La oposición de Ayuso cifra en 8.500 euros “la paga vitalicia” que la presidenta quiere aprobar para cuando deje el cargo
El Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea ha iniciado el proceso para aprobar un nuevo Estatuto de expresidentes
“Ayuso pretende ponerse a sí misma una paga vitalicia de 8.500 euros al mes cuando deje de ser presidenta en 2027″. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, que sustituye a Mónica García, ha denunciado este lunes la pretensión del Gobierno autonómico de activar la aprobación de un nuevo Estatuto de los expresidentes que supondría la inclusión de alguna medida compensatoria para los máximos dirigentes una vez que abandonasen el cargo.
“La presidenta que llamó ‘mantenidos subvencionados’ a los que acudían a las colas del hambre” ahora impulsa esta medida, ha insistido la representante del partido en la oposición, después de que durante el fin de semana se avivara la cuestión en las redes sociales. La queja gana actualidad pese a que el anuncio de contar con un nuevo estatuto por parte del grupo del PP en el Parlamento madrileño es del pasado 10 de noviembre, cuando registró una proposición de ley de medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid y que preveía la modificación de una quincena de normas de todo tipo.
En cuanto a lo que pudieran cobrar los ex altos cargos del Ejecutivo, dicho texto tan solo reflejaba lo siguiente: “Por Decreto del Consejo de Gobierno se regulará el estatuto que fuera aplicable a los Presidentes de la Comunidad de Madrid, y en su caso a los demás miembros del Consejo de Gobierno, tras su cese”. Fuentes de la Asamblea aclaran que no hay ninguna novedad sobre la tramitación.
Hace dos semanas, al presentar la proposición, el portavoz del Grupo Popular, Carlos Díaz-Pache, ya indicó que solo Madrid y Cantabria carecen de este tipo de normativa, después de que la también popular Cristina Cifuentes eliminase a finales de 2015 el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, un órgano al que pertenecían por derecho los expresidentes regionales y gracias a lo que cobraban en torno a 5.500 euros mensuales. Otras comunidades como Andalucía, Cataluña o Galicia contemplan indemnizaciones, cobro de un porcentaje elevado del sueldo durante cierto tiempo tras el cese o incluso despacho, ayudantes y chófer. También los expresidentes del Gobierno central y los ministros disponen de un régimen temporal de beneficios de distinta índole.
“De esta forma, se supera esta anomalía y se dignifica la situación de los expresidentes y exconsejeros”, defendió el PP la activación actual del Estatuto, aunque de momento no hay ninguna novedad respecto a derechos, posibles beneficiarios o incluso de fecha de aprobación inicial por parte del Consejo de Gobierno del texto.
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