El liberalismo avanza en el cambio de ciclo electoral y el intervencionismo cede
En el giro del voto tiene más peso la política que la economía y el 23 de julio esta seguirá eclipsada. Pero allí donde ha habido confrontación fiscal, la derecha se ha reforzado
El ciclo electoral ha cambiado. Tanto los resultados de las elecciones municipales como los de las autonómicas de ayer han despejado las dudas sobre el reparto del poder político en ayuntamientos y regiones hasta 2027, y todo indica que el giro político, mucho más intenso de lo vaticinado por los institutos demoscópicos, puede alcanzar también a las generales que el presidente Sánchez ha adelantado para el 23 de julio sin debate previo en la ejecutiva del PSOE.
Las motivaciones políticas han sido más determinantes que las económicas, y seguramente replicarán su peso a finales de julio, aunque no hay que despreciar el papel de éstas. El liberalismo económico ha consolidado el terreno autonómico que tenía y ha llevado más lejos sus fronteras, mientras que el intervencionismo ha sido muy castigado.
El giro del sufragio universal ha dejado algunos ganadores claros, y una larga lista de perdedores. Ha ganado el Partido Popular y su presidente, que se enfrentaba a las primeras elecciones nacionales; pero su victoria, con la que ha absorbido a un amortizado Ciudadanos, tiene trazas agridulces porque en unos cuantes ayuntamientos y regiones tendrá que contar con Vox (que también ha tenido un resultado cuantitativo y cualitativo muy firme), al igual que en un hipotético triunfo en las generales. Una situación en principio tan incómoda para Núñez Feijóo como lo era para Sánchez a la hora de conciliar el sueño con Podemos hace cuatro años, y en el que el nivel de insomnio dependerá del grado de exigencia de los compañeros de cama.
Ha perdido el Partido Socialista, y ha perdido muy particularmente el jefe del Gobierno, que con sus arriesgadas y divisivas decisiones políticas ha reducido notablemente las posibilidades de muchos alcaldes y presidentes de regiones que tenían verdaderas opciones de revalidar sus cargos. Y ahora deberá comprobar si se han limitado también las suyas para seguir en el cargo en momento tan principal como liderar la Unión Europea.
Han salvado los muebles Adrián Barbón en Asturias, María Chivite en Navarra con permiso de Bildu, y, por la mínima, Emiliano García Page en Castilla La Mancha, mientras el nuevo varapalo en Madrid (Comunidad y Ayuntamiento) no da ni para liderar la oposición. García Page ha sobrevivido por ser la figura más crítica con las decisiones políticas de Sánchez, sobre todo con sus pactos con independentistas.
Ha perdido Podemos, que no ha logrado rentabilizar su participación activa en el Gobierno nacional, donde abanderaba las decisiones más activas de política económica y social, pero donde enredaba y contaminaba con el conflicto continuo las opciones de los socialistas. Y ha perdido, sin participar siquiera, la vicepresidenta Yolanda Díaz, pues varias de las formaciones políticas y los líderes que respaldaba (En Comú Poden, Compromis y en menor medida Más Madrid) han cedido terreno, y han dejado hoy más claro que ayer que su proyecto bien pudiera ser un tembloroso tinglado de dudoso futuro.
El panorama después de la batalla, y ante la certeza de que habrá elecciones generales en ocho semanas, es tan esperanzador para la derecha como preocupante para la izquierda. La derecha no ha tenido nunca, ni siquiera en 2011, tanto poder autonómico, con las mayorías absolutas en Galicia, Andalucía y la reforzada en Madrid, a las que suma el poder con el permiso de la derecha radical de Vox desde ahora en Valencia, Aragón, Rioja, Cantabria, Baleares y Extremadura, además de Murcia y Castilla y León. El Partido Popular gestionará el 70% largo del presupuesto autonómico, así como de los mayores ayuntamientos del país, muchos de los cuales ha arrebatado contra pronóstico al PSOE: Sevilla, Valladolid, Valencia, etc.
Aunque la motivación política ha tenido un peso más determinante en el giro electoral, las económicas no deben ser despreciadas en los resultados recientes y en los que están a punto de llegar. Lo lógico en los próximos meses es el avance de los conceptos liberales en las decisiones de política económica, sobre todo por el éxito proporcionado en la reválida electoral al PP en Andalucía hace unos meses y en Madrid o en Murcia ahora, y que explotarán en las primeras decisiones los gobernantes recién llegados para exprimir sus opciones a cortísimo plazo.
En todo caso, cuando el votante mete los sobres en la ranura de la urna toma en más consideración lo hecho que las promesas. Y ese proceder ha sido el que ha empujado a cotas muy elevadas de respaldo a quien con más vehemencia ha defendido y aplicado rebajas de impuestos, eliminación de burocracia, libertad para los negocios, el comercio y la prestación de servicios, competencia creciente o incentivos a la inversión y el emprendimiento. Y especialmente a quien con más visceralidad ha contrapuesto tales decisiones a las del Gobierno de Sánchez, cuajadas de intervencionismo muchas veces, y motivadas por la convicción del propio presidente del Gobierno o por la imposición de Podemos: pongamos que hablo de Madrid.
Las apuestas autonómicas de los últimos meses han tratado de paliar los efectos de la inflación, con deflactaciones parciales del IRPF o subvenciones monetarias coyunturales. Pero allí donde las decisiones económicas rezumaban intervencionismo, como la legislación sobre vivienda aplicada al extremo en algunas regiones y ayuntamientos, y donde los impuestos marcan tipos más elevados, el votante ha pasado la correspondiente factura: Valencia, con el IRPF más elevado y la deuda más alta; Cantabria, Extremadura y Rioja, con el IRPF autonómico más severo en las rentas medias y altas.
El desempeño de la economía, en el que el Gobierno tenía mucha fe electoral, no ha proporcionado el rédito esperado, y veremos cómo funciona en julio, que podría quedar de nuevo eclipsado. Seguramente porque la sensación que tienen los administrados es bien diferente a la del administrador, con una presión muy elevada de los precios y los tipos de interés sobre la renta de los hogares, un crecimiento del empleo más nominal que real, una riqueza aún por debajo de la de 2019, y unas decisiones fiscales (tanto de impuestos como de reparto de gasto) ideológicas y discriminatorias, cuando no burdamente electoralistas.
Sánchez ha encajado el golpe y apremia a sus peleados socios a dar un paso al frente como única opción de frenar el oleaje electoral en su contra. ¿Echará del Gobierno a Podemos, marcando un súbito e impostado centrismo en solo ocho semanas? ¿Se irán ellos solos? ¿Llegará a una entente cordiale la izquierda de la izquierda? ¿Ensanchará la base electoral el PP? Paciencia: ocho semanas.
Jose Antonio Vega es periodista
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