Editorial

Férreo control contra el fraude en el empleo

Las oficinas regionales de empleo ocupan un lugar propio dentro de la maraña de ineficiencias de las administraciones públicas. Pese a tener como función la intermediación en el mercado laboral, estos organismos autonómicos apenas intervienen en el 2% de las colocaciones registradas. Una escandalosa ineficacia que hace inevitable preguntarse cuál es el papel que desempeñan estas entidades en las políticas públicas de empleo y por qué se han seguido manteniendo en funcionamiento. Esta reflexión parece haber impulsado finalmente la decisión de someter estos organismos a una evaluación de resultados y, sobre todo, la de ligar esos resultados a la financiación que reciben.

La medida, que forma parte del Plan Anual de Política de Empleo de 2013, cobra todavía más sentido si se tiene en cuenta que los fondos destinados a las políticas activas de empleo y de intermediación laboral han experimentando un recorte sustancial desde los 7.000 millones de euros previos a la crisis hasta los 3.800 millones actuales. Esa rebaja hace aún más urgente la necesidad de optimizar esos fondos y administrarlos bajo criterios de eficiencia. Si en 2013 el 15% de ese presupuesto ha sido vinculado a la consecución de resultados, en 2014 el porcentaje ligado a objetivos alcanzará el 40%.

Entre las herramientas que utilizará el Ministerio de Empleo para evaluar el funcionamiento de las oficinas figuran aspectos diversos. Es el caso del número de jóvenes que son atendidos en estas entidades en los cuatro meses siguientes a quedarse en el paro o a terminar sus estudios, así como cuántos de ellos son colocados. Un criterio similar se aplicará respecto a otros grupos de desempleados: los mayores de 55 años, los parados de larga duración y los perceptores del PREPARA. A ello se sumarán otros datos objetivos, como los ratios de información, de tutorías individuales y de gestión personalizada de itinerarios laborales. El Gobierno cuantificará también cuántas empresas eligen las oficinas públicas de empleo para contratar trabajadores.

Sin embargo, el parámetro más importante de cara a medir la eficiencia de estas entidades será el aumento del control de las bolsas de fraude que se ocultan en la percepción de las prestaciones por desempleo. A partir de este año, el Ministerio de Empleo premiará a aquellas oficinas regionales que impongan mayor número de sanciones en aspectos directamente relacionados con esta cuestión:rechazar formación y ofertas adecuadas, no personarse en las oficinas o no demostrar la búsqueda activa de empleo. Un cambio que no sólo es necesario y beneficioso por razones presupuestarias, sino que también lo es por criterios de equidad y de justicia. Unos valores que cotizan al alza en una política tan sensible socialmente como la del empleo.

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