqueridas comisiones de morosidad están justo en la diana. Además, la CFPB se diferencia de algunos reguladores financieros en que el poder lo ejerce una sola persona: el director Rohit Chopra, nombrado por los demócratas. En la Fed o la SEC, por ejemplo, los asuntos se someten a votación y se publican las opiniones discrepantes. Si Biden quiere parecer un hombre de acción, la campaña tiene sentido.
Desde el punto de vista financiero, no está tan claro. Por un lado, el recorte de las comisiones de demora reduciría los ingresos de los proveedores de tarjetas, como JP Morgan, Discover Financial Services, Capital One y Bank of America. En Capital One, las comisiones de demora suponen algo menos de 2.000 millones de dólares de ingresos al año, aproximadamente el 5%. Si se reducen esos ingresos en dos tercios, en igualdad de condiciones, los beneficios antes de impuestos de la empresa caerían un 15% en números redondos. Por otro lado, los bancos tienen numerosas palancas de las que tirar.
Los bancos han comunicado a la CFPB que si se limitan las comisiones, aumentarán otros cargos o reducirán los préstamos a quienes más los necesitan. Los defensores de la propuesta de la CFPB dicen que no son más que bravatas. Es cierto que las normas introducidas en 2010 impusieron restricciones a la capacidad de los emisores de tarjetas para aumentar las tasas y comisiones, pero siguen teniendo una flexibilidad considerable. Las lecciones históricas también son oscuras. La última ronda de normas sobre tarjetas de crédito se produjo justo después de la crisis financiera de 2008. Incluso Michael Barr, alto cargo de la Fed y designado por Biden, argumentaba, cuando era profesor en la Universidad de Michigan, que la reducción de las comisiones probablemente empujaría al alza otras tasas y comisiones.
El saldo de probabilidades es que los bancos apenas notarían las nuevas normas. Para empezar, el mercado dista mucho de ser perfectamente competitivo. Incluso Goldman Sachs, uno de los bancos más sofisticados de Wall Street, se ha enfrentado a problemas iniciales con su tarjeta de la marca Apple, registrando mayores niveles de morosidad que sus homólogos, a juzgar por los archivos financieros de Goldman. En el sector, a eso se le llama sazonar. La morosidad de una cartera de tarjetas de crédito tarda años en estabilizarse, pero ese periodo de pérdidas elevadas hace más difícil atraer a nuevos clientes.
También hay un aspecto más importante que da a los bancos poder de fijación de precios: las recompensas. El auge de las tarjetas que ofrecen puntos, millas y otros descuentos, como los plásticos Chase Sapphire y American Express Platinum, ha cambiado el cálculo de lo que hace que los consumidores se pasen a otra, y puede hacerlos menos sensibles a las comisiones y tasas. Capital One contabilizó un gasto de 7.600 millones en recompensas en 2022, frente a los 1.600 millones de una década antes. Al igual que los usuarios de tarjetas probablemente subestiman la posibilidad de pagar comisiones de demora cuando se suscriben, también es probable que sobrestimen el valor de los incentivos positivos.
La prevalencia e incomparabilidad de las recompensas –y su creciente popularidad– es solo una de las distorsiones del mercado que la ofensiva de la CFPB contra las comisiones de demora no cambiaría. También está la comisión que se cobra a los comercios cada vez que un cliente pasa la tarjeta, que les grava con costes que acaban reflejándose en precios más altos, pero que también proporciona a los emisores los ingresos que hacen posibles las recompensas. Un senador ya ha propuesto una ley que reduciría esas comisiones y causaría estragos en la economía del sector, se quejan los ejecutivos bancarios. Si las comisiones por morosidad han levantado ampollas entre los prestamistas estadounidenses, son solo un aperitivo de lo que podría aguardarles.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías
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