Los restos del naufragio de Credit Suisse se esparcen por Suiza
Puede que la solución helvética a la crisis haya evitado un desastre a corto plazo, pero a la larga habrá que ver cuáles son las consecuencias
La intervención del Gobierno suizo para salvar a Credit Suisse del naufragio el mes pasado puede que haya evitado una tormenta en los mercados financieros. Pero la solución que ha dado Suiza a su última crisis bancaria, mediante la venta del banco por 3.000 millones de dólares a su vecino y rival UBS, provoca igualmente quebraderos de cabeza a la nación alpina.
Las primeras empresas que se verán afectadas son las pymes de Suiza, que a menudo están volcadas en la exportación y tienden a dar servicio a empresas de ámbito mundial. Las grandes corporaciones con sede en Suiza como Nestlé (358.000 millones de dólares), Novartis (227.000 millones) o ABB (69.000 millones) podrán escoger entre muchos bancos de inversión globales dispuestos a ocupar el puesto de Credit Suisse cuando este abandone la escena. Pero las empre sas más pequeñas no tienen tantas opciones.
La versión ampliada de UBS, que se prevé que tendrá un patrimonio cuyo valor doblará el PIB de Suiza, tendrá una cuota de nada menos que el 41% de los préstamos facilitados a empresas con plantillas de 10 a 49 empleados, según el análisis de Breakingviews de datos del Banco Nacional de Suiza (BNS) de enero de 2023 excluidas las hipotecas. Tendrá además el 39% de los préstamos a empresas con plantillas de 50 a 249 empleados. Estas cifras hay que compararlas con el 34% y 36%, respectivamente, de los préstamos agregados facilitados a estos segmentos empresariales por los competidores más inmediatos del nuevo megabanco: el conjunto de los 20 bancos cantonales de Suiza.
Por regla general, cuanto menor sea la competencia más caros serán los préstamos, o peor será el servicio. Los bancos suizos de ámbito nacional puede que no sean capaces de ofrecer productos bancarios complejos como financiación de las exportaciones, préstamos sindicados o emisión de deuda. Esto podría impulsar a empresas más pequeñas a operar con grandes bancos de inversión extranjeros. Estos bancos, a su vez, podrían estar menos dispuestos a hacer negocios con empresas alpinas más pequeñas y que entrañen un mayor riesgo en potencia.
Es más, los límites para prestar a una contraparte individual podrían restringir la disponibilidad de créditos a pequeñas empresas, según declararon a Breakingviews varios empresarios, economistas y legisladores suizos en Zúrich y Berna.
La falta de una competencia adecuada podría acabar haciendo mella en la capacidad de las empresas suizas para competir con sus rivales a escala internacional. Esto podría suponer un problema para Suiza, que durante años ha ocupado los puestos más altos en cuanto a competitividad anual del Foro Económico Mundial y la IMD.
La cuestión de la ‘troika’ suiza
El rescate de Credit Suisse tiene otras consecuencias. A la mayoría de los contribuyentes suizos y a muchos economistas locales les desagrada la manera en que la troika suiza —formada por el Gobierno, el BNS y el órgano de supervisión, Finma— ha gestionado la crisis, sobre todo si se tiene en cuenta los aproximadamente 10.000 empleos del sector bancario que corren peligro. La Asociación de la Banca Suiza ha pedido una investigación independiente, y los legisladores desaconsejaron simbólicamente el rescate de Credit Suisse el 12 de abril. “El mundo político suizo tiene la impresión… de que la supervisión de Credit Suisse no se ha llevado a cabo de una manera suficientemente efectiva”, comentaba a Breakingviews el político liberal Olivier Feller durante una sesión parlamentaria de emergencia para debatir el rescate estatal en Berna.
En la política suiza apenas se producen enfrentamientos. Pero teniendo en cuenta las elecciones federales previstas para octubre, es probable que la crisis bancaria se mantenga en lo alto de la agenda política. Políticos de los grandes partidos del país han exigido medidas más rigurosas, incluidos ratios de capital bancario más fuertes para los bancos suizos de mayor tamaño, que se termine con las bonificaciones excesivas e incluso la separación de las ramas de banca de inversión y banca minorista.
El sistema de democracia directa de Suiza significa que los ciudadanos pueden hacer propuestas legislativas si los políticos no abordan la cuestión. Fue lo que ocurrió en 2013 con la iniciativa Minder, que dio a los accionistas voz sobre las remuneraciones, aunque los votantes rechazaron un plan para limitar las bonificaciones a 12 veces lo que gana el empleado que menos remuneración recibe.
Una de las cuestiones clave es si los reguladores locales son aptos para esta finalidad. En abril de 2019, Finma proclamó que sus diez primeros años de supervisión del mercado financiero suizo habían sido un éxito, aun cuando las semillas de escándalos como los de Archegos y Greensill, los cuales habrían de sacudir a Credit Suisse, ya se habían plantado.
Algunos detractores piensan que en Finma se durmieron al volante: “Sabían desde hace mucho tiempo que algunas cosas marchaban de mala manera”, afirma el profesor de banca y exfuncionario del Banco Nacional de Suiza (BNS), Urs Birchler. Observadores más comprensivos proponen darle a la autoridad supervisora la capacidad de aplicar grandes multas, al estilo estadounidense, y conseguir más personal para sus investigaciones. Un grupo más pequeño señala con el dedo a la gran vaca sagrada suiza, el BNS, y asegura que tendría que haber intervenido el pasado octubre cuando empezaron a producirse grandes salidas de capital en Credit Suisse ofreciendo una liquidez ilimitada: “Nadie se atreve a mentar al BNS”, afirmaba un veterano banquero suizo a Breakingviews.
Críticas como estas, inusuales en Suiza incluso en privado, plantean la cuestión de si la presidenta de Finma, Marlene Amstad, o incluso el presidente del Consejo de Gobierno del BNS, Thomas Jordan, quien ya formaba parte del consejo de gobierno del banco central cuando se produjo la crisis de UBS en 2008, deberían continuar. Un examen post mortem en condiciones de lo que propició este último desastre bancario del país proyectaría la imagen, tanto en el país como fuera de él, de que Suiza se toma en serio el impedir que se repita. Pero un cambio de la normativa y de los gestores dista mucho de estar garantizado.
Por último, la crisis podría colocar a Suiza en una posición más débil a la hora de combatir viejos fantasmas que retornan del pasado. Un informe del Comité Financiero del Senado descubrió el mes pasado que Credit Suisse había quebrantado un acuerdo de enjuiciamiento diferido de 2014 con las autoridades estadounidenses al seguir ayudando a estadounidenses ricos a evadir impuestos. La cuestión trae a la memoria la disputa fiscal de 2008-2009 con UBS, que obligó a Suiza a renunciar al secreto bancario que tanto valoraba. Los inversores de UBS antes no tenían por qué preocuparse del riesgo de litigio de su principal rival; ahora sí.
Es posible que la solución temporal que ha dado Suiza a los problemas de Credit Suisse haya evitado un desastre mayor en el corto plazo. Pero las repercusiones en el largo plazo serán cada vez más visibles.
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