La transición energética y el nuevo intervencionismo alemán
Berlín pretende liderar el cambio de ciclo productivo en la UE, aunque suponga cambiar la concepción del rol del Estado
El tratado bilateral firmado entre Francia y Alemania el pasado 22 de noviembre de 2022 dejó claro que la Unión Europea ha tomado nota por fin de su progresiva pérdida de competitividad como exportador neto de manufacturas de alto valor añadido, por lo que los Gobiernos de las dos economías comunitarias más desarrolladas se han comprometido a poner en marcha una serie de transformaciones radicales para relanzar la industria europea. La última parte del comunicado pone en valor el apoyo estatal a la industrialización verde, que con el tiempo debe garantizar la independencia energética e industrial de los países firmantes.
Si bien Francia ha tenido siempre la cuestión de la autonomía energética muy presente – lo que se explica, entre otras cosas, por la masiva inversión en energía nuclear o el alto grado de intervención estatal durante la segunda mitad del siglo XX–, Alemania ha sido históricamente más reticente a implementar ambiciosos planes de industrialización o suficiencia energética, ni siquiera después de la reunificación en 1990, cuando heredó una ventajosa relación comercial con la Rusia pos-soviética que le garantizó el acceso a materias primas y combustible en condiciones verdaderamente ventajosas.
Aunque conocemos las razones que han provocado este golpe de timón –como la pérdida de competitividad pos-2008 o el deterioro de las relaciones con Rusia–, es probable que la promulgación de la Inflation Reduction Act en EE UU haya tenido mucho que ver con ello, ya que intenta corregir el problema desde la raíz, convirtiendo al Estado en un agente dinámico de la economía que dirige la política industrial allá donde esta se pueda implementar de una forma más eficiente y rentable en el largo plazo.
Si uno se fija en el comportamiento del Gobierno alemán en el último año y medio observará un claro cambio en el mensaje institucional, que ha pasado de un pragmatismo conservador a adoptar un rol activo en el seno de la UE, mostrando a una Alemania que, consciente de sus debilidades, tiene la intención de ocupar un papel central en la construcción del nuevo marco económico e industrial comunitario.
Pero, más allá de las palabras, ¿en qué consiste este cambio? Se centra en dos ejes altamente correlacionados: la independencia energética y la transición de la industria nacional hacia la autosuficiencia para reducir los costes de producción al mínimo. La consecución del primer punto se tornó prioritaria una vez estalló la guerra en Ucrania, lo que llevó al Gobierno alemán a reducir drásticamente sus importaciones de gas ruso a lo largo de 2022 culminando en un tope al precio del gas a partir del 1 de marzo del presente año para así proteger a consumidores y pequeños productores.
Las nuevas estimaciones predicen una reducción sustancial de la contribución del gas a la inflación, así como sitúan a la misma por debajo de las estimaciones de las pasadas navidades, realizadas antes del anuncio del tope al gas. Aunque en España esta medida se ha aplicado desde bastante antes gracias a la excepción ibérica, el hecho de que este tipo de regulaciones hayan entrado en juego en un país tan reticente a hacerlo como Alemania es indicativo de que algo está cambiando. Además, las pymes han recibido ayudas para cubrir los crecientes costes de la energía empleada en su proceso productivo.
Sin embargo, lo verdaderamente relevante es el reciente plan estatal de inversión masiva para promover la transición energética de su industria nacional en las siguientes décadas. Según lo analizado de los primeros informes, el Gobierno alemán pretende alcanzar la autonomía energética para finales de la década de los 2030 financiando la electrificación de la industria pesada y la progresiva descarbonización a través de subsidios e incentivos fiscales. Esto vendrá acompañado de una serie de medidas para reducir al máximo la dependencia del gas por parte de los hogares, especialmente el consumo de calefacción durante los duros inviernos germanos. Dentro del mismo plan, los pasos posteriores serían garantizar una transición total al hidrógeno verde para el año 2037, que aseguraría la independencia industrial y crearía las condiciones para continuar siendo competitivos a escala global. Ejemplo de esto es la Estrategia Nacional del Hidrógeno, donde se deslizan las líneas maestras de un plan que tiene visos de resistir un eventual cambio de Gobierno en las siguientes elecciones.
Evidentemente, todo esto tiene una alta relación con los eventos actuales y especialmente con el conflicto bélico en Ucrania, pero supone un punto de inflexión al histórico conservadurismo económico alemán. Si bien la industria germana goza de unos altos niveles de competitividad y la economía nacional apenas ha sentido los efectos de los eventos recientes en términos de productividad y desempleo, la crisis ha evidenciado la vulnerabilidad geopolítica del país en un mundo multipolar. En otras palabras, el modelo productivo actual ha comenzado a mostrar síntomas de agotamiento a través del alza de los costes de producción (alta inflación y bottlenecks en 2021-22) y el Gobierno alemán está decidido a confrontar los hechos de forma directa pilotando la transición desde arriba.
Existe por tanto un consenso más o menos generalizado entre la clase política (excluyendo, quizá, a la ultraderechista AfD) acerca de la necesidad de integrar a los agentes privados en la transición verde, desafiando la histórica concepción ordoliberal del Estado y flexibilizando los objetivos de déficit, al menos en el ámbito energético. En un país tan poco amigo de los cambios radicales en política y economía, cuyas instituciones se han aferrado al pragmatismo conservador, esto es prácticamente un golpe sobre la mesa y a su vez una declaración de intenciones en términos comunitarios: Alemania pretende liderar el cambio de ciclo productivo europeo durante las próximas décadas, incluso cambiando su propia concepción sobre el rol del Estado si es necesario.
Miguel Ángel Ortiz-Serrano es profesor de Historia de la Empresa en Cunef
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