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Junts arranca al PSOE una reforma de la ley que permitió la fuga de empresas de Cataluña a cambio de la abstención

La norma permitía que los traslados los decidiese el consejo de administración y no la junta de accionistas

Pleno del Congreso, reunido excepcionalmente en el Senado, que debate la convalidación de tres decretos del Gobierno con medidas para amortiguar la crisis.
Pleno del Congreso, reunido excepcionalmente en el Senado, que debate la convalidación de tres decretos del Gobierno con medidas para amortiguar la crisis.Samuel Sanchez

Junts ha arrancado este miércoles al PSOE una de sus mayores demandas en clave económica: la promoción de la vuelta de las empresas que abandonaron Cataluña a raíz del referéndum independentista de 2017. Y lo ha hecho al blindar, antes de una votación que se convirtió en agónica, una futura reforma de la ley de sociedades de capital. Esta normativa, que la formación liderada por Carles Puigdemont asegura que se cambiará, agilizó la fuga de las compañías al permitir que la decisión de la mudanza recayese exclusivamente en el consejo de administración de las organizaciones, y no en la junta de accionistas. A cambio, los soberanistas han dado luz verde a tres importantes decretos planteados por el Gobierno, pese a que uno de ellos haya caído finalmente por el voto en contra de Podemos.

En octubre de 2017, en plena crisis política entre el Estado y la Generalitat, el antiguo Gobierno de Mariano Rajoy impulsó un decreto que permitía que el cambio de sede social de grandes empresas, como CaixaBank, tuviese lugar con mucha más agilidad. En concreto, el departamento del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, modificó el texto original, en el que se fijaba que estos movimientos dependían de la decisión del conjunto de los accionistas, y dio mucho más poder al consejo de administración. De esta manera, el cambio de sede pasó a depender exclusivamente del máximo órgano de decisión de la empresa.

Junts ya había cargado previamente contra un decreto que permitió simplificar los trámites para cambiar el domicilio fiscal de una empresa. Y había reclamado reforzar los artículos 9 y 10 de la citada ley para revertir la situación desatada tras el referéndum.

Ese artículo 9, en su punto primero, señala que las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle “el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación”. En un segundo punto, la norma señala que las empresas cuyo principal establecimiento o explotación radique dentro del territorio español deberán tener su domicilio en España, sin distinguir por comunidades ni municipios, dado el principio de unidad nacional de mercado. Por su parte, el artículo 10 habla de la discordancia entre el domicilio registral y el real, pero solo para decir que si existe dicha discordancia se podrá considerar el domicilio de la empresa cualquiera de los dos.

Es decir, y a esperas de cómo se articule esta reforma, cabría interpretar que todas las empresas que cambiaron su domicilio pero dejaron “su principal establecimiento o explotación” en Cataluña tendrían que hacer el camino de vuelta. El acuerdo llega después de que, desde Junts, se hubiese puesto sobre la mesa la posibilidad de castigar a las empresas que no volvieran o de incentivar a las que sí lo hiciesen.

Junts, en un comunicado, asegura haber acordado con el PSOE su abstención en los decretos del Gobierno a cambio de medidas como esta, así como de establecer un tipo del 0% en el IVA del aceite o que la Administración Central costee la totalidad del descuento en el transporte, aunque sin precisar si en la Generalitat o en el conjunto de autonomías. Según han explicado desde la formación catalana, esta abstención se ha producido tras alcanzar con los socialistas un acuerdo en el que se incluye también la delegación integral de las competencias de inmigración en la Generalitat y la publicación inmediata de las balanzas fiscales. La formación independentista también ha pactado con el Gobierno la supresión del artículo 43bis de la ley de Enjuiciamiento Civil que, a su juicio, ponía en peligro la amnistía.

El partido que lidera Carles Puigdemont había anunciado su voto en contra de los tres decretos del Gobierno de coalición, pero sus diputados no llegaron a participar finalmente en la votación, lo que ha permitido que salieran adelante las medidas sobre Justicia y Función Pública que habían cuestionado y la prórroga parcial del escudo anticrisis. En la votación del escudo anticrisis, que tuvo que repetirse tras un empate, Junts se abstuvo.

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Sobre la firma

Pablo Sempere
Es redactor en la sección de Economía de CINCO DÍAS y EL PAÍS y está especializado en Hacienda. Escribe habitualmente de fiscalidad, finanzas públicas y financiación autonómica. Es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
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