El Gobierno quiere que cinco gestoras administren 15 de los nuevos fondos públicos de pensiones
El pliego de contratación dará prioridad a las que ofrezcan comisiones ultrabajas
El Ejecutivo ha dado un paso más en el desarrollo de un nuevo modelo de ahorro complementario para la jubilación. Este viernes se activó la licitación para el concurso público con el que se van a seleccionar a las gestoras de fondos que quieran administrar los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP), una nueva figura creada para extender la provisión social complementaria a los autónomos y a las pymes. El objetivo es que queden unas cinco gestoras que administren en total 15 de estos nuevos fondos de pensiones.
En el pliego de contratación lanzado desde la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, se establecen las condiciones para que los grandes grupos bancarios (CaixaBank, Santander, BBVA...) o las mutualidades de previsión social interesadas en gestionar estos nuevos vehículos de inversión, puedan presentarse al concurso. Una de las prioridades será el ofrecer comisiones mucho más bajas que las actuales.
A menores comisiones del fondo de pensiones, mayor rentabilidad para el ahorrador. Por eso, los criterios de precio y rentabilidad van a suponer un 70% de la puntuación máxima alcanzable, “garantizando así unas condiciones atractivas para los futuros partícipes”, explican desde el ministerio.
En concreto, desde el departamento de Seguridad Social se dará una puntuación extra a aquellas gestoras que propongan comisiones de gestión de entre el 0,3% anual y el 0,1%. Hay que tener en cuenta que en los planes de pensiones individuales la comisión media supera el 1%. Este alto nivel de costes fue denunciado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cuando la dirigía José Luis Escrivá, antes de convertirse en ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e impulsar una gran reforma del modelo de ahorro para la jubilación.
La clave de bóveda de la propuesta de Escrivá, plasmada ya en una ley, es fomentar el ahorro colectivo para la jubilación, en detrimento del ahorro a través de planes de pensiones individuales, que hasta ahora ha sido el mayoritario. El colectivo se concreta en los planes de pensiones de empleo, que promueve el empleador (ya sea una empresa o una administración pública) en beneficio de sus trabajadores.
A pesar de existir los dos modelos desde hace más de dos décadas, los planes de empleo se han extendido solo entre grandes compañías, filiales de multinacionales y algunas administraciones (la Generalitat de Cataluña, la Administración General del Estado, algunos ayuntamientos) pero, en este último caso, las aportaciones llevan congeladas más de una década. En total, estos vehículos colectivos acumulan 35.000 millones de euros, frente a los casi 90.000 millones de euros que hay en los individuales.
Para tratar de fomentar el ahorro colectivo frente al individual, la primera medida drástica fue reducir el máximo de aportación en estos segundos. Ahora, el tope son solo 1.500 euros al año, mientras que en los primeros se puede llegar a 8.500 euros. Estas cantidades se pueden descontar de la base imponible del Impuesto sobre la Renta. Un ahorro fiscal que tiene su envés al momento del rescate del plan, cuando llega la jubilación. Ese dinero computará entonces como una renta más del trabajo al tributar por IRPF. Es, pues, un diferimiento fiscal.
La segunda vía para impulsar los planes de empleo ha sido crear dos nuevos formatos: los planes de pensiones simplificados y los FPEPP, que ahora se van a licitar. En estos últimos, el ministerio de Seguridad Social tendrá mucho poder a la hora de seleccionar a las gestoras que pueden participar. También se hará cargo de funciones que suelen tener las comisiones de control de los planes de empleo (donde ahora están representantes de los trabajadores y de la empresa).
En el pliego de contratación, los requisitos de experiencia y solvencia estarán muy presentes, pero también se quiere dejar la posibilidad de participar a firmas más pequeñas, para que haya más competencia. De acuerdo con fuentes sectoriales, la horquilla de comisiones a la que aspira Escrivá es tan baja que solo a las grandes les resultará atractivo.
A partir de ahora, una vez que se presenten las candidatas, la adjudicación se producirá en la segunda mitad de julio y la formalización de los contratos a finales de agosto. CaixaBank, Ibercaja o las gestoras elegidas, podrán tener hasta tres FPEPP, cada uno con un perfil de riesgo distinto. La selección de estas firmas será por un periodo de cinco años, según el pliego.
Ahora bien, esto tampoco culmina el proyecto. A estos FPEPP se tienen que adherir planes de pensiones de empleo. Ya sea de los antiguos o bajo el nuevo formato de planes simplificados. VidaCaixa, el brazo asegurador de CaixaBank, ya firmó un acuerdo para lanzar un plan simplificado con la asociación de autónomos ATA. Y Banco Sabadell lanzó otro con la asociación de autónomos UPTA.
Respecto a los movimientos de planes de pensiones de empleo tradicionales (el de Endesa, el de Nestlé, el de Telefónica...) fuentes del sector consideran improbable que quieran acercarse a los nuevos FPEPP. “No tiene mucho sentido, porque los sindicatos están muy cómodos en la comisión de control, donde pueden supervisar la gestión, mientras que bajo la nueva figura no tendrían influencia”.
La gran esperanza del Gobierno es que los nuevos planes simplificados y los FPEPP sean la vía que elijan millones de autónomos y empleados de pymes para ahorrar para la jubilación. En el caso de los primeros, bajo estas nuevas figuras podrán aportar (y desgravarse) hasta 5.750 euros al año. En cambio, con la figura de los planes individuales solo pueden meter 1.500 euros, una cantidad con la que no se puede llegar a constituir un verdadero patrimonio complementario a la pensión de jubilación.
Otro de los aspectos que aún está pendiente es sacar a concurso la licitación de una plataforma tecnológica que centralizará la monetización de los nuevos fondos de públicos de pensiones. Con esta medida, que saldrá adelante en las próximas semanas, se quiere digitalizar todo el proceso para hacerlo más ágil y accesible a cualquier tipo de empresa que quiera hacer aportaciones para sus empleados.
Aunque el de este viernes fue un importante paso, aún está por ver cuántas gestoras se presentan, qué fondos de pensiones de promoción pública lanzan y cuánto dinero consiguen atraer. Desde el sector hay cierto escepticismo: “no creo que hasta el año que viene entre ni un duro en estos nuevos vehículos”.
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