Así será el fondo de pensiones público: bajas comisiones, incentivos fiscales y los autónomos podrán unirse

El Gobierno envía al Parlamento la regulación del nuevo fondo. El trabajador podrá aportar hasta el doble que su empresa

La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá
La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá Europa Press

El Gobierno aprobó ayer en el seno del Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que recogerá la regulación del fondo de planes de pensiones de empleo de promoción pública de nueva creación. Este texto legal persigue facilitar la creación de planes de pensiones colectivos en el seno de las empresas. Estos planes tendrán una promoción pública aunque serán de gestión privada y se constituirán en el marco de la negociación colectiva. Así, serán funcionarios los encargados de escoger las entidades privadas que realizarán las inversiones. Estos planes –con la nueva figura del plan simplificado, también de nueva creación– tendrán “bajas comisiones” para facilitar el ahorro para la jubilación de trabajadores con rentas medias y bajas de pymes y para autónomos, jóvenes y empleados públicos.

De hecho, fuentes de la Seguridad Social explicaban ayer que será fundamentalmente la negociación colectiva sectorial (de cualquier ámbito territorial) la que podrá promover la creación de estos planes. Y las empresas, especialmente las pymes, podrán adherirse a ellos.

Igualmente las asociaciones de trabajadores autónomos podrán promover la creación de estos nuevos planes simplificados. Si bien estas fuentes destacaban ayer que la ley también permitirá que los autónomos se adhieran a planes sectoriales para empresas siempre que sean de su actividad. No obstante, las condiciones concretas de adhesión de los autónomos a planes sectoriales deberán desarrollarse aún reglamentariamente.

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el Gobierno enviará este texto al Parlamento para su tramitación. Desde el Ejecutivo no sabían concretar ayer cuánto tiempo tardará en concluir dicho trámite parlamentario. Aunque, en paralelo el Gobierno, pretende trabajar en el desarrollo reglamentario de esta ley para acelerar su puesta en marcha.

La empresa se ahorrará casi 400 euros en cuotas por trabajador por sus aportaciones

De hecho, para el trámite parlamentario y el reglamento han quedado cuestiones por concretar como el límite máximo de comisión que podrán cobrar las gestoras y que, según reiteraban ayer fuentes de la Seguridad Social, podría rondar el 0,3%, como se dijo en un principio.

Lo que sí incorpora el proyecto normativo son los incentivos fiscales recogidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 para los planes colectivos de pensiones, que elevaron el límite en la deducción de la base imponible hasta los 10.500 euros, para incentivarlos, al tiempo que redujeron este límite a los 1.500 euros para los planes individuales, algo que ha sido fuertemente criticado por el sector financiero y de gestoras de estos planes, que no ven con buenos ojos que se desincentiven los planes individuales sin haber arrancado el fondo de planes colectivos.

Este anteproyecto incluye varias novedades, fundamentalmente para las empresas, orientadas a fomentar el desarrollo de estos planes. Entre las conocidas ayer está la elevación a 115 euros mensuales de la cantidad de aportaciones de las empresas a los fondos de pensiones colectivos que se podrán sacar de la base de cotización del trabajador. Esto supondría poder excluir de dichas bases de cotización hasta 1.380 euros anuales, lo que según los cálculos del Ministerio supondrá un ahorro de casi 400 euros por trabajador al año.

Asimismo, recoge incentivos para que el trabajador pueda aportar más dinero que su empresa con unos límites que se establecen en función de la contribución empresarial. Si la empresa aporta hasta 500 euros al año, el empleado podrá contribuir con hasta 1.250, con lo que la aportación máxima será del 3.250 en su conjunto; si la aportación empresarial está entre 501 y 1.00 euros, el trabajador podrá aportar hasta 2.000 al año (4.500 euros de aportación máxima); si el empresario pone de 1.001 a 1.500 euros, el empleado podrá elevar su contribución hasta los 2.250 euros anuales (5.250 euros al año); y si la empresa mete en uno de estos planes más de 1.501 euros al año, el trabajador podrá igualar esta cantidad hasta 10.000 euros anuales como máximo.

La plataforma digital de gestión de los planes se podrá pagar con fondos europeos

Igualmente la norma incorpora el aumento de la deducción para autónomos por las aportaciones a planes de pensiones que pasarán de 2.000 a 5.750 euros anuales. Dicho esto, desde el Ejecutivo no cerraban ayer la puerta a nuevos incentivos fiscales que podrían introducirse en el trámite parlamentario si así se acordara en la próxima reforma fiscal.

Una vez que se complete el desarrollo legislativo y reglamentario, las gestoras interesadas podrán postularse para administrar los nuevos fondos de pensiones de promoción pública. La comisión promotora( compuesta por funcionarios de varios ministerios) seleccionará las firmas y fijarán un marco común de la estrategia de inversión.

Además, se sacará a concurso público la gestión de una plataforma digital que permita contratar cualquiera de los fondos de pensiones, y consultar los datos con facilidad.

Dado el perfil del proyecto, desde el ministerio de Seguridad Social confían en que su podrá costearse con recursos del fondo de recuperación que la Unión Europea ha dotado para España. “Tendría todo el sentido por la vocación de digitalización del proyecto”, aseguran.

Salario mínimo, plan Mecuida y ERTE hasta marzo

  • Desde enero. El Consejo de Ministros de ayer tuvo un marcado acento laboral con la aprobación, además del fondo de planes de pensiones para empresas, de varias importantes medidas que afectan a millones de trabajadores. Así, aprobó el real decreto que eleva el salario mínimo interprofesional de 965 a 1.000 euros mensuales (en 14 pagas) con efectos retroactivos desde el 1 de enero pasado. Esta retroactividad implica que las empresas deberán pagar los 35 euros de diferencia de los meses de enero y febrero (70 euros).
  • Escudo social. Asimismo, el Ejecutivo también extendió el plan Mecuida, hasta el 30 de junio. Este plan que, entre otras cosas, permite la adecuación de la jornada a los cuidados o la reducción de la misma hasta un 100% con el correspondiente recorte salarial, afecta a unas 300.000 mujeres, según el Ministerio de Trabajo.
  • Prórroga. Finalmente el Ejecutivo aprobó la prórroga de las actuales condiciones de los ERTE Covid hasta el 31 de marzo, pero con menos exoneraciones a las empresas. Y aprobó exoneraciones hasta junio para los autónomos, que el 28 de febrero dejarán de cobrar la prestación extraordinaria por Covid.
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