Fitch confirma el rating de España tras la investidura mientras Moody’s alerta del impacto negativo de la amnistía
Fitch sí menciona que la “polarización política” y los acuerdos con los partidos “separatistas” plantearán “desafíos”
La agencia de calificación Fitch ha confirmado en la noche del viernes la nota de España en A- (notable bajo) con perspectiva estable, un día después de la investidura de Pedro Sánchez, que ha provocado que otra de las principales agencias de rating, Moody’s, alertara del potencial impacto negativo sobre el crédito soberano de España que tienen los acuerdos políticos con formaciones como Junts o ERC.
En su caso, Fitch mantiene su calificación soberana manteniendo algunos de los argumentos de sus últimas revisiones: que España cuenta con una economía diversificada y de valor añadido, unas instituciones sólidas y unos ratios de gobernanza en línea con la media. “Pese a los vientos en contra, los superávits por cuenta corriente se han mantenido”, aunque también indica que la deuda pública sigue en niveles “elevados” y que la baja inversión privada y la productividad siguen frenando el crecimiento potencial del PIB.
“La perspectiva estable refleja la opinión de Fitch de que el nuevo gobierno de España continuará implementando políticas ampliamente alineadas con el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia del país”, dice el informe.
Respecto a la situación política, Fich dice que la “creciente polarización política”, y la dependencia de Sánchez de los “partidos separatistas” para legislar en la próxima legislatura, “pueden plantear desafíos”.
Fitch prevé un crecimiento de la economía española del 1,7% en 2024, frente al 2,3% que prevé para el cierre de este año, en ambos casos por encima de las previsiones para la Eurozona. Apunta la agencia a que la presión de los tipos de interés se dejará notar en la demanda de este último trimestre, y a una desaceleración del consumo privado, aunque seguirá aguantando “dada la mejora de los balances (en comparación con antes de la pandemia) de los hogares españoles, donde el ahorro bruto medio se mantiene por encima de la tendencia y los niveles de deuda han bajado”.
También apunta a un déficit del 3,9% del PIB este año. “Con el nuevo Gobierno, esperamos algunos cambios en el presupuesto de 2024, que está basado en un escenario sin cambios políticos, asumiendo los parámetros del presupuesto de 2023 pero teniendo en cuenta medidas temporales que expirarán a finales de 2023″, como el IVA a los alimentos básicos, que Pedro Sánchez anunció que se prolongarán durante el primer semestre de 2024.
La alerta de Moody’s
La estabilidad de Fitch con la calificación española contrasta con la visión de Moody’s, para la que la condonación parcial de la deuda pactada con Cataluña, la creación de un nuevo marco fiscal, la amnistía para todos los implicados en el procés y la posibilidad de que se celebre un referéndum en la comunidad catalana “aumenta el riesgo político” para el conjunto del Estado, “especialmente por la cancelación parcial de la deuda”.
Sin embargo, el impacto dependerá “de cómo se implementen dichos acuerdos, unos detalles que todavía tienen que concretarse, y la habilidad del Gobierno para llevar a cabo una agenda política más amplia”. Eso sí, el informe da por hecho que todos los partidos de la investidura respaldarán los Presupuestos Generales de 2024.
Moody’s considera que la política sufría ya de una “fragmentación social” que estos pactos van a elevar, si bien prevé un Gobierno de coalición “estable” cuyo mayor riesgo podrían ser los eventuales cambios de opinión de alguno de sus socios actuales.
Por su parte, y frente a todo lo negativo que añadirían al riesgo soberano los pactos, Moody’s contrapone el efecto positivo para las autonomías, empezando por la propia Cataluña, para la que la resta de 15.000 millones de su deuda mejorará su salud financiera, aunque todavía está lejos de alcanzar niveles apetecibles para el inversor. La agencia de calificación lleva esa quita del 20% a todas las comunidades y estima en 45.000 millones, el equivalente al 3,3% del Producto Interior Bruto, el impacto de esta medida. No obstante, el Gobierno ha subrayado una y otra vez que la condonación no sería lineal a todas las regiones.
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