El biometano, a la espera de incentivos y un marco normativo que favorezca su desarrollo
España va a la cola frente a Europa, con solo una decena de plantas y una producción de 252 GWh. La avalancha de proyectos, el tamaño y la ubicación generan polémica


Hace frío –unos 10 grados–, pero los rayos de sol mitigan en parte la desapacible mañana de finales de noviembre. Estamos en el parque tecnológico de Valdemingómez, en la planta de tratamiento de biogás del Ayuntamiento de Madrid que gestiona PreZero, la división medioambiental del grupo alemán Schwarz, dueño de Lidl. El ruido es ensordecedor –los empleados utilizan cascos al recorrer el emplazamiento– y un olor acre, a basura descompuesta, penetra de pies a cabeza.
Esta instalación, de unos 4.000 metros cuadrados, produjo el año pasado 156,87 gigavatios hora (GWh) de biometano, según las estimaciones de la compañía que en 2021 adquirió el negocio de medioambiente de Ferrovial en España y Portugal por unos 1.300 millones. Aunque su capacidad total es de 180 anuales, señala su gestor, Carlos Cavadas, durante la visita. De hecho, es la cuarta de mayor capacidad en Europa, recoge la European Biogas Association. Genera energía a partir de los residuos orgánicos de Madrid –el biogás procede de las plantas de tratamiento de Las Dehesas y La Paloma, próximas a la instalación, y permite abastecer a 35.000 hogares o a 500 autobuses de la EMT durante todo el año.
La instalación que gestiona PreZero en Madrid abastece a 35.000 hogares y a la línea 1 de autobuses de la EMT
“Producimos el 72% del biometano generado en España, gracias a esta planta (50%) y a la de Can Mata en Barcelona, y estudiamos el desarrollo de unos 25 proyectos para generar un teravatio hora (TWh) adicional de este gas renovable”, apunta Gonzalo Cañete, CEO de la empresa, que facturó en 2024 cerca de 1.300 millones en España y Portugal y que cuenta con 15.500 empleados.
El biometano es una de las vías para sustituir el gas fósil en industrias, hogares y transporte, pero España está a la cola pese a ser el tercer país en potencia para su desarrollo, lamenta Cañete. “Solo cuenta con 15 plantas construidas, de las cuales apenas nueve inyectaron biometano a la red en 2023, frente a las 675 en Francia y las 254 en Alemania”, detalla.
Sedigas calcula el potencial español en 163 TWh anuales, lo que cubriría el 50% de la demanda de gas natural
La patronal Sedigas, que cifra 11 en operación y cuyas empresas se embarcan ahora en este negocio, calcula que la producción ronda los 252 GWh, dato de 2023, último disponible. Lejos de los mayores productores: Italia (3.392 GWh), Francia (2.164), Dinamarca (926), Reino Unido (634) y Países Bajos (511). Su potencial se estima en 163 TWh anuales, según la patronal, lo que permitiría cubrir el 50% de la demanda nacional de gas natural. En total, en Europa se contabilizan 1.510 plantas de producción de biometano, un 201% más que en 2022.
La Hoja de ruta del biogás en España, que en la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fija una meta de producción de 20 TWh para 2030, y el RePowerEU, donde se establece cuadruplicar su producción en la Unión Europea (35.000 millones de metros cúbicos) e incorporar al menos el 1% de biometano en las mezclas de gas en dicho año, impulsarán su avance, opinan en Sedigas. En Europa representa ya el 6,7% del consumo total de gas natural (22.100 millones de metros cúbicos), recoge la Asociación Europea del Biogás.

Trabas
Para Cañete, la falta de agilidad administrativa –los procesos se dilatan más de tres años hasta que se empieza a inyectar el gas en la red–, de incentivos o cuotas a la demanda –por ejemplo, el 20% del consumo final en Alemania– y la complejidad regulatoria de la gestión de digestato (un residuo sólido en forma de barro o masa resultante del proceso).
“En algunos países europeos es un subproducto que sirve como fertilizante orgánico, pero en España no pierde su condición de residuo, aunque haya pasado un proceso de digestión anaerobia. Esto supone un coste adicional al requerir una valorización posterior que lastra la viabilidad de los proyectos”, explica sobre el último punto. Y añade que en muchas iniciativas se plantea su aplicación directa al campo, pero puede ser viable o no según la comunidad autónoma porque los requerimientos cambian.
La falta de agilidad administrativa, de incentivos y cuotas al consumidor final y la compleja regulación del digestato lastran la inversiónGonzalo Cañete, CEO de PreZero
Desde Sedigas coinciden y piden un marco normativo “mucho más audaz y ambicioso” en cuanto a los objetivos de producción para universalizar su consumo en el ámbito doméstico, industrial, comercial y de transporte; que se reconozca el digestato como fertilizante y homogeneidad autonómica en la tramitación.
Hay otra dificultad. En algunas regiones, como Castilla-La Mancha o Murcia, esta tecnología comienza a generar rechazo social. “Preocupa el efecto llamada especulativo de construcción de grandes plantas en territorios donde no hay residuos cerca, que se transportarán en camiones desde otros lugares, lo que crea otro problema en vez de favorecer la economía circular y la descarbonización. Y que, salvo en contadas excepciones, los proyectos no tienen aún resuelto la gestión del digestato”, puntualiza Nacho Escartín Lasierra, portavoz de Ecologistas en Acción.
Escartín insiste en que algunas comunidades ven estas instalaciones como la solución a la contaminación por purines que genera la ganadería -”tenemos demasiada mierda, con perdón de la expresión”, dice-, cuando “es el ingrediente que menos metano genera por ser básicamente agua, frente a otros como restos forestales, de poda de olivos o sólidos urbanos”, afirma. “Esa masa resultante es tan dañina como el purín porque está llena de nitrato y amoniaco, que contaminan las aguas subterráneas. En muchos municipios no pueden beber el agua de grifo por este motivo”, recalca.
Desde Sedigas atribuyen a la falta de información y desconocimiento generalizado este conflicto. “Promovemos una comunicación abierta con las comunidades locales, explicando los beneficios que estas instalaciones aportan en términos de empleo, economía circular y descarbonización”.
Y apostillan que algunos sectores de la población perciben erróneamente estas instalaciones como potenciales fuentes de contaminación, malos olores o impactos negativos en su entorno. “En ocasiones, la vinculación de estas plantas con la gestión de residuos agroalimentarios genera dudas sobre su beneficio real”, subrayan. La patronal acaba de publicar un decálogo de compromiso de buenas prácticas. Hay otra cuestión, no menor, en España solo se recoge el 10% de la orgánica (el cubo marrón).
Transformación y perspectiva futura
Proceso. El biogás procedente de las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Las Dehesas y La Paloma, en Valdemingómez, se somete a un proceso de digestión anaerobia o de biometanización en la planta que gestiona PreZero. Esto es, se lava, se seca y se comprime –se realiza un upgrading en el argot técnico– para su inyección en la red nacional de transporte de gas natural. “Se eliminan el CO2 y otros elementos para que quede solo un 96% de metano”, explica Carlos Cavadas, gestor de la instalación. El complejo consta de una sala de control, un sistema de upgrading, de tratamiento de agua, de aire, un gasómetro y una antorcha. En 2021, la compañía invirtió siete millones en su ampliación, para lo cual recibió una ayuda de casi 700.000 euros de fondos europeos. La comercializadora Axpo es su principal cliente y abastece a toda la línea 1 de autobuses de la EMT. El contrato de explotación de dicha planta con el Ayuntamiento de Madrid vence en 2026.
Auge del negocio. El sector estima unas 685 instalaciones y una producción asociada de aproximadamente 29 TWh anuales en el futuro, a partir del interés mostrado para su conexión a las infraestructuras de transporte y distribución, señalan desde la patronal Sedigas.
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