Los deberes del próximo Gobierno tras el 23J: reglas fiscales, fin de las ayudas y presupuestos
El nuevo Gobierno deberá afrontar un recorte de gasto de cerca de 9.000 millones para cumplir con las recomendaciones de Bruselas, además de la elaboración de nuevos presupuestos
Apenas 10 horas después de conocer el descalabro municipal y autonómico del 28M, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba su otra cita electoral para hacerse con el palacio de la Moncloa. Ya sea el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, o el actual presidente del Gobierno quién gane las elecciones, España afronta una serie de retos económicos ineludibles. Tanto a nivel europeo, con la presidencia española del Consejo de la UE de fondo y la reforma de las reglas fiscales; como a nivel local, con unos presupuestos para 2024 que todavía siguen en el limbo.
“Deberá enfrentarse a un análisis bastante más estricto de sus cuentas y de la sostenibilidad de su deuda, en especial a partir de 2024 con la aprobación del nuevo marco de reglas fiscales, y a una necesaria aceleración del desembolso de los fondos europeos”, explica Enrique Feás, investigador principal del Real Instituto Elcano.
Presupuestos de 2024
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció durante la presentación del los últimos Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno no entraría en los trámites necesarios para elaborar las cuentas públicas de 2024. Con esta declaración, Montero daba por descontado que, con unas elecciones previstas para fin de año, las cuentas se prorrogarían hasta al menos parte del año que viene.
El cambio de escenario que fija las elecciones para final de julio amenaza con cambiar estos planes. En este nuevo marco existiría tiempo material más que suficiente para elaborar unos presupuestos en tiempo y forma para que sean aprobados antes del 31 de diciembre, siempre y cuando hubiese mayorías parlamentarias suficientes para ello.
La ley contempla que al menos tres meses antes de terminar el ejercicio, el Ejecutivo puede presentar las cuentas públicas del año siguiente en el Congreso. Tras la presentación, comienzan los trámites en las Cortes Generales, con el objetivo de que sean aprobados totalmente antes de final de año. Otra alternativa sería aprobar un nuevo presupuesto para el año en curso (2024, en este caso) si las mayorías parlamentarias lo permiten, tal y como sucedió con los presupuestos de 2012, que fueron aprobados por el Gobierno del PP en el primer semestre de ese año.
Vuelta a la contención fiscal
Bruselas avaló los planes de reducción de déficit presentados en el último Plan de Estabilidad que el Gobierno remitió a la Unión Europea, según destacó Asuntos Económicos. Sin embargo, la Comisión ha reclamado a España que durante el año que viene comience a reducir déficit. “Las grandes inversiones están aseguradas, lo que está por ver es cómo se gestiona la reducción del gasto y cómo alcanzar los objetivos comunitarios de déficit y deuda pública”, indica Carlos Balado, Profesor de OBS Business School y director de Eurocofín.
Tanto las previsiones del Gobierno -que estima que el déficit cerrará 2023 en el 3,9%-, como las de la Comisión Europea -4,1% del PIB- se encuentran por encima del 3% que reclaman las reglas fiscales europeas, por lo que el Gobierno entrante deberá hacer ajustes presupuestarios.
La Unión Europea volverá a abrir procedimientos de déficit excesivo en abril del año que viene, como preparación de la vuelta de las reglas fiscales, en pausa tras la pandemia. Bruselas recomendó a España que limite el aumento del gasto público primario al 2,6% como máximo en 2024 para lograr el recorte del déficit estructural del 0,7% que le pide para ese ejercicio. Este ajuste equivalente a un recorte de 9.289 millones de euros al que tendrá que hacer frente el próximo Gobierno que salga de las urnas.
Bruselas reclama cerrar la brecha y, para ello, pidió a España en sus recomendaciones fiscales reducir las ayudas desplegadas durante la crisis energética. El recorte de estos gastos, o al menos la focalización de los mismos hacia los sectores más vulnerables, requeriría de esfuerzo del 0,6% del PIB, unos 8.000 millones de euros, al reducir las subvenciones y bajadas de impuestos energéticos.
Los costes energéticos, y por tanto el IPC, encadenan meses de moderación desde los picos alcanzados en verano. Según la opinión de Balado, esto hará menos traumática la retirada de ayudas destinadas a paliar, precisamente, la subida del precio de la energía. El director de Eurocofín afirma que, además, las ayudas europeas y su impulso al crecimiento de la economía compensarán el efecto de la retirada de ayudas.
Finalizar el despliegue de los fondos europeos
Todavía quedan por desembolsar casi 90.000 millones de los 140.000 millones de euros vinculados a España por los fondos Next Generation EU, la mayor parte de ellos en forma de préstamos blandos con intereses bajos. En principio, una campaña electoral no tiene por qué suponer una interrupción de los fondos europeos, “salvo en los estrictamente vinculados a hitos legislativos específicos, ya que algunas leyes quedan paralizadas por la disolución de las Cortes”, indica Feás. En ese último caso, sólo se retrasarían hasta la formación de un nuevo gobierno, afirma.
Algo más que la presidencia europea
Las elecciones se producirán apenas pasados 20 días de la toma de posesión de España de su quinta presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea el 1 de julio. En los círculos comunitarios se afirma que las presidencias europeas son una buena oportunidad para que un país que busque liderar cambios políticos en el seno de la Unión tome las riendas de esas transformaciones.
En este sentido, en la presidencia española estaban previstos debates con cuestiones de calado, como los asuntos relacionados con la invasión a Ucrania, la reforma del mercado eléctrico europeo, el relanzamiento de las relaciones con América Latina o, en el plano económico, la reforma de las reglas fiscales o la articulación de algún tipo de fondo soberano europeo para acometer inversiones estructurales.
Si bien las nuevas reglas fiscales mantendrán los objetivos numéricos de las antiguas, es decir, alcanzar un déficit público inferior al 3% y que la deuda no pase del 60% del PIB; Europa debatirá en el próximo semestre cómo se alcanzarán esos objetivos.
La postura de la Comisión, y de países como España, se basa en llegar a los objetivos fiscales de manera consensuada entre los Estados y Bruselas, además de acompañar los recortes de gasto con inversiones que apoyen el crecimiento económico. Las voces críticas reniegan de la sustitución de las normas numéricas, centradas en reducciones mínimas obligatorias de la deuda o el déficit, por un proceso estructurado.
Este debate en ciernes era uno de los caballos de batalla de la presidencia española. Aunque hay antecedentes de elecciones en medio de una presidencia del Consejo de la UE, como Francia en 2022 o la República Checa en 2009, Enrique Feás, investigador principal del Real Instituto Elcano, asegura que el adelanto electoral “reducirá la visibilidad de España en los grandes debates europeos de los próximos meses”.
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