Editorial

Una batalla con beneficios para todos

El Gobierno ha decidido lanzar una ofensiva contra el fraude en el marco de las relaciones laborales. La Inspección de Trabajo centrará en 2014 buena parte de sus esfuerzos en detectar posibles irregularidades en la estructura de los contratos de trabajo, especialmente en la contratación temporal. Todos los efectivos de control del organismo, independientemente de lo realizado en otras áreas, se concentrarán en analizar la estructura contractual de las empresas y en comprobar si esta se corresponde o no con la realidad. Ello implica, entre otros extremos, averiguar si la compañía supera los límites de temporalidad que la ley establece para su actividad o si encadena de forma irregular los contratos temporales para evitar otorgar la condición de indefinido al trabajador.

El objetivo de Trabajo es doble. Por un lado, aumentar un 10% la cantidad de contratos revisados; por otro, mejorar el índice de eficacia. Los datos apuntan a que el número de contratos temporales transformados en indefinidos ha descendido sustancialmente en la primera parte del año. Se trata de una tendencia que no debería sorprender en tiempos de precariedad económica, pero ello no quiere decir que deba asumirse y mucho menos tolerarse. Precisamente es en épocas de crisis cuando el abuso de la temporalidad produce efectos más graves. Los produce sobre los trabajadores, que suman a la incertidumbre propia de las épocas de recesión la carga de verse periódicamente sometidos a la tensión de renovar sus contratos. Y los produce también sobre la economía familiar y nacional, dado que la precariedad laboral tiene un impacto directo –y nada desdeñable– sobre las decisiones de consumo.

El plan que prepara la Inspección de Trabajo tiene el acierto de no poner el punto de mira en la imposición de sanciones, sino en la conversión de los contratos temporales en indefinidos. La lucha contra el fraude laboral entre enero de 2012 y junio de 2013 se tradujo en una recaudación de 6.251 millones, frente a los 16.500 que reportó la batalla contra la elusión fiscal. Pese a que la obligación de reducir el déficit fiscal convierte en más que bienvenida cualquier forma de ingresos extraordinarios, los réditos de lograr reducir el abuso en la temporalidad y aumentar la contratación indefinida tienen mayor trascendencia para toda la economía. Con ello se evita también imponer cargas añadidas sobre un tejido empresarial que padece los rigores de la actual coyuntura económica. Una estrategia que pasa, en todo caso, por asumir que en materia de fraude –también laboral– los perjudicados no son solo los directamente afectados, ni siquiera las empresas sancionadas, sino el conjunto de la economía.

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