Un transporte aéreo más eficiente es posible
El adelanto de las elecciones ha dejado en el aire el rumbo que tomará la ampliación de la liberalización del control aeroportuario anunciada por el Gobierno
El adelanto de las elecciones generales al 23 de julio ha generado un gran asombro en todo el país, especialmente entre aquellos colectivos que esperaban que determinados cambios y medidas impulsadas por el Gobierno actual viesen la luz en los próximos meses. El inesperado anuncio ha obligado a suspender todas las actividades parlamentarias previstas en el Congreso, así como a paralizar la tramitación de las iniciativas legislativas en marcha, lo que ha dejado a muchos sectores desconcertados y sin respuestas.
Para el sector aeronáutico en particular, además de la Ley de Movilidad Sostenible, uno de los grandes interrogantes que quedan por resolver es el rumbo que tomará la ampliación de la liberalización del control aéreo a otros siete aeropuertos de la red de Aena que el Gobierno anunció el pasado mes de febrero.
En este punto es importante destacar que, al contrario de lo que han manifestado algunas partes, este proceso no es una privatización, al no privatizarse ni los activos –las torres– ni la responsabilidad de la gestión, que sigue estando en manos públicas. El proceso obedece a una liberalización del servicio de control de tránsito aéreo, y queda únicamente en manos privadas la gestión operativa.
Este proceso de liberalización del servicio de control de aeródromo no es novedoso en nuestro país, ya que fue en el año 2010, a través de la promulgación de la Ley 9/2010, cuando se legisló a favor de que este servicio pudiera prestarse en condiciones de mercado por proveedores distintos al operador público, Enaire. El proyecto de orden ministerial publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no inicia, por tanto, un proceso de liberalización en España, sino que constituye un mero acto ejecutivo del mandato de la ley, que, únicamente, da continuidad a un proceso que se inició hace 10 años y que ha resultado ser un éxito en términos de seguridad, calidad y eficiencia.
Son muchos los beneficios que supondría la aprobación de dicha orden ministerial, pero, entre ellos, destaca especialmente el impacto directo en el bolsillo del usuario del transporte aéreo. Según recoge un informe de la CNMC, el sector liberalizado del control aéreo, que en la actualidad gestiona el 30% del tráfico de aeródromo en España, ha introducido, desde el inicio de su actividad en 2011, importantes mejoras en seguridad, calidad y costes de servicios, siendo notablemente superiores a los ofrecidos por parte del operador público.
Pero la CNMC no ha sido el único organismo que ha avalado la idoneidad de contar con una mayor competencia en el control aéreo español; la Comisión Europea también se ha mostrado favorable a la liberalización, así como la patronal de aerolíneas (ALA) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). Además, la propia Aena ha sido quién ha solicitado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que se amplíe la liberalización a más aeropuertos de la red, dados los beneficios alcanzados desde el 2011 en los aeropuertos en los que el servicio está ya liberalizado.
En términos de seguridad, en los últimos 10 años la introducción de la competencia en el sector ha redundado en un incremento de los niveles de seguridad y en la madurez de los sistemas de gestión de los distintos proveedores. En cuanto a calidad del servicio, en las torres en las que se ha liberalizado el servicio de control de tránsito aéreo se ha producido una mejora de más de 5 puntos porcentuales en puntualidad y se ha reducido el tiempo adicional de rodaje en un 25%; una mejora no equiparable a la que se ha producido en los últimos años en torres no liberalizadas. A modo de ejemplo, y según datos publicados por Eurocontrol, las torres españolas en las que la puntualidad fue mayor en el año 2022 fueron las de Alicante e Ibiza.
Por otro lado, en lo que respecta a la eficiencia, según la CNMC, las torres de control que actualmente están liberalizadas en nuestro país han incrementado su eficiencia en torno a un 60% de media, mientras que en las no liberalizadas esta cifra ha sido del 20%. Datos que, traducidos en ahorro, podrían suponer un ahorro superior a 200 millones de euros por quinquenio para Aena.
En un momento de crisis y contención del gasto como el actual, es obligación de los responsables públicos alcanzar la mayor eficiencia en su gestión, no solo en beneficio de las arcas públicas, sino también de los ciudadanos, pues este ahorro podría repercutir en las tasas aeroportuarias vigentes y, por consiguiente, reflejarse a la baja en el precio de los billetes. Sobre este tema, desde la ALA se ha argumentado que parte de la congelación tarifaria de Aena desde 2015 se debe a una menor factura por el control de aeródromo tras la entrada de los proveedores privados en el mercado. Asimismo, la asociación también ha defendido que la liberalización ha repercutido en unas tasas un 13% más bajas en comparación al año 2014.
Además, un contexto de reducción de tasas aeroportuarias no solo tendría un efecto directo en el usuario del transporte aéreo, sino que se traduciría también en una mayor competitividad del sector aéreo y turístico: unas tasas más bajas redundarían en más turismo nacional e internacional, multiplicando así las ganancias y mejorando la situación de la economía de nuestro país.
Desafortunadamente, a la hora de gestionar activos públicos, no siempre podemos encontrarnos con alternativas que garanticen el mismo servicio de una manera mucho más eficiente, sin variar ni un ápice la calidad y la seguridad resultante. Sin embargo, en el ámbito del control aéreo, esta alternativa existe y funciona a pleno rendimiento desde hace más de 10 años en 16 aeropuertos españoles, entre los que se encuentran algunos de los que concentran más tráfico del país.
¿Por qué seguir malbaratando recursos públicos? ¿Lo público no debería gestionarse de la forma más eficiente posible en favor de nuestra economía y nuestros ciudadanos? Urge que, como sociedad, seamos conscientes de que, en ocasiones, otra forma de hacer las cosas es posible.
Raquel Martínez Arnáiz es directora general de Skyway
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