Bruselas pone en jaque 2.000 millones de euros en comisiones de banca y seguros en España
La nueva estrategia de protección al minorista quiere topar el dinero que ingresan por vender fondos y productos de inversión
El sector financiero se la juega con la nueva estrategia de inversión minorista (RIS, por sus siglas en inglés) impulsada desde Bruselas. Esta normativa, que está aún en fase de tramitación, quiere limitar las comisiones que bancos y aseguradoras cobran a sus clientes por distribuir fondos y otros productos de inversión. El asunto es la primera prioridad en los departamentos de gestión de activos. En España, hay 2.000 millones de ingresos por comisiones en el aire.
La RIS quiere llegar mucho más lejos de donde llegó Mifid II, la anterior directiva sobre los mercados financieros. Desde la Comisión Europea consideran que se quedaron cortos y no lograron que el sector realizara cambios sustanciales en la forma de distribuir productos financieros.
El caballo de batalla de este nuevo paquete legal son los esquemas de remuneración cuando se venden fondos. Antes de Mifid II, los bancos se quedaban directamente con una parte de las comisiones de gestión de las firmas de inversión. Si vendían a un cliente un producto de JP Morgan o de Fidelity con una comisión final del 2% anual, la gestora del fondo se podía quedar la mitad de ese importe.
Con Mifid II se exigió que, para que el banco pudiera cobrar esas llamadas “comisiones de retrocesión”, tenía que aportar un valor añadido, en forma de un asesoramiento personalizado, un seguimiento de su situación inversora o una amplia oferta de fondos internacionales donde elegir.
Pese a todo, la sensación por parte de los reguladores es que la situación ha cambiado menos de lo que esperaban. Muchos bancos españoles han optado por generalizar entre sus clientes los llamados “contratos de gestión discrecional de carteras”, por los que les cobran una comisión explícita. Muy a menudo, esas carteras están trufadas con fondos de la gestora del propio banco. Además, para los clientes es más difícil comparar los rendimientos o costes de su cartera con los de otras entidades financieras, porque son acuerdos privados.
En el caso de las aseguradoras, la opacidad es mucho mayor. En la mayoría de los seguros unit-linked (unas de las pólizas de vida-ahorro más populares), el cliente no es consciente de que el producto acaba invirtiendo en un fondo de una gestora. Tampoco sabe que esa firma paga una comisión a la aseguradora por distribuir su fondo.
“En el caso de la venta de productos de ahorro e inversión por parte de aseguradoras, el cambio que se avecina va a ser sustancial”, apuntan desde la consultora especializada en el sector financiero FinReg 360.
Más foco en el asesoramiento
- Mifid II. La legislación vigente exige que para que se pueda cobrar un incentivo por distribuir un fondo se acredite que se ha dado un servicio de asesoramiento al cliente. Desde Bruselas, se considera que este tipo de servicios que han implementado los bancos son muy livianos y poco personalizados, por lo que con la nueva regulación van a exigir que se les aporte a los clientes mucho más valor añadido.
- Gama. Se va a exigir a las entidades financieras que busquen las gamas de productos más adecuadas para cada cliente. También que se busquen los productos más eficientes, que tengan una relación rentabilidad-coste más adecuada. Además, deberá tenerse en cuenta el objetivo inversor final del cliente, para que no se le incluyan fondos con un grado de sofisticación y coste innecesario para alcanzar esas metas.
- Análisis de costes. La regulación de la RIS también pretende introducir una plantilla estándar para informar de los costes y gastos. En muchos fondos de inversión y, sobre todo, en la inmensa mayoría de los productos de seguros de perfil financiero, los clientes no suelen ser conscientes de cuánto dinero están pagando.
Hasta ahora, la distribución de seguros se regía por su propia directiva, denominada IDD. Pero cuando entre en vigor la RIS, las pólizas con un perfil financiero tendrán que someterse a la nueva legislación. La patronal de las aseguradoras europeas ya ha pedido a la Comisión que revise el borrador porque podría afectar claramente a la venta de estos productos.
Valor añadido
Uno de los principios que quiere introducir la nueva normativa es el de value for money, que significa que los distribuidores de productos de inversión deben cobrar unas comisiones acordes con el valor añadido que están aportando al cliente. Ya no valdrá colocarles un fondo de inversión carísimo porque sí.
Cuando una gestora internacional lanza un fondo de inversión, registra múltiples variantes del mismo, en función de la comisión que aplican. A mayor dinero aportado al fondo, menores comisiones debería pagar el cliente.
Por ejemplo, el fondo de Nordea de deuda corporativa de mercados emergentes tiene como versión más barata una que cobra una comisión anual del 1,22%, mientras que en la versión más cara se llega a pagar un 2,29%. De acuerdo con muchas firmas de asesoramiento, es muy frecuente encontrar a clientes que podrían haber accedido a un nivel de comisiones bajo, pero que tienen la versión cara porque fue la que le colocaron en su banco.
La Comisión Europea llegó a plantearse prohibir por completo que las gestoras pudieran pagar a los bancos y distribuidores por vender sus fondos pero, tras la presión de la industria especialmente de la alemana, acabó por retirar el veto. Eso sí, desde Bruselas se ha dado un plazo de tres años al sector para que rebaje significativamente las comisiones que cobra. Si no, tomará medidas más expeditivas.
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