ERE de Telefónica en España; la empresa maneja hasta 3.000 salidas
El grupo comunicará el número de afectados a cada una de las mesas de negociación. UGT reclama que las bajas se vinculen al nuevo convenio y pide la jornada de 35 horas
Telefónica vuelve al pasado. La operadora ha anunciado este lunes su intención de acometer un plan de salidas vía expediente de regulación de empleo (ERE) en cada una de las grandes filiales en España, Telefónica España, Móviles y Soluciones, según comunicó la compañía a las centrales sindicales UGT, CC OO y Sumados-Fetico, en la segunda reunión sobre el nuevo convenio colectivo.
“Hoy lunes han continuado las reuniones con los representantes de los trabajadores para la negociación del III Convenio de Empresas Vinculadas (CEV). Asimismo, se ha informado por parte de la empresa de la intención de realizar un despido colectivo en Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones”, señalaron fuentes de la compañía.
En el encuentro no se habló de cifras exactas de afectados. Los detalles y la negociación corresponderán a las mesas que cada uno de los comités intercentros de las filiales deberán constituir y se acomodarán a los plazos legales marcados. Fuentes sindicales dijeron que, legalmente, el dato de afectados sólo puede darse a las mesas de negociación de cada uno de los ERE, uno por jurídica, que se van a constituir.
Con anterioridad se ha hablado de un plan de salidas que podría afectar a un máximo de 5.000 empleados, si bien la empresa maneja a un número entre 2.500 y 3.000 personas. Estas compañías cuentan, en la actualidad, con una plantilla conjunta cercana a 16.000 trabajadores. Fuentes del mercado señalaron que Telefónica tiene previsto realizar una provisión de 1.000 millones de euros para afrontar este ajuste.
Así, la operadora descarta la opción de los planes de suspensión individual de contratos (PSI), utilizada desde 2015, en los nuevos CEV, y vuelve a la herramienta previa. De hecho, Telefónica recurrió a esta nueva vía del PSI por el coste que tenía para el Estado la utilización de la fórmula del ERE. El último, acordado en 2013, afectó a 6.800 empleados. Según fuentes del sector, la vía del ERE es más beneficiosa fiscalmente para los trabajadores, porque la indemnización está exenta hasta 180.000 euros y 45 días por año, con un máximo de 42 mensualidades. La aceptación, en cualquier caso, dependerá de las condiciones que ofrezca la compañía, que ha convocado una nueva reunión para este jueves.
La polémica generada por los costes para el Estado generados por los despidos en una empresa como Telefónica, que tenía beneficios, forzaron a la aprobación de la denominada “Enmienda Telefónica”. Así, las empresas con beneficios, que despedían trabajadores de más de 50 años, debían cubrir, además de la indemnización, los costes por desempleo que las salidas de empleados tenían para las arcas públicas.
Telefónica va a plantear más ajustes en otras filiales del perímetro de consolidación del negocio en España, en la corporación y en las unidades globales dependientes de ella, cuyo coste conjunto podría rondar los 200 millones. El hecho de recurrir a la fórmula del ERE, según fuentes del sector, contribuye a facilitar las salidas de empleados de otras filiales. Con los PSI previos hubo fuertes críticas por las diferencias en las condiciones entre los trabajadores del perímetro del CEV con los de otras divisiones de Telefónica.
Costes
En los ERE, habitualmente, la empresa se produce una desvinculación total de los empleados, mientras que, en los PSI, se mantenía una relación, y la empresa cubría diversas prestaciones como las cotizaciones a la seguridad social o el seguro médico.
La reducción de plantilla en España, que podría extenderse a otros mercados, forma parte de los ejes del nuevo plan estratégico de Telefónica para el periodo entre 2023 y 2026, que tiene la reducción de costes entre las líneas principales de trabajo para la mejora de la generación de caja. De hecho, la teleco aludió a unos ahorros de 600 millones de euros.
En la documentación que se remita a las mesas se acreditarán las causas motivadoras del procedimiento. En la anterior reunión, Telefónica planteó la necesidad de adaptar la plantilla a sus necesidades reales, en un momento en el que no necesita tantos empleados tras la finalización de los despliegues de fibra y el apagado de la red de cobre, que tendrá lugar en abril, coincidiendo con el centenario de la empresa. que su dirección quiere celebrar ampliamente.
Además, la teleco ha acelerado en la automatización de procesos en áreas como la atención al cliente, con una caída de las llamadas a los call centers a mínimos históricos.
Vinculación a un convenio mínimo de tres años
Sindicados. En un comunicado conjunto, UGT y CC OO señalaron que cualquier plan de salidas estará ligado a la firma de un nuevo CEV con una duración mínima de tres años que blinde a la plantilla y sus condiciones laborales y económicas. Para los sindicatos, es necesario que la empresa antes de acometer un nuevo ajuste de plantilla, apueste por la internalización de servicios y el reskilling con el fin de darle empleabilidad a la plantilla. Ambas centrales dijeron que, entre las líneas rojas para la negociación están la actual estructura salarial, el régimen de garantías o la cláusula de revisión salarial que permite mantener el poder adquisitivo.
Mejoras. Los sindicatos reclamaron mejoras para el convenio como la póliza de reembolso dental para toda la plantilla, la ampliación de beneficios sociales, la mejora del teletrabajo, la deslocalización, la ampliación de los permisos, la jornada de 35 horas semanales, potenciar los fondos sociales, las mejoras en comercial, operaciones, formación o igualdad, la proyección profesional en los grupos laborales y la adecuación de los niveles inferiores.
Reorganizaciones. Los ERE coinciden con otras amplias reorganizaciones planteadas por Telefónica. Por un lado, la operadora ha iniciado el proceso de cierre de edificios por toda España, hasta superar el centenar. Por otro, va a externalizar completamente el servicio de Gran Público, con el 1004. UGT y CC OO pidieron su paralización.
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