Báñez premiará a las regiones que más persigan el fraude en el paro
El Servicio Público de Empleo solo coloca al 2% de los desempleados El Ejecutivo gasta 3.800 millones al año en políticas activas de empleo
Los servicios regionales de empleo (comúnmente conocidos como oficinas del Inem) de cada comunidad autónoma –que son quienes tienen las competencias de intermediación laboral– apenas intervienen en el 2% de las colocaciones que se registran.
Ante esta falta de eficacia histórica, varios Gobiernos han anunciado reiteradamente su propósito de reformar el sistema de políticas activas de empleo y de intermediación laboral, al que se han destinado este año 3.800 millones de euros, tras experimentar un sustancial recorte desde los más de 7.000 millones de antes de la crisis. Pero no ha sido hasta ahora cuando el Ejecutivo ha decidido evaluar la eficacia de estas oficinas.
La primera medida para intentar hacer estas políticas más útiles ha sido vincular parte del dinero que reciben las comunidades autónomas para financiar las actividades de sus oficinas de empleo a la consecución de resultados. En 2013 ya se ha vinculado el 15% de este presupuesto al cumplimiento de determinados indicadores; y en 2014, se ligará el 40% de esta financiación. La clave radica en cómo mide el Ejecutivo la eficacia de las oficinas regionales de empleo.
El Ministerio que dirige Fátima Báñez ya estableció en 2012 una serie de indicadores muy generales para evaluar su efectividad. Si bien el Boletín Oficial del Estado (BOE) del martes pasado detalló mucho más los indicadores de eficiencia que regirán ahora el reparto de casi la mitad de la financiación de las políticas activas. Se trata de un complejo y extenso sistema de diez indicadores que a su vez se dividen en otros tantos.
Dentro de un primer grupo formado por cuatro indicadores, Empleo insta en mayor medida que el pasado año a combatir el fraude en la prestación por desempleo. Para ello “valorará el esfuerzo en la sanción de incumplimientos cuyo origen sea diferente a la no renovación de la demanda”, que es la causa más común por la que se suspende o retira la prestación.
El Gobierno justifica que “el número de sanciones que se imponen en la actualidad por estas causas –rechazar cursos, ofertas adecuadas, no personarse en las oficinas cuando se les requiere o no demostrar la búsqueda activa de empleo, entre otras– es muy inferior al que correspondería”. Si bien, también puntuará positivamente que las comunidades mantengan, como mínimo, las actuales sanciones por no renovar la demanda.
En esta evaluación a las comunidades se medirá igualmente cuántos jóvenes reciben atención de las oficinas de empleo en los cuatro meses siguientes a quedarse en paro o terminar sus estudios, y cuántos de ellos se colocan. También contabilizará este mismo éxito en la información y colocación de mayores de 55 años, parados de larga duración y perceptores del programa Prepara. Y se cifrará la satisfacción de los cursos formativos y la tasa de abandono de estos.
Un segundo grupo de indicadores, medirá los ratios de información, de tutorías individuales y de la gestión personalizada de itinerarios laborales. También cuantificará cuantas empresas eligen las oficinas públicas para tapar sus vacantes y se compararán las horas de formación por partícipe con años anteriores.
Los autónomos y colaborar con ETT darán puntos
Los indicadores que utilizará el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para medir la eficiencia de las políticas activas y el funcionamiento de las oficinas regionales de empleo medirán también su éxito a la hora de promover el emprendimiento entre los jóvenes. Asimismo tendrá en cuenta los resultados de la colaboración público-privada entre estas oficinas de empleo y las agencias privadas de colocación (ETT autorizadas en su mayoría) a la hora de aumentar las colocaciones de desempleados.
Así, contabilizará positivamente la existencia de un servicio u oficina específica de orientación al emprendimiento especializada en el asesoramiento y acompañamiento al nuevo emprendedor en los términos establecidos en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. En este punto, el Ministerio medirá también el ratio de nuevos autónomos en función de si han recibido o no estos servicios.
En cuanto a la colaboración público-privada, las comunidades que hayan iniciado algún programa o participación en algún acuerdo marco para la colaboración con agencias de colocación para la inserción de los desempleados de su región tendrán puntos positivos por ello en su evaluación general. Y esta puntuación valorará también la eficacia de esta colaboración. Esto es, cuantos parados han encontrado trabajo a través de ella.
Finalmente, el Ministerio de Empleo otorgará puntos positivos a las regiones en función del grado en el que éstas colaboren con el Estado. Y, en concreto, con el Servicio Público de Empleo estatal a través de los instrumentos establecidos para ello en los convenios de traspaso de competencias.
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