Una factura verde asumible para la automoción
La alternativa a la normativa Euro 7 para los vehículos diésel no es la inacción, sino una mejora y racionalización de su contenido
Aunque el compromiso europeo para avanzar hacia una economía limpia y digitalizada afecta a todos los sectores de la economía, la agenda supone un desafío sustancialmente mayor para unos que para otros. Entre los más afectados figura la industria de la automoción, que no solo está inmersa en la carrera por el desarrollo del vehículo eléctrico y concentrada en la prohibición de vender vehículos de combustión a partir de 2035, sino que afronta también las exigencias de la normativa Euro 7, que entrará en vigor a mediados de 2025 y recaerá sobre los vehículos diésel.
La patronal europea, que rechaza contundentemente la actual redacción de la norma, ha advertido que su aplicación encarecerá el precio de los vehículos, con un incremento medio de unos 2.000 euros. Otros cálculos afinan un poco más y cifran la subida en una media de 2.629 euros para los turismos diésel y de 1.862 euros para los de gasolina. Vehículos muy populares en el mercado español, como el Seat Ibiza o el Opel Corsa, acusarían, según estos análisis, una subida más que notable y lo harían en un entorno poco propicio para el consumo, tanto por el endurecimiento del acceso a la financiación como por la presión de la inflación.
Es difícil calibrar la exactitud de los presagios que manejan las empresas sobre el efecto de la Euro 7 en la industria de la automoción. El presidente de la patronal europea y CEO de Renault, Luca de Meo, advertía hace unos meses del posible cierre de fábricas en Europa si esa regulación se aprueba tal y como está redactada actualmente. La patronal adelanta otra consecuencia: la caída de las compras de vehículos nuevos en Europa y el efecto que ello tendrá sobre la tasa de renovación del parque actual. La patronal argumenta, y no le falta razón, que si el objetivo de la Euro 7 es disminuir las emisiones de los turismos, el camino no puede ser tensionar el mercado y forzar los precios hasta convertir el automóvil en una suerte de bien de lujo cuya compra haya que postergar.
La alternativa a la regulación Euro 7 no debe ser la inacción, sino una mejora y racionalización de su contenido para minimizar los efectos adversos sobre el mercado. Más allá de lo exactos o no que puedan resultar los cálculos sobre los incrementos de precio, es evidente que la aplicación de toda regulación sectorial tiene un coste económico y que la clave de la eficacia de una norma está directamente relacionada con la proporcionalidad de la factura.
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