¿Cuántos falsos parados ha descubierto en realidad el Gobierno?
Sáenz de Santamaría incluye dentro de los casos de fraude el mero hecho de no sellar el paro El Gobierno endurecerá las sanciones contra aquellos que trabajan y, al mismo tiempo, cobran la prestación
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo había detectado entre enero de 2012 y junio de 2013 “a 520.572 perceptores "indebidos" de prestaciones por desempleo. "Estoy hablando de personas que cobran prestación por desempleo y que, sin embargo, trabajan en b”, aclaró. Una cifra tan abultada ha generado incredulidad y fuentes del Ministerio de Empleo matizaron las declaraciones de Sáenz de Santamaría y reconocieron que dentro de esas 500.000 irregularidades se incluyen casos de desempleados que, por ejemplo, no renovaron su demanda de trabajo, no sellaron el paro o registraron incidencias de carácter administrativo que no pueden catalogarse como fraude.
De hecho, fuentes de Empleo señalaron que, en el primer semestre de este año, se retiró la prestación a 60.000 beneficiarios y, de éstos, solo 5.833 eran falsos parados, es decir, personas que cobraban la prestación al mismo tiempo que trabajaban. Las mismas fuentes aseguraron que de las 520.000 irregularidades, una 360.000 acarrearon una suspensión temporal de la prestación y, el resto, la retirada definitiva por una infracción grave.
En cualquier caso, el Ejecutivo mantiene que la lucha contra el fraude laboral ha permitido ingresar 6.152 millones en el último año y medio. En este sentido, se han realizado 35.761 inspecciones a empresas ficticias, lo que ha permitido recaudar 557 millones de euros.
El Ejecutivo confía en que los ingresos por los programas contra el fraude fiscal y laboral se mantengan en el futuro. Sáenz de Santamaría recordó que el Ejecutivo aprobó el año pasado una nueva ley contra el fraude fiscal que, entre otras medidas, obligó por primera vez a informar por los bienes situados en el extranjero. Más de 130.000 contribuyentes declararon propiedades, rentas y acciones en el exterior por 87.700 millones. Sin embargo, la Agencia Tributaria no ha aclarado qué parte de ese importe se encontraba oculto a los ojos de Hacienda pública.
La vicepresidenta del Gobierno también apuntó que la amnistía fiscal que puso en marcha el Gobierno el año anterior permitió descubrir un patrimonio por valor de 40.000 millones. El Ejecutivo defiende que ambas medidas permitirán “ensanchar las bases imponibles”y elevar los ingresos tributarios en el futuro.
A pesar de que la lucha contra el fraude fiscal es una prioridad, la Agencia Tributaria no ha quedado al margen de los recortes. El presupuesto de este organismo público cayó en 2012 y 2013. En 2014, por primera vez, sufrirá un leve incremento del 0,11% y la plantilla seguirá reduciéndose en la medida en que la tasa de reposición se mantiene en el 10%.
Más sanciones por rechazar un empleo
Uno de los objetivos que se marcó el Gobierno de Mariano Rajoy pasa por evitar que las personas que rechazan puestos de empleo puedan cobrar la prestación. Actualmente, la legislación considera una infracción grave que un empleado deseche una oferta laboral y lo sanciona con la suspensión de la prestación por tres meses. Si rechaza dos ofertas, se retira el cobro del paro durante seis meses y, a la tercera, la prestación se suspende de forma indefinida.
Sáenz de Santamaría aseguró el viernes que el Ministerio de Empleo presentará el próximo año una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) para “reforzar las medidas y las consecuencias” de rechazar ofertas de empleo a la par que se cobra el paro.
Los beneficiarios de prestaciones registrados a finales de junio de este año ascendían a 2,8 millones frente a los tres millones de enero de 2012. Esta cifra no refleja tanto una mejora del mercado laboral sino un incremento del número de personas que agotan el período máximo para cobrar el paro. En cualquier caso, para 2014, el Gobierno ha presupuestado 29.727 millones en la partida destinada a desempleo, un 10% más que en 2013.
El incremento tan significativo se explica, sobre todo, por los errores de previsión del Presupuesto vigente que refleja que el gasto público en desempleo ascenderá este año a 29.993 millones, un importe que se quedará muy por debajo de la realidad. De hecho, el Ejecutivo se vio obligado a aprobar un Real Decreto-ley que incrementa las dotaciones al desempleo en casi 4.100 millones este año. Economía prevé que la tasa de paro cierre este año en el 26,6% y baje ligeramente hasta el 25,9% en 2014.
