La reforma de pensiones o el supervisor financiero, entre las leyes que frena el anticipo
El decreto de jubilaciones ya está en vigor pero había entrado en el Congreso para incorporar mejoras mientras que la disolución de las Cortes sí frena la Autoridad del Cliente Financiero
Nadie imaginó el pasado 17 de mayo, cuando el Senado aprobaba definitivamente la ley de vivienda, que sería la última gran norma económica de la legislatura. Apenas diez días después, la disolución inmediata de las Cortes Generales, con la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio, supone un abrupto final a la hoja de ruta económica que el Gobierno de coalición se había trazado de aquí a finales de año. Entre las medidas más destacadas, está la segunda parte de la reforma de las pensiones, cuyo real decreto está ya en vigor, pero el Gobierno había arrancado una tramitación extraordinaria para introducir enmiendas y mejoras. La creación de la Autoridad del Cliente Financiero, recién aterrizada en el Senado, las ayudas por las sequías o la Ley de Economía Social quedan en el aire.
En total, podrían verse afectadas hasta 62 iniciativas distintas en distintos trámites parlamentarios o anunciadas por el Gobierno como de próxima aprobación. Normas como la Ley de Familias o las de Igualdad o Paridad, pero, sobre todo, leyes y medidas muy relacionadas con la economía.
Pensiones. En cuanto a la reforma de las pensiones, cuya segunda parte fue aprobada por decreto por el Consejo de Ministros y contó con el respaldo de los sindicatos y el rechazo frontal de los empresarios, sigue adelante tal y como se planteó, con una serie de cambios que refuerzan los ingresos del sistema y otros que mejoran las pensiones más bajas y las de los trabajadores con carreras más irregulares, según destacó el Gobierno en su momento.
Para el trabajador o futuro pensionista, eso supone una ampliación del periodo de cómputo que se toma para calcular la base reguladora, que determina la cuantía de la pensión de cada trabajador.
Este decreto pasó por el Congreso el pasado 18 de mayo, cuando se aprobó su avocación y, por lo tanto, se abría la posibilidad de introducir enmiendas y cambios. Ahora, el texto del decreto se queda tal y como está.
Autoridad del Cliente Financiero. Respecto a este proyecto de ley también se aprobó este mismo mes en el pleno del Congreso con una holgada mayoría y fue enviado a la Cámara Alta para rematar su tramitación. La ley había generado un nuevo enfrentamiento entre Gobierno y sector bancario, ya que hasta ese día en que salió de la Carrera de San Jerónimo se incorporaba una tasa de 250 euros que debían afrontar los bancos cada vez que se iniciara una reclamación por parte del cliente.
Finalmente, esa novedad salió del articulado de una ley con la que el Gobierno pretendía reforzar la protección de los usuarios ante las entidades financieras. Según recoge Europa Press, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, llegó a decir que este organismo era “muy esperado” y había conllevado “mucho trabajo” con diferentes ministerios, la industria y asociaciones de clientes financieros.
Movilidad Sostenible, Función Pública y organismo frente a accidentes en transportes. No son las únicas víctimas en mitad de una tramitación. En el ámbito económico, quedan en el aire la Ley de Movilidad Sostenible, de Función Pública y de la creación de un organismo para investigar accidentes e incidentes en trenes, aviones y barcos; que ya habían recibido las enmiendas al articulado de los grupos para su tramitación parlamentaria.
Decretos anticrisis, servicio del hogar y autónomos. En el mismo caso que la reforma definitiva de las pensiones quedan los decretos anticrisis, del plan +Seguridad para tu energía, de mejora de las condiciones de trabajo en personas trabajadoras al servicio del hogar y de nuevo sistema de cotización para autónomos. También cabe recordar que el Gobierno tenía previsto aprobar “de inmediato” la Ley de Industria en Consejo de Ministros para su posterior envío a la Cámara Baja.
Estatuto del artista. Más inmediato incluso, porque estaba recogido en la misma agenda de la Cámara Baja para esta semana, el pleno tenía previsto abordar el jueves el dictamen emitido por comisión y las enmiendas que se hubieran presentado al proyecto de ley por el que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales.
Medidas contra la sequía y el calor. El jueves también estaba previsto el debate de convalidación o derogación del Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas. Eso sí, este decreto podría convalidarse por la Diputación Permanente, dado el caso.
Ley de Economía Social. Por último, el jueves se iba a votar la solicitud de avocación de la proposición de ley por la que se modifica la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. La idea era debatir el texto en pleno una vez dictaminado por la comisión competente.
Justicia. En el ámbito del Ministerio de Justicia, el adelanto electoral también deja en el limbo las tres leyes contempladas en el proyecto Justicia 2030. Se trata de la Ley de Eficiencia Organizativa, orientada a dar respuesta a la necesidades organizativas, procesales y estructurales de la Administración de Justicia, que no ha recibido el visto bueno de los funcionarios, al entender que le quitan derechos. De hecho, una de las principales reivindicaciones de este colectivo, que se encuentra en plena huelga indefinida, es que esta tercera norma no terminara de tramitarse en el Congreso de los Diputados.
Sociedades mercantiles y derecho de los consumidores. Tampoco verán la luz la reforma de la Ley de Modificaciones Estructurales de Sociedades Mercantiles, cuyo anteproyecto, que traspone una directiva europea sobre transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas de empresas, fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero; ni la Ley de Acciones de Representación para la Protección de los Intereses Colectivos de los Consumidores.
Compromisos de investidura
Todo esto, en cuanto a actividad parlamentaria o legislativa. En su último balance de acción de Gobierno, ofrecido a finales de 2022 (el próximo tocaba al cierre de este semestre), Moncloa dijo haber asumido 1.513 compromisos (32 el año pasado), de los cuales ya se habían cumplido un 66,8%.
En cuanto al total de 239 compromisos adquiridos por el presidente en su discurso de investidura ante las Cortes Generales, el grado de cumplimiento supera el 73%, con una previsión para este semestre que pretendía alcanzar el 80%.
De los 428 compromisos procedentes del Acuerdo de Coalición Progresista, en diciembre de 2022 se habían cumplido ya el 68,9% de los compromisos suscritos, con una previsión que esperaba superar el 75% para este mes de junio de 2023.
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