Los inspectores temen que Cataluña consiga su propia Hacienda y fraccione la Agencia Tributaria
La asociación de este cuerpo de élite exige que la AEAT no sea moneda de cambio en las negociaciones para formar Gobierno
Los inspectores de Hacienda del Estado temen que las negociaciones para formar Gobierno con los partidos independentistas de Cataluña terminen por dar pie a una Hacienda regional que fraccione la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Así lo ha alertado este viernes la asociación que reúne a este cuerpo de élite en el XXXIII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado que se celebra en Burgos. “Venimos observando este peligro desde hace años y ahora tememos que se utilice la Agencia Tributaria como moneda de cambio”, explican.
Los partidos soberanistas de Cataluña, prosiguen, llevan mucho tiempo reivindicando una serie de demandas de contenido económico como la partición de la agencia y de la Seguridad Social. En el Estatuto de Autonomía de 2005, por ejemplo, ya se planteó la creación de una agencia propia, algo que tendría “efectos devastadores” en la gestión y aplicación de los tributos. Esta hipotética ruptura “sería de muy difícil reversión y provocaría situaciones de desigualdad, desintegradoras para la ciudadanía española, afectando al deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”, recalca el documento presentado por los inspectores.
La agencia catalana, como las del resto de comunidades, está creada y gestiona tanto sus tributos propios como los cedidos por el Estado. El problema, alertan los inspectores, es que pase a tener el control de los tributos estatales que se devengan en esa región, como el IRPF o Sociedades. El riesgo es que las negociaciones para formar Gobierno den paso a una agencia catalana en plenas funciones que, a su vez, abra el camino a futuras separaciones en otras autonomías. Habría, por así decirlo, “17 pequeños estados con una recaudación fragmentada”.
Este fraccionamiento, teme el cuerpo de élite de Hacienda, produciría efectos muy negativos en todas las funciones que desarrolla la agencia. Por eso, los inspectores demandan que la administración tributaria quede completamente al margen de las negociaciones que PSOE y Sumar mantienen con Junts y ERC para intentar revalidar Gobierno de coalición.
La asociación que preside Ana de la Herrán pone una serie de líneas rojas sobre la mesa. La primera sería no fraccionar la caja única. “Sería impensable que se cediese, por ejemplo, el IRPF”, resumen. “La gestión y control de las retenciones y pagos fraccionados se deberían llevar a cabo por la AEAT, con independencia del porcentaje de cesión de la recaudación que se da a cada CC AA”, apuntan. Otro de los mínimos es preservar el control estatal de todas las actividades económicas ya que, entre otros motivos, la lucha contra el fraude fiscal se fundamenta en disponer de un sistema de información unificado lo más amplio posible y que ya flojea por los sistemas forales de País Vasco y Navarra. Por último, exigen que se mantenga la unión de los impuestos indirectos sobre el consumo, “ya que la unidad de mercado exige que sean gestionados por la misma administración”.
“Los Inspectores de Hacienda somos plenamente conscientes de las consecuencias que implicarían para nuestra sociedad la fragmentación de la AEAT en la gestión y recaudación de los impuestos, en la lucha contra el fraude fiscal, y en su función de órgano vertebrador de determinadas ayudas sociales del Estado”, explica el documento que ha presentado la asociación. Así, cualquier ruptura supondría “un paso atrás de gigante” en la función de la agencia de aplicar el sistema tributario y la conculcación de los principios tributarios sobre los que se asienta el sistema español.
La gestión tributaria, añaden los funcionarios, no sería la única que correría peligro. La AEAT “también presta una serie de servicios adicionales y es un órgano vertebrador de la política social del Estado”. Para ilustrar esto, los inspectores ponen como ejemplo la gestión de la antigua bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, las deducciones para madres trabajadoras o la tramitación del IMV. “Además de gestionar y aplicar los tributos, la agencia tiene esa labor. Cualquier fraccionamiento de la agencia llevaría a que peligrasen también esas políticas”.
Para blindar la agencia, los inspectores han puesto sobre la mesa una de sus viejas reivindicaciones: la creación de un estatuto propio, tal y como estaba previsto en su ley de creación, que data de 1991. Algo así daría a la agencia una mayor autonomía presupuestaria y de recursos humanos y con plena independencia del Gobierno, garantizando “la independencia de la agencia frente a cualquier injerencia de carácter político”.
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