El ‘autorrescate’ de Popular, la norma que se volvió excepción
La entidad española es de las pocas donde las autoridades han seguido el manual de instrucciones para evitar una reproducción de los problemas de 2008 y 2009
Es difícil subestimar el impacto de una crisis bancaria. No solo en términos puramente financieros (coste directo) o económicos (pérdida de actividad durante años, y destrucción del tejido productivo difícilmente recuperable ), sino también en otros apartados que van desde la natalidad hasta el afloramiento de movimientos que pueden socavar las instituciones democráticas.
Limitándonos al apartado financiero, el FMI calculó el coste fiscal de la crisis financiera de 2008, derivada de la caída de Bear Stearns y Lehman Brothers, sumando varias tipologías de ayudas, garantías o rescates a cargo del contribuyente. El informe, de 2009, no incluye el impacto de la crisis bancaria posterior provocada por la desestabilización del euro. Tampoco el impacto indirecto (es decir, el derivado de la contracción económica), y aun así las cifras iban del 6% del PIB en la zona euro al 7,5% en Estados Unidos. En España el coste del rescate bancario se cifró en 60.000 millones de euros, es decir, también en el entorno del 6% del PIB.
Por más que la alternativa (dejar caer a los bancos de forma desordenada) sea peor, rescatar a las entidades con dinero público solo se puede digerir más una vez por generación. De ahí que después de la crisis de 2008 se fijara una arquitectura financiera para prevenir los rescates a coste del contribuyente (bail out) en favor de los autorrescates (bail in), donde pagan los acreedores e inversores. El problema es que el esquema no ha soportado ni siquiera el primer choque con la realidad.
La filosofía es sencilla; si el banco necesita un reequilibrio patrimonial en primer lugar deberá usar el capital propio. Después, en caso de que entrar en el supuesto de resolución, pueden absorber pérdidas los instrumentos híbridos y subordinados; después los bonos y, si aun así se precisa más capital, pagarían su peaje los depósitos no garantizados. Es lo que ocurrió con Banco Popular: una vez que la Junta Europea de Resolución intervino, la entidad consumió el capital que le quedaba y las acciones se amortizaron. Además, los tenedores de deuda híbrida (cocos) también perdieron su inversión.
No ha sido así en el caso de Credit Suisse: la entidad ha sido vendida a UBS sin consumir su capital y pagando un pellizco de 3.000 millones a los accionistas. Mientras, los inversores en cocos han visto su participación reducida a cero alterando, pues, el régimen existente al que se adhirieron las autoridades suizas. No es mucho más constructiva la experiencia con Silicon Valley Bank, donde EE UU garantizó los depósitos que no estaban respaldados por el FDIC, el fondo de garantía de depósitos, si bien esta garantía corre a cargo de otros bancos. Ello permite a las autoridades de Washington, como a las de Zúrich, eludir el temido término de rescate. Italia, por su parte, tuvo menos miramientos a la hora de trabajar con las autoridades europeas hasta cerrar un rescate (con dinero público) de Monte Paschi Siena, Veneto Banca y Popolare de Vicenza del que los bonistas salieron indemnes.
Estados Unidos y Suiza tienen motivos para tomar sus decisiones, si bien los argumentos para respaldarlas están, obviamente, construidos a posteriori. EE UU ha declarado sistémico al Silicon Valley Bank después de colapsar, precisamente porque como no estaba considerado sistémico tuvo vía libre para desarrollar una gestión cuando menos imprudente. Una situación que obedece a un cambio legal de 2018 que suavizó las exigencias regulatorias para bancos con activos de menos de 250.000 millones de dólares.
La resolución de Popular levantó innumerables ampollas y dio paso a una retahíla de procesos judiciales. Con todo, era el proceso pactado por las autoridades bancarias de todo el mundo y sobre el que basan su decisión inversores, banqueros y supervisores. Es lo que han recordado las autoridades europeas en público, ante la decisión suiza y, en privado, ante la estadounidense. “Sin embargo, lo que debería calmar las tensiones a corto plazo podría generar problemas a largo plazo. Al ofrecer la posibilidad de un rescate, las intervenciones del banco central para evitar una crisis financiera podrían animar a los bancos a ir más allá en la prolongación de los vencimientos de los activos financiados con pasivos a corto plazo”, explica el think tank Bruegel en un reciente artículo, en este caso en referencia a la garantía implícita aportada por EE UU.
Por su parte, en cuanto a los cocos, los analistas de crédito de Goldman Sachs ya han tomado nota. “El aumento de la incertidumbre puede llevarnos a rebajar la calificación de algunos instrumentos híbridos, aunque no hayamos rebajado la calificación del emisor. Los problemas [...] de Credit Suisse fueron específicos, pero seguimos vigilando a los bancos europeos”.
Los motivos de las autoridades suizas son diferentes, pero entendibles. La definición de sistémico de Silicon Valley Bank obedece al potencial impacto sobre el sector tecnológico y, sobre todo, al riesgo de contagio. En Suiza, el balance de Credit Suisse equivale al 69% del PIB del país, y la banca, el 6% del PIB. Los accionistas de Credit Suisse, por otro lado, eran los grandes bancos de Wall Street, el fondo público de Arabia Saudí y unos 90.000 inversores particulares para un país con 8,7 millones de habitantes, una proporción cinco veces superior a la del Popular en España –en clientes–, teniendo en cuenta la población. El zarpazo a los cocos ha levantado ampollas, pero solo en el sector financiero. Quedan por ver las consecuencias finales.
Son de sentido común las tres conclusiones de DBRS: “La complejidad de las situaciones de resolución que la realidad difiera de la planificación teórica. [...]La interpretación de la ley que hacen las autoridades nacionales puede ser diferente de lo que esperan los mercados. [...] El problema de las entidades demasiado grandes para quebrar sigue presente”. La respuesta a la crisis parece haber sido eficaz en el corto plazo, pero ha dejado dudas para el largo. Por dolorosa que fuera, la intervención del Popular no abrió la puerta a segundas lecturas.
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