La ley de movilidad sostenible como una oportunidad para la igualdad de los ciudadanos

Incluir en la norma los transportes autonómicos es capital para abordar los retos demográficos y de la España vaciada

La Ley de Movilidad Sostenible que se está tramitando en el Congreso de los Diputados es una gran oportunidad para alcanzar la igualdad real de los ciudadanos en materia de transporte y para lograr que esta no dependa de los presupuestos anuales de las distintas Administraciones públicas. La ley debe llevar aparejada una serie de medidas financieras que afectan no solo al transporte urbano y metropolitano, sino también a todo el transporte de viajeros por carretera y de manera singular a las líneas nacionales, regionales y provinciales que conforman la tupida red de transporte de la que goza nuestro país y, que en muchos casos, es el único modo de asegurar la movilidad pública de muchos de los habitantes de las zonas que más sufren la despoblación y la llamada por la Unión Europea pobreza de transporte.

Desde hace unos años se está́ hablando del concepto de pobreza de transporte como “la falta de alternativas de transporte, asequibles y accesibles que restringen la movilidad de una persona a un área determinada, dificultando la realización de sus actividades esenciales y su participación en la sociedad”.La pobreza del transporte a menudo se relaciona con las vulnerabilidades sociales, como la pobreza de los hogares, el desempleo o la movilidad reducida. Los grupos sociales más afectados por este problema incluyen a mujeres, ancianos, jóvenes, personas de bajos ingresos y personas discapacitadas. Vivir en una región desfavorecida (áreas rurales, periféricas o remotas, incluidas regiones ultraperiféricas o islas) también aumenta el riesgo de pobreza en el transporte.

En este sentido, hay que recordar que España es el país con el sistema de transporte público de viajeros por carretera más desarrollado de Europa y con una mayor capilaridad, vertebrando todo el territorio y siendo el único modo que llega a todos los rincones. Un modo clave para garantizar el derecho fundamental a la movilidad y el acceso a servicios básicos del Estado del Bienestar, como son la educación, la sanidad y el trabajo, en todo el país.

Nos encontramos en el proceso de enmiendas de la Ley de Movilidad y todos los grupos políticos tienen una gran oportunidad para hacer una ley que mejore la vida de los ciudadanos, asegure la viabilidad de las empresas y permita la consolidación y optimización del modelo de colaboración público-privada que nos ha colocado a la cabeza de Europa con el transporte de viajeros por carretera más desarrollado del continente.

Nuestro sistema concesional es el único capaz de garantizar la movilidad como servicio público esencial en todo el territorio. Se trata de un sistema que funciona y que, si bien tiene margen de mejora, ha conseguido ponernos a la cabeza de Europa en cuanto a desarrollo del transporte de viajeros por carretera.

Es muy importante que la financiación del transporte público colectivo de viajeros se amplie a todo el sistema de movilidad y no se limite solo al ámbito urbano y metropolitano. Que se incluyan en la nueva ley los transportes autonómicos es de importancia capital para abordar desde el transporte público los retos demográficos y de la España vaciada.

Otro objetivo importante, que a juicio del sector debe abordar la nueva ley, es el de asegurar la unidad de mercado y evitar un trato discriminatorio a favor del ferrocarril, por lo que se deben de abordar los dos modos de transporte de una forma y conjunta, especialmente en lo que se refiere al establecimiento de obligaciones de servicio público, debido a su complementariedad.

El sector del transporte de viajeros por carretera sigue atravesando una situación muy complicada tras el impacto que supusieron las medidas de restricción de la movilidad provocadas por la pandemia y aún no ha recuperado los niveles de demanda pre-Covid. La ley es necesaria pero no es suficiente. Solicitamos a la Administración que aplique medidas concretas para asegurar el sostenimiento económico de los servicios públicos de transporte en general y, entre las principales propuestas relacionadas con el sector del transporte en autobús, incluimos el fomento de todo el transporte público como medida de ahorro energético y de reducción de emisiones, así como el reequilibrio de todos los contratos de transporte regular de viajeros por carretera, incluido el transporte escolar, para adaptarlas a las nuevas energías y al contexto económico de fuerte incremento de costes, entre otras.

En definitiva, consideramos imprescindible la aplicación de medidas contundentes a largo plazo para el fomento de la movilidad sostenible a través del uso del autobús lo que provoca que todos los ciudadanos estemos más cerca de la igualdad, al margen del lugar de residencia de cada uno.

Rafael Barbadillo es presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus)

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