Unos 13.000 ganaderos en vilo por la sentencia de la Audiencia Nacional contra el cártel de la leche
Los productores de leche reclaman unos 100.000 euros de indemnización tras la sanción de 80,6 millones de euros que impuso la CNMC a ocho grandes lácteas
La Audiencia Nacional tiene pendiente unos de los casos con mayor repercusión en el sector lácteo. Se trata de las sentencias sobre la multa de 80,6 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en julio de 2019 a ocho de las mayores empresas lácteas y dos asociaciones por alterar los precios de compra de la leche cruda. Alrededor de 13.000 ganaderos que se vieron afectados por el denominado cártel de la leche esperan, con grandes expectativas, que este tribunal avale la sanción del regulador, pues de este fallo depende el futuro de numerosas demandas que se han presentado para reclamar unos 100.000 euros de media de compensación por unas prácticas que limitaron el mercado.
Las ocho compañías (Pascual, Danone, Puleva, Capsa grupo en el que se encuentra Central Lechera Asturiana-, Nestlé, Lactalis, Celega y Schreiber) y dos asociaciones lácteas (Aelga y Gil) pidieron a la Audiencia Nacional que anule la sanción de la CNMC, alegando que no hay pruebas sobre un presunto intercambio de información (a nivel nacional y regional) sobre precios, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche durante, al menos, 13 años, entre 2000 y 2013.
De momento, y mientras se analiza el expediente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dejó en suspenso el pago de dicha sanción, algo que suele ser habitual, para evitar causar un perjuicio a las arcas de las compañías si finalmente se dicta una sentencia a su favor.
Por otro lado, según informaron a CincoDías fuentes jurídicas cercanas a este procedimiento, el tribunal ha celebrado varias vistas para examinar las pruebas periciales antes de tomar una decisión, que se espera para finales de este año o principios de 2024.
Un 10% más intereses
Los ganaderos comenzaron en diciembre de 2022 a reclamar daños individuales, que han cuantificado en más del 10% del precio de venta de la leche, más intereses, durante los años en los que habría funcionado el supuesto cártel, lo que supone de media unos 100.000 euros por productor.
Así las cosas, las fuentes consultadas señalaron que los fallos de la Audiencia Nacional -una por cada recurso presentado- marcará el curso de las demandas que se encuentran en distintos juzgados de lo Mercantil repartidos por todo el territorio español, ya que el aval a la sanción de la CNMC significa la confirmación de la existencia del cártel.
Por el momento son pocas las sentencias por la vía civil que se conocen. Un juzgado de Granada, en junio de 2021, dio por acreditado el pacto de precios entre las grandes lecheras, aunque fijó una compensación por debajo de lo que ahora se reclama. No obstante, otros juzgados han expresado su disposición a esperar a conocer el fallo de la Audiencia Nacional.
Plazo para reclamar
Las fuentes jurídicas destacan además que un fallo a favor de los ganaderos impulsaría que muchos más afectados acudan a los tribunales para exigir una indemnización. Las compañías lácteas defienden que los hechos ya están prescritos, al coger como referencia una primera resolución de la CNMC en 2015 y un año para poder reclamar, si bien las fuentes conocedoras de este asunto judicial recalcan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableció en junio de 2022, en una sentencia sobre el cártel de fabricantes de camiones, que el plazo de reclamación sería de cinco años, que empezaría a contar desde el dictado de una sentencia firme por conductas anticompetitivas, como es el de la Audiencia Nacional, contra la que luego cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
Según indica el despacho Eskariam, que, junto al bufete internacional Hausfeld, representa al mayor grupo de reclamantes (aproximadamente 7.000 productores de leche), durante los años investigados, el sector se componía por 52.000 ganaderos, un 25% más de los que ahora luchan por una compensación.
Antecedentes
En 2015. La CNMC inició la investigación en 2012 e incluyó la inspección de las sedes de algunas empresas. El expediente concluyó tres años después con una resolución sancionadora, que fue revocada parcialmente por la Audiencia Nacional.
Recurso de Nestlé. El tribunal anuló la sanción impuesta al estimar parcialmente el recurso que la compañía suiza presentó contra el pliego en el que la CNMC indicaba los hechos concretos para justificar su sanción. De este modo, la Audiencia Nacional ordenó al organismo regulador volver a realizar dicho trámite, lo que provocó la modificación de algunas de las multas individuales a las compañías.
Prescripción. La CNMC también investigó a otras seis empresas, entre ellas Grupo Leche Rio, Leche Celta o Central Lechera Asturiana, pero finalmente su presunta infracción se consideró prescrita.
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