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Las ‘stablecoins’ logran pista de despegue en EE UU: requisitos y límites para el desembarco de la gran banca

Los emisores deberán mantener reservas que respalden los activos en una proporción de uno a uno. Tendrán que estar compuestas por dólares, depósitos o letras y bonos del Tesoro a corto plazo

Donald Trump ha mantenido una de sus grandes promesas: dar a Estados Unidos la primera legislación sobre activos digitales, tras años de escepticismo y opresión de las administraciones anteriores y los reguladores. Después del visto bueno del Senado, el jueves la Cámara de Representantes aprobó el Genius Act, una normativa que regula las stablecoins, y que representa la primera pieza de un marco legislativo más amplio que deberá debatirse en la Cámara Alta, y que incluye una regulación integral del mercado de activos digitales y el veto al desarrollo del dólar digital. Esta ley “asegurará el estatus del dólar como la moneda de reserva mundial”, dijo Trump el pasado viernes, tras firmar la ley.

¿Qué regula la norma?

El Genius Act se centra en la regulación de las stablecoins denominadas en dólares. Las monedas estables son criptomonedas vinculadas a otros activos, generalmente a divisas tradicionales y estables como el euro y el billete verde, para minimizar la volatilidad de su valor. Se usan para comprar y vender otras criptomonedas, como refugio en momentos de fuerte volatilidad en el mercado, medio de pago o para transferencias internacionales e instantáneas.

El texto establece quienes son los emisores autorizados para ofrecer estos activos, introduce un modelo de supervisión repartido entre el gobierno federal y los estados, exige el respaldo total en reservas y obligaciones de transparencia para las empresas.

¿Cuáles son los requisitos para los emisores?

La norma fija que bancos, cooperativas de crédito y entidades no bancarias autorizadas por la Oficina del Contralor de la Moneda, organismo que regula y supervisa todos los bancos nacionales, las cooperativas de ahorro federales y las sucursales federales de bancos extranjeros, pueden emitir stablecoins. Empresas supervisadas y con licencia estatal también pueden ofrecer monedas estables.

El Genius Act establece que los emisores deben mantener reservas que respalden los activos en todo momento para que los usuarios puedan rescatarlas, y en una proporción de uno a uno. Las reservas tienen que estar compuestas por dólares estadounidenses, depósitos o activos líquidos como letras y bonos del Tesoro a corto plazo de EE UU con un vencimiento menor a 93 días. El texto obliga a publicar mensualmente el estado de las reservas, con detalles sobre el número total de activos emitidos y en circulación, la composición, el plazo promedio de los activos y dónde se custodian.

Además, prevé un modelo de supervisión que involucra tanto la autoridad federal como los reguladores estatales. Dependiendo del tipo de emisor, serán supervisados por distintos organismos como la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, la Oficina del Contralor de la Moneda o la Junta de la Reserva Federal.

¿Impone límites a los negocios cripto de políticos?

Si bien la norma ha encontrado el consenso de republicanos y demócratas, los más críticos consideran que carece de disposiciones que impiden a personalidades públicas como el presidente de EE UU hacer negocios con criptoactivos. Algunos senadores intentaron incluir cláusulas para limitar casos de conflicto de interés, pero finalmente no lo consiguieron.

Las incursiones de Trump en el mundo cripto han sido múltiples. En plena campaña electoral lanzó con sus hijos la firma de criptomonedas World Liberty Financial, emisora de la stablecoin USD1. En enero, a pocos días de su toma de posesión, sacó las memecoin $TRUMP y $MELANIA, unos tokens inspirados en su persona que carecen de una base tecnológica, cuyo valor está influenciado por la simple especulación.

¿Cómo cambia el mercado cripto?

Establecer unas reglas claras para toda la industria ha sido una reivindicación histórica del sector, ya que EE UU no contaba con una normativa que lo regulara. El nuevo marco legal fomenta la entrada en el mercado de nuevos emisores, supera los obstáculos para que las entidades bancarias entren en este negocio, e impulsa una adopción más amplia.

“El crecimiento de la capitalización de mercado de monedas estables se acelerará con una mayor adopción de las criptomonedas, impulsada por la inclusión financiera y la eficiencia de las garantías y el comercio minorista global”, considera Manuel Villegas, analista de activos digitales en Julius Baer. El mercado de stablecoins vale ya más de 260.000 millones, y se estima que podría crecer hasta 3,7 billones de dólares para 2030; el 99% de estos activos están denominados en dólares.

En este escenario, los bancos estadounidenses buscan encontrar un hueco en el negocio y estudian emitir sus propias monedas estables. Durante las presentaciones de resultados de la pasada semana, directivos de JPMorgan, Bank of America y Citigroup reconocieron que estos activos representan una amenaza para el dominio bancario en el sector de pagos por el riesgo a que las stablecoins empiecen a captar funciones hasta ahora exclusivas de los bancos, como la gestión de pagos y transferencias, la canalización del ahorro y captación de depósitos.

Algunos expertos advierten también de que estos activos ponen en riesgo la estabilidad financiera y que el texto no contiene las suficientes salvaguardas para evitar un riesgo sistémico si una stablecoin importante colapsa. De hecho, a diferencia de las cuentas bancarias tradicionales, no estarían cubiertas por el seguro federal de depósitos —símil al Fondo de Garantía de Depósitos español—, dejando a los tenedores a merced de procesos de quiebra para intentar recuperar su dinero si el token falla.

Asimismo, un auge de este mercado generaría un aumento significativo en la demanda o la oferta de bonos a corto plazo y letras que componen sus reservas. Y en situaciones de estrés de mercado los emisores podrían verse obligados a liquidar rápidamente bonos del Tesoro para atender reembolsos, agravando las tensiones de liquidez, especialmente si se producen ventas forzosas. Un informe del Banco Central Europeo estima que los emisores poseen ya unos 130.000 millones de euros en deuda federal de EE UU.

¿Cómo ha reaccionado la industria?

El mercado ya había descontado la aprobación y se nota en las valoraciones: bitcoin ha fluctuado en los últimos días entre los 118.000 y los 120.000 dólares, mientras las principales altcoins siguen su racha alcista aunque sin grandes repuntes. La capitalización del mercado cripto roza los 4 billones de dólares.

Por su parte, las empresas del sector suben en Bolsa. Circle, emisor de USDC, la segunda moneda estable del mercado, se anotó este viernes un 1%, y mejora aún más su subida vertiginosa, que es ya del 670%, desde su debut a Bolsa a principios de junio. Coinbase, el mayor exchange estadounidense, repuntó un 5%. En el año se anota un 75%.

El ecosistema cripto ha aplaudido la aprobación del texto. Desde Bitpanda consideran que “el impulso regulatorio en Washington finalmente está alcanzando el ritmo de innovación del mundo cripto”, mientras en Kraken hablan de un momento histórico “que continuará acelerando la integración de las criptomonedas en el sistema financiero”.

La aprobación de la ley Genius representa un paso adelante para la industria que queda a la espera del visto bueno de otra pieza, el Clarity Act, una normativa que se asemeja más al reglamento europeo MiCA, que entró en vigor el pasado 30 de diciembre. De hecho, mientras el Genius Act se centra en las monedas estables, MiCA regula la emisión de stablecoins y de activos digitales, así como la gestión, la oferta, el intercambio, la negociación y la transferencia de criptoactivos.

Javier Pastor, director de Formación de Bit2Me, cree que la normativa estadounidense busca establecer un marco legal claro pero sin una regulación intrusiva: “Los objetivos son que la adopción crezca rápidamente, que haya más incentivos para las empresas y que el mercado de EE UU sea atractivo”. MiCA, en cambio, es una legislación más solida, con más requisitos de transparencia, garantista con el consumidor y preventiva, concluye el experto.

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