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Una balanza fiscal al gusto de Cataluña dispararía su financiación en 20.000 millones

Hacienda publicará los datos para que cada región elabore su propia balanza. La falta de un criterio único aboca la medida a un nuevo enfrentamiento político

Saldo fiscal Cataluña
Belén Trincado Aznar

La batalla está en el relato y hace falta munición para poder construirlo. El acuerdo entre PSOE y Junts de la semana pasada, fraguado al calor de la negociación previa a la votación de tres importantes decretos, incluye el compromiso de Hacienda de publicar los datos necesarios para que las autonomías elaboren sus balanzas fiscales, una exigencia que venían reclamando los catalanes. Estos instrumentos, en esencia, permiten calcular territorialmente los ingresos y gastos públicos y, así, cuantificar el saldo de una región. Sin embargo, no hay una metodología única de cómputo. Cataluña, por ejemplo, cifra su déficit fiscal en 20.000 millones anuales, muy por encima de lo que en su momento dijo el Ministerio de Hacienda del PP.

La polémica, por lo tanto, parece estar servida. Que no haya un consenso académico para elaborar las balanzas fiscales, explican varios expertos consultados, es un problema en un contexto como el actual, en el que las diferentes sensibilidades políticas están tan enfrentadas.

El departamento que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, esgrime esta razón para explicar por qué difundirá tan solo los datos necesarios y no una balanza fiscal al uso: “Como no hay una metodología oficial se ha optado únicamente por publicar la información que necesitan las autonomías y los investigadores”, trasladan fuentes de Hacienda. Varios académicos consultados, sin embargo, lamentan la decisión, puesto que estos datos podrían servir de munición para reforzar las posiciones, a veces inamovibles, de unas y otras regiones.

El cálculo para elaborar estas herramientas es altamente complejo y difícil, explica Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y uno de los tres expertos que ideó la metodología de la última balanza fiscal publicada por Hacienda, en el año 2014.

Así, prosigue De la Fuente, en función de los datos que cada investigador elija y de la ponderación que tenga cada factor, la resolución final podrá ser una u otra, con “un sesgo y una interpretación muy marcados” que pueden dar lugar a una conclusión “fijada ya de antemano”. “Los supuestos desde el punto de vista metodológico son cruciales para sacar conclusiones, por lo que la sensibilidad política va a estar en máximos”, añade Diego Martínez López, profesor en la Universidad Pablo de Olavide e investigador en Fedea. Como en la popular serie literaria, cada cual puede elegir su propia aventura.

Por todo ello, en plena ofensiva económica de la Generalitat, en la que han saltado a la palestra temas como la deuda histórica o la infrafinanciación que denuncia el ala soberanista, es necesario contar con datos oficiales para poder armar los argumentos y presionar en las demandas. Otros expertos consultados temen, en paralelo, que la información pueda ser utilizada por otras regiones ricas como Madrid o Comunidad Valenciana con el objetivo de reclamar para sí más recursos.

Cataluña, que publica desde hace años una interpretación de su balanza fiscal, muestra a la perfección esta explosión de posibilidades. Según los datos, en el año 2021 –último disponible– la Generalitat registró un saldo fiscal negativo de casi 22.000 millones de euros. En 2014, el ejercicio en el que se pueden establecer comparaciones con Hacienda, el agujero habría sido de 16.500 millones. Ese año, según la metodología de De la Fuente que hizo suya el departamento del entonces ministro del ramo, Cristóbal Montoro, el déficit de Cataluña fue de casi 9.900 millones. Una brecha considerable.

Tras estas abultadas diferencias se encuentran los diferentes modelos de cálculo. En esencia hay dos. Uno, defendido por De la Fuente, Martínez López y otros académicos consultados, es el sistema de carga-beneficio. Se basa en que los ingresos se imputan en el territorio donde residen las personas que soportan la carga tributaria y los gastos se atribuyen a la región donde viven los beneficiarios de los servicios públicos. El otro es el sistema de flujo monetario, defendido por la Generalitat y otros expertos. En este, los ingresos tributarios se asignan donde se produce el hecho imponible y el gasto público se imputa solo al territorio donde se realiza el desembolso.

Hay muchos ejemplos que permiten aterrizar la discusión. Martínez López, para ponerlo fácil, utiliza el Museo del Prado, en Madrid, o la Base Aérea de Morón la Frontera, en Sevilla. La teoría del flujo monetario establecería que ese dinero se imputaría únicamente en el territorio en el que se gasta el dinero, es decir, en Madrid y en Andalucía. En este punto, explican los partidarios del modelo que secunda la Generalitat, la región central se beneficiaría más de lo habitual, entre otros asuntos, por el factor capitalidad. En el mismo ejemplo, sin embargo, el modelo carga-beneficio repartiría ese gasto entre todas las regiones, ya que todos los ciudadanos podrían visitar el museo y todos se beneficiarían del servicio de Defensa. Por eso, bajo este prisma, el déficit catalán se reduce.

El modelo elaborado en su momento por De la Fuente y publicado por Hacienda –bautizado como sistema de cuentas públicas territorializadas– se basa en el sistema de carga-beneficio puesto que, a su juicio, hay inversiones que no responden a la lógica territorial. “El sistema de flujo monetario es discutible y nada certero”, resume el académico. En el último informe de la Comisión de Estudio sobre la Deuda Histórica del Estado con Cataluña, un documento rubricado en noviembre por Junts y ERC y presentado en el Parlament, las dos formaciones señalan directamente a los trabajos de De la Fuente y critican su criterio.

Todo indica, por ello, que cuando Hacienda publique los datos volverá a haber interpretaciones diversas. El mayor riesgo, indica Martínez López, es que el debate acabe enturbiado “si algunos mezclan la cuestión de la redistribución personal con la de la redistribución territorial”, añade este experto, partidario de que la nivelación de la riqueza tenga en cuenta factores poblaciones y no de territorios. Por su parte, otros expertos consultados creen que al Gobierno central le interesa este previsible enfrentamiento entre regiones, sobre todo con una reforma del sistema de financiación en ciernes y con una condonación parcial de la deuda autonómica en proceso. “A río revuelto, ganancia de pescadores”, resumen.

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Sobre la firma

Pablo Sempere
Es redactor en la sección de Economía de CINCO DÍAS y EL PAÍS y está especializado en Hacienda. Escribe habitualmente de fiscalidad, finanzas públicas y financiación autonómica. Es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
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