Una iniciativa barata con la que dar un gran paso para los evaluadores de datos económicos
La combinación de datos del INE, Seguridad Social o Hacienda con los de educación o salud para crear cruces de información facilitaría mejores análisis
En las ciencias sociales, la realización de experimentos que conduzcan a conclusiones sobre relaciones de causalidad no siempre es factible, o al menos del mismo modo que en ciencias como la física, bioquímica o similares. La limitada capacidad para llevar a cabo experimentos controlados resalta la importancia de métodos alternativos, como los pseudo-experimentos o la utilización de situaciones eventuales que permitan aislar los efectos deseados y que suelen utilizarse en Economía.
Esto es en cierto modo falso, y me explico. La ciencia económica ha avanzado mucho en los últimos años en base a la realización de experimentos controlados. La Economía Experimental ha desarrollado un amplio conocimiento sobre cómo diseñar experimentos con los que, gracias a ello, hemos sido capaces de conocer cómo, en no pocas ocasiones, las personas tomamos las decisiones en contextos económicos. Sin embargo, a pesar de los avances en experimentos controlados en áreas específicas, como incentivos, políticas o mercados, aún existen desafíos para analizar ciertos fenómenos. Por ejemplo, comprender los efectos de una política sobre los precios de la vivienda o seguir de manera controlada a los afectados por una ayuda, evitando contaminaciones en sus reacciones, presenta dificultades y su traslado a un experimento controlado en una sala es difícil.
Es por ello por lo que la necesidad de contar con una gran cantidad de datos, provenientes de diversas fuentes, es fundamental para lograr evaluar comportamientos y políticas. Para ilustrar este punto, consideremos el deseo de entender el impacto del aumento del salario mínimo en una economía. Se requiere información detallada de la vida laboral de los afectados, para lo que tenemos, en nuestro país, una magnífica fuente de información: la Muestra Continua de Vidas Laborales. Pero si queremos evaluar un efecto amplio de la medida necesitamos conocer además cómo un aumento del SMI afecta a otras decisiones de los trabajadores, como es el caso de su consumo o gasto. Para ello sería interesante disponer de información sobre gastos, ingresos, estructura familiar y otros aspectos para analizar las supuestas consecuencias positivas en la demanda de aquellos empleados que conservan su trabajo y obtienen mayores ingresos. Necesito tener el perfil laboral del afectado, cómo cambia y cómo afecta a sus decisiones, y esto, por desgracia, rara vez se dispone en tiempo y forma, ya que las fuentes están parceladas y en general no es posible engazarlas como si de piezas de un puzzle se tratara.
Así pues, no solo el manejo de grandes cantidades de datos es crucial para llevar a cabo investigaciones efectivas en ciencias sociales, sino que estas fuentes nos permitan visualizar diversas facetas de la actividad de las personas o empresas. Es por ello por lo que la propuesta de colaboración entre organismos para combinar datos de afiliación, prestaciones, empresas e información impositiva, bajo ciertos protocolos y respaldada por instituciones solventes, podría facilitar la realización de estudios más completos y exhaustivos. Esta colaboración, de coste mínimo y de gran relevancia, representa una oportunidad valiosa para evaluar políticas de manera más integral que con las fuentes segregadas tradicionales. Es un típico caso de una iniciativa relativamente barata, de coste prácticamente cero, pero con potenciales beneficios abrumadores para la sociedad.
Esta iniciativa se construye sobre las bases de instituciones con una enorme experiencia en la creación, manejo y explotación de las principales fuentes de datos del país, así como colaboración previa entre ellas mismas. Dicha colaboración se amplía con este acuerdo no solo para crear fuentes estadísticas sino para ofrecer a los investigadores muestras y bases de datos resultantes de los cruces posibles entre las diferentes bases existentes. Esto se hará, sin duda alguna, garantizando la confidencialidad y privacidad de la información recopilada. El secreto estadístico, respaldado por leyes y procedimientos, asegura la imposibilidad de identificar a individuos en las bases de datos utilizadas para la investigación.
Debo insistir en que no debemos subestimar la importancia de esta cuestión. Hasta ahora, la experiencia es que los datos han sido tratados como una propiedad irrenunciable e intransferible por no pocas administraciones. Esta actitud, y persiste en cierta medida, resulta altamente ineficiente. No solo obstaculiza el desarrollo de estudios como los mencionados, sino que también genera costes innecesarios tanto para los ciudadanos como para la administración. El ahorro potencial al aprovechar masivamente esta información para la investigación y la gestión es significativo, y la administración debe dar este paso de manera definitiva. Los recientes acuerdos indican que hay líderes en altos cargos de nuestra administración central conscientes de esta necesidad, ya no solo de explotar conjuntamente la información, sino también de ofrecer.
Pero que el INE, el Ministerio de Economía, el de Hacienda, el SEPE o el Banco de España den este paso necesario para una adecuada evaluación de políticas, no solo debe ser el primero de otros muchos que escalen dentro en una cada vez mayor disponibilidad de información. Este acuerdo debe ser escalable, según plantean las propias instituciones que lo firman. Las comunidades autónomas poseen enormes bases de datos sobre educación y salud, mientras que los ayuntamientos cuentan con información relevante sobre actividad económica y población, entre otros. La combinación de datos del INE, Seguridad Social o Hacienda con los de educación o salud para crear cruces de información podría facilitar análisis poderosos sobre las consecuencias de diversas políticas. La capacidad para evaluar sería considerable. Por lo tanto, los diferentes centros generadores de datos deberían unirse a esta iniciativa, no solo a nivel interno dentro de cada entidad, sino también colaborando entre ellas.
Así pues, en las ciencias sociales, enfrentar fenómenos complejos como el impacto de políticas en los precios de la vivienda supone todo un desafío. La disponibilidad y conexión de datos provenientes de diversas fuentes se tornan cruciales, y el reciente acuerdo firmado representa un paso significativo hacia la mejora de las políticas basadas en evidencias. No obstante, para maximizar su impacto, es imperativo un proceso de expansión escalonada con la participación de todas las entidades generadoras de datos. Esto conllevaría a la formación de una red integral que facilite la evaluación efectiva de políticas en el ámbito de las ciencias sociales. La necesidad de derribar los muros que fragmentan aún buena parte de la información que la administración posee de nosotros es evidente. La creación de un repositorio seguro permitiría extraer muestras con las máximas garantías de confidencialidad, posibilitando el análisis de las consecuencias de las decisiones que tomamos. Que este ejemplo se propague sería, sin duda, una gran noticia.
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