La transición energética, a debate
PSOE y PP deberían adoptar una posición común en Bruselas para liderar el cambio ante los problemas de Alemania y Francia
Los resultados de las elecciones municipales han precipitado las elecciones generales y los partidos empiezan a presentar propuestas. El debate económico en España se ha empobrecido significativamente desde la crisis de 2008. Desde entonces, no hemos parado de alejarnos en renta por habitante de nuestros socios europeos, hasta situarnos en 2022 en el puesto 18 de los 27 países. El problema es de productividad, que está en los mismos niveles que en el año 2000.
En el periodo de mayor desarrollo tecnológico mundial desde el siglo XVIII, las empresas españolas no están consiguiendo desarrollar proyectos de inversión innovadores y rentables en un entorno global cada vez más competitivo. El problema de crecimiento de productividad es común a más países desarrollados, pero hay países como Irlanda, Corea, Israel o Taiwán que han conseguido doblar su productividad por hora trabajada desde que comenzó el nuevo milenio.
Estos países se caracterizan por tener ecosistemas de transferencia tecnológica avanzada en sus universidades y mercados de capitales que permiten financiar esas inversiones, la mayoría en activos intangibles. España, por desgracia, está muy atrasada tanto en transferencia tecnológica como en mercados de capitales para financiarla, y los programas políticos presentados redundan en los tópicos de los últimos 20 años, que ya sabemos que han fracasado.
Donde sí hay un cambio significativo es en desarrollo de energías renovables, principalmente en eólica y solar fotovoltaica para producir electricidad. España ha desarrollado mucho y muy bien su red de alta tensión y sus redes para transformar en baja tensión la electricidad para hogares y familias. Gracias a esa red, ahora pueden instalar y verter esas nuevas inversiones en renovables. España es líder mundial en equipos eléctricos, desarrollo eólico y economía circular. La segunda empresa eléctrica por capitalización bursátil del mundo y líder en renovables es española. También se ha desarrollado un potente ecosistema industrial de pymes multinacionales muy competitivas. En fotovoltaica nuestra regulación ha sido errática, pero ya es una realidad.
España tiene el doble de horas de sol que sus socios europeos y buenas condiciones de viento, y dispone de cadenas montañosas que permiten el desarrollo de centrales hidráulicas de doble bombeo, la solución más eficiente para la acumulación masiva. Además, contamos con una excelente red de gas, tanto por tubo como por barco. Esto nos convierte en el país líder en transición energética en Europa.
Sería deseable que los dos grandes partidos tomaran una posición consensuada en Bruselas para liderar también políticamente la transición, aprovechando los problemas de Alemania con el carbón y de Francia con la nuclear. Ambos países tienen aún mucho por hacer en la transición y ven cómo cada vez es más barato producir electricidad en España y cómo las nuevas localizaciones industriales van al sur, en busca de sol y energía más barata.
El PP ha presentado su programa asumiendo por fin la Agenda 2030 y la transición energética, aunque sin detallar, y ya sabemos que el demonio está en los detalles. Su medida central en energía es prolongar la vida de las centrales nucleares. Tras la guerra de Ucrania y la crisis del gas es un debate necesario. Pero la nuclear es una tecnología obsoleta, más cara que las renovables y altamente contaminante, con residuos radioactivos con una esperanza de vida infinita. Por lo tanto, serán las empresas, por la presión competitiva del mercado, las que decidan cerrarlas, cuando el desarrollo de las renovables y del almacenamiento masivo lo permita.
El PSOE acaba de aprobar su nuevo Plan de Energía y Clima, PNIEC. Los objetivos en desarrollo de renovables son mucho más ambiciosos, con 100 gigavatios de eólica y solar fotovoltaica en 2025, el doble que ahora. Sorprende que el almacenamiento solo aumente en 2 gigavatios como objetivo. El plan es un ejercicio profesional de prospectiva, con modelizaciones matemáticas rigurosas, pero los objetivos para 2025 son realismo mágico.
En los dos últimos años se han ejecutado menos de 10 gigavatios anuales, y el sector está al límite de su capacidad, sin mano de obra disponible ni capacidad logística de materiales. A esto hay que añadir la principal amenaza para el desarrollo de renovables en España, que es la burocracia, especialmente en el desarrollo de redes. Si España quiere de verdad aprovechar la revolución renovable, debe preservar las señales de precios de mercado. Los intentos de planificación de precios en esta legislatura del PSOE y en la anterior del PP ponen palos en las ruedas de la inversión privada. España debe ir a Bruselas y apoyar una nueva regulación europea que reduzca la volatilidad de los precios mayoristas y proteger a los consumidores de esa volatilidad. El nuevo modelo de precios de la tarifa regulada que se acaba de aprobar, vinculado a precios de futuros y no al pool mayorista, nos aproxima al resto de países y protegerá a los consumidores de la volatilidad.
Pero la producción de electricidad supone una mínima parte del consumo de energía. La mayor parte es en movilidad, y España va muy retrasada, tanto en ventas de coches eléctricos como en puntos de recarga. 2023 empieza con datos ilusionantes, pero necesitamos recuperar el tiempo perdido. En edificación, el óptimo en la mayor parte de España es la aerotermia, que sustituya a las calderas de gas y el autoconsumo.
El consumo de electricidad no ha parado de caer en el último lustro hasta niveles similares a los de 2003, hace 20 años. Si queremos que continúe la inversión en renovables, el desarrollo industrial y la creación de empleo, necesitamos electrificar España.
José Carlos Díez es profesor de Economía de la Universidad de Alcalá
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