Empresarios y sindicatos lanzan su lista de demandas al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez

Los empresarios coinciden en que los pactos de investidura debilitan el clima de negocios y temen que las compañías se planteen sus inversiones. Piden preservar la seguridad jurídica

Montaje de empresarios y sindicatos

Ni siquiera se ha confirmado la formación del nuevo Gobierno y han empezado a llover peticiones y advertencias por parte de las patronales. La frase más repetida por todos los empresarios es que los pactos de investidura alcanzados por el PSOE debilitan el clima de negocios del país. Así que su primera reclamación es unánime y simple: estabilidad. “Si la situación se complica para las empresas, es legítimo que se planteen un cambio de residencia, es decir, que busquen el lugar donde puedan desarrollar sus actividades con la mayor seguridad jurídica posible”, aseguró el viernes Manuel Pérez-Sala, presidente del Círculo de Empresarios, sin aclarar si ese cambio de sede social se refiere entre autonomías, como ocurrió con casi 8.000 compañías catalanas desde 2017, o incluso fuera de España (caso Ferrovial).

Juan Roig, presidente de Mercadona, dijo en el mismo día de la investidura que la polarización política puesta de manifiesto en las calles durante la última semana ha dañado la imagen de la economía nacional: “Si el problema de España lo tuviéramos en Portugal, ralentizaríamos las inversiones”. Tras la queja del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, contra el impuesto a las energéticas, es el segundo gran empresario que habla de replantearse las inversiones previstas en España.

Roig intervino en un foro sobre el Corredor del Mediterráneo donde la asociación de empresarios valenciana fue más allá y su presidente, Vicente Boluda, incluso reclamó un referéndum no para Cataluña, sino para España en general. Si estabilidad es la primera medida, la igualdad de mercado en todo el territorio nacional es la segunda.

Días antes, las cúpulas empresariales de CEOE, Cepyme y ATA criticaron sin miramientos los pactos de investidura aludiendo a que los acuerdos se “cargan sobre la espalda de las empresas y dejan de lado algo tan básico como la necesidad de volver a la ortodoxia económica y el rigor presupuestario, que reclama la UE”.

Los mayores representantes de las grandes empresas, pymes y autónomos defienden su derecho a decidir en qué lugar desarrollar sus negocios. Un mensaje que alude directamente al acuerdo de investidura alcanzado entre Junts y el PSOE, según el cual se diseñará un plan para “promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”.

En este punto, las patronales insisten en que la mejor forma de atraer inversiones en un territorio es “preservar una situación de estabilidad institucional y seguridad jurídica”, algo que a su juicio ha sido socavado por los pactos alcanzados y que es su tercera gran reclamación de legislatura.

El Club de Exportadores e Inversores Españoles, por su parte, ha pedido que se reduzca la presión fiscal sobre las empresas e incentive la inversión a fin de evitar la pérdida de competitividad internacional. Asimismo, pide al Ejecutivo que se diseñe un plan para aumentar la base exportadora española, pues en los nueve primeros meses de este año el número de exportadores reguladores ha caído en un 7,6% tras hacerlo un 3,2% de 2022.

El Instituto de Empresa Familiar también se ha sumado a las demandas. Su director, José Luis Blanco, ha dicho que se “debería recuperar un modelo de país que sea fiable a futuro” pues a día de hoy tanta confrontación ha derivado en una “pérdida de confianza de los inversores internacionales”.

Incluso la patronal catalana, Foment del Treball, que vio con buenos ojos el pacto entre Junts y PSOE para reactivar la economía autonómica, ha precisado igualmente que en cualquier acuerdo se debe garantizar la seguridad jurídica.

Sin entrar en la dura batalla que se espera en el diálogo social (la CEOE insiste en que todas las medidas, de gasto y mejora de ingresos recaen en las empresas siempre), persiste la duda entre las patronales de que la condonación de la deuda y otras medidas fiscales impulsadas en esta legislatura incidan negativamente en el crecimiento económico. CEOE ha insistido que elevar la presión fiscal sobre las grandes fortunas y otros sectores como banca y energética, en esta fase de desaceleración, es un error y reduce los canales de financiación así como su competitividad.

En un entorno más sectorial, las organizaciones pesqueras quieren que el pescado y el marisco se beneficien de la bajada del IVA a otros alimentos hasta junio de 2024, tal y como anunció Pedro Sánchez en su discurso de investidura. La Asociación de Empresas del Gran Consumo (Aecoc), que integra a más de 33.000 compañías, ha dicho que la medida es un “acierto” y se ha “demostrado eficaz” a la hora de controlar la inflación de los alimentos en un momento “realmente complejo” para todos.

Por su parte, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha propuesto un nuevo modelo para garantizar la autonomía estratégica de España que pasa por constituir la comisión delegada del Gobierno para la política industrial y una agencia estatal concreta.

Peticiones de sindicatos

Ugt ha subrayado la necesidad de contar con un marco económico y presupuestario para 2024 que impulse los servicios públicos. Reclama que los próximos Presupuestos Generales del Estado sigan la senda de los dos anteriores, con un mayor incremento del gasto público y social. Pide mayor financiación para la enseñanza pública y el sector salud, y a la vez espera que los fondos Next Generation se usen para reducir el déficit del Estado.

Algunos secretarios generales de Comisiones Obreras han hablado ya de lo que necesitan sus comunidades. El de Asturias, José Manuel Zapico, ha pedido un pacto de Estado por la industria y más inversiones en la red de cercanías. “Hay que atajar de una vez por todas ese talón de Aquiles que tiene la industria asturiana que se llaman precios de la luz”, dijo en declaraciones remitidas a los medios. Su homólogo de Castilla y León, Vicente Andrés, ha exigido una revisión de los salarios, las jornadas laborales y de la fiscalidad a fin de aumentar la presión a las grandes fortunas, tecnológicas y banca.

Mientras los sindicatos exigen más gasto público, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha recordado que es necesario un ajuste fiscal y nuevas medidas para apuntalar la sostenibilidad de las pensiones. Además, ve necesaria una evaluación “transparente, continua y exhaustiva” de su impacto en la equidad intergenacional.

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