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La Lupa
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Paro, vivienda, despoblación, desequilibrio territorial y gasto público

Los Gobiernos pueden incentivar la movilidad laboral hacia zonas con empleo y casas asequibles en vez de gastar en subsidios y más pisos

Pedro Sanchez Congreso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 19 de abril de 2023, en Madrid (España).Eduardo Parra (Europa Press)

¿Tiene sentido que el Gobierno anuncie la construcción de 50.000 viviendas sociales y la oposición muchas más viviendas en un país con 3,4 millones de casas vacías? ¿Tiene sentido buscar trabajadores en Marruecos para recoger la fresa en Huelva, la segunda provincia con más paro de España (22%) y vecina de la líder, Cádiz (25%)? ¿Tiene sentido seguir favoreciendo a las grandes ciudades, mientras regiones enteras se desangran con la despoblación?

Son preguntas pertinentes en un país con un déficit público por encima del 4% del PIB de media en los últimos 40 años, en los que tan solo hubo superávit en los tres años de mayor burbuja inmobiliaria (2005-2007), lo que ha provocado que se acumule una deuda pública de más de 1,5 billones de euros (113% del PIB). Si no tienes las preguntas, cómo vas a buscar las respuestas. Cada día resulta más urgente que se tomen decisiones no solo desde el lado de los ingresos, sino con el objetivo de afrontar los grandes retos de país de manera eficaz y eficiente.

Esas son las ventajas que ofrece el riego a goteo, con el que no se desaprovecha ni una gota de agua, pero de entrada requiere una importante inversión en instalación, que luego se recupera. Esto es lo que necesita el Estado español, una profunda reforma estructural que cambie los esquemas tradicionales y permita actuar al detalle en las políticas de gasto, en lugar de realizar continuos parches motivados por impulsos electorales.

Se ha podido ver de manera muy elocuente con las decisiones en materia de vivienda en las últimas semanas. El lunes de Pascua amaneció con la encuesta de 40dB para El País y la SER sobre intención de voto y las preocupaciones de los españoles, donde afloraba la vivienda como principal dolor de cabeza. Enseguida vino el ardid de las 50.000 viviendas sociales de la Sareb (que no convencen ni al presidente socialista de Castilla-La Mancha) y luego la línea ICO de 4.000 millones para construir 43.000 viviendas sociales. Es esa espuma marrón que flota en el río de las elecciones, la misma que generó Isabel Díaz Ayuso en 2019, cuando anunció que iba a construir 25.000 viviendas públicas para alquilar a menores de 35 años, de las que 15.000 se habrían entregado ya, a los cuatro años. Ahora dicen que aquel Plan VIVE Madrid terminará este año habiendo entregado 1.031 viviendas.

El drama de la política española, da igual que esté el PSOE o el PP en el Gobierno, solos o coaligados, está en que las urgencias electorales impiden afrontar las verdaderas grandes transformaciones. La urgencia del tweet no encaja con los plazos necesarios para afrontar los problemas estructurales que arrastra este país desde hace décadas.

Los 140.000 millones que vienen de Europa, la mitad gratis y la otra subvencionada, era la gran oportunidad de afrontar los graves desequilibrios territoriales que tiene España, un país con regiones con problemáticas muy diferentes, y en el que, sin embargo, desde el Gobierno central se receta la misma medicina y con bajo control de efectos secundarios.

El mayor problema de Castilla y León es la despoblación, mientras que a Madrid se le rompen las costuras cada día por su éxito atrayendo a gente de toda España, tanto que Guadalajara capital es ya medio ciudad dormitorio de Madrid. Lo mismo sucede con el paro, el principal problema de Andalucía, una región que terminó 2022 con una tasa de desempleo del 19%, o La Rioja, que está en el 8,6% y con serios problemas para encontrar trabajadores en muchas profesiones, y no solo para empleos manuales. Otro tanto pasa con la vivienda, el censo de 2011, que es la última estadística disponible (se elabora cada diez años y los datos del 2021 los hacen públicos en junio de este año) pinta un país con 3,44 millones de viviendas vacías, al margen de los 18 millones de hogares principales y 3,68 millones de segundas residencias.

Por tanto, un Gobierno con una visión de conjunto y con interés por corregir los desequilibrios llegaría a la conclusión de que hay un enorme margen de maniobra para actuar moviendo piezas dentro de ese puzzle diverso llamado España. La cuestión es cómo aplicar los incentivos económicos para corregir esos desequilibrios, puesto que España no es Rusia, que te envía a la guerra porque lo dice el gran líder.

Se da la circunstancia de que las regiones con menos paro son las que se han visto más afectadas por la despoblación, como es el caso de Castilla y León o Aragón. Provincias que son epicentro de la España despoblada, como Soria, Segovia, Burgos, León, Palencia, Lugo, Huesca y Teruel están en tasas de paro de entre el 7% y el 10%. Castilla y León es la comunidad que más población ha perdido en este siglo, con 105.000 habitantes menos (-4,2%), aunque en porcentaje la peor tarjeta la presenta Asturias, con un descenso del 6,7%. Al tiempo, el censo de viviendas vacías muestra a Castilla y León con 258.000, una cifra muy parecida a Madrid (263.000), pero a contar con un tercio de su población.

Por tanto, quizás fuera bueno que los Gobiernos centrales y autonómicos, los que hay y los que vengan, se hagan en su primer mes de mandato las preguntas adecuadas, antes de que les lleguen las urgencias de las urnas. La dinámica de la mitad norte del país no tiene mucho que ver con la mitad sur, con la suerte de que una zona puede ser la respuesta de la otra, como ya lo fue en otras épocas, pero quizás al revés. Igual tiene sentido incentivar económicamente el traslado o el retorno de gente joven desde Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, etc, a las provincias limítrofes donde hay oportunidades laborales y vivienda y un coste de vida más bajo.

Merece la pena que los Gobiernos hagan un análisis profundo de todas las variables y orienten el gasto público para reequilibrar el territorio dando oportunidades reales a las personas, que deben poder elegir voluntariamente. No parece que tenga sentido insistir en fomentar el inmovilismo, cuando nadie quiere una vida subvencionada. Todos preferimos un trabajo para realizarnos profesionalmente y construir una vida personal plena.

Aurelio Medel es doctor en Ciencias de la Información. Profesor de la Universidad Complutense

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