Soraya Sáenz de Santamaría ha reprochado al PSOE que en su mandato asegurara que el 25% de los parados cometía fraude. Sin embargo lo que dijeron entonces los socialistas es que una cuarta parte de los 235.000 parados investigados cometía irregularidades, y no del total.
Una batalla con beneficios para todos.
El 93% de los contratos firmados en España son de carácter temporal Empleo sospecha que se encadenan contratos de forma irregular
Sáenz de Santamaría incluye dentro de los casos de fraude el mero hecho de no sellar el paro El Gobierno endurecerá las sanciones contra aquellos que trabajan y, al mismo tiempo, cobran la prestación
El Servicio Público de Empleo solo coloca al 2% de los desempleados El Ejecutivo gasta 3.800 millones al año en políticas activas de empleo
Férreo control contra el fraude en el empleo.
Tanto CC OO como UGT han insistido en que la reforma laboral solo ha servido para acelerar la destrucción de empleo y la precariedad.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha defendido que el buzón de denuncias laborales tiene plena cobertura legal.
Las redes sociales han difundido hoy algunas denuncias presentadas en este buzón, entre las que había insultos y ataques al Gobierno y al PP En el Ministerio de Empleo recuerdan que las denuncias no son solo contra parados que cobran irregularmente la prestación sino también cotra empresarios
El Plan Antifraude supone un ahorro de 3.160 millones a las arcas públicas Suben un 30% las sanciones a empresarios por colaborar con el cobro indebido del seguro de paro
Báñez avanza que los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de julio serán favorables El plan antifraude ha logrado aflorar 130.747 empleos y desmantelar 3.523 empresas ficticias
Operación Manzanares 181 detenidos por fraude a la Seguridad Social.
La mayoría de los detenidos son supuestos trabajadores dados de alta con la finalidad de obtener prestaciones públicas o acceder a autorizaciones de residencia.
El Ejecutivo liquidó el año pasado más de 137,44 millones en expedientes derivados de actuaciones inspectoras tras detectarse diferencias de cotización.
Los defraudadores creaban empresas ficticias en Cataluña para tramitar el alta de falsos trabajadores y poder cobrar después el seguro de paro Algunos empleados pagaron por ser contratados para participar en la trama
El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero es el principal imputado en la causa Atiende a la Fiscalía Anticorrupción
