Telefónica del Perú declara el concurso de acreedores por el conflicto fiscal
La filial andina recibe una inyección de 394 millones para evitar impagos y se plantea su salida del país
Telefónica del Perú ha decidido solicitar voluntariamente el concurso de acreedores para responder a la crisis financiera que afecta al negocio en el país andino, y a los pleitos fiscales que arrastra desde hace dos décadas por más de 1.000 millones de euros.
A fin de evitar los impagos a proveedores y empleados, Telefónica Hispam, de la que depende societariamente, saldrá al rescate de su filial con una inyección crediticia de 394 millones de euros (1.549 millones de soles peruanos), con un vencimiento de 18 meses, para hacer frente a las necesidades inmediatas de pagos, según ha informado la empresa través de un hecho relevante a la CNMV.
La compañía procede ahora a realizar una restructuración ordenada de los pasivos de Telefónica del Perú a través de lo que en el país se denomina Procedimiento Concursal Ordinario. El operador explica que, “como es de público conocimiento, la situación financiera de Telefónica del Perú se ha visto muy negativamente afectada por contingencias fiscales de más de 20 años de antigüedad, así como por decisiones administrativas que han colocado a la compañía en una posición de desventaja competitiva en un entorno de mercado particularmente desafiante”, según señala en el comunicado.
Telefónica también ha reiterado en los últimos meses que los pasivos de Telefónica del Perú no se encuentran garantizados por ninguna otra entidad de la matriz, lo que podría producir otras suspensiones de pago en cadena.
Con vistas al futuro, la compañía que preside Marc Murtra seguirá explorando alternativas estratégicas respecto de su inversión en Telefónica del Perú, ha indicado, en alusión a una posible venta y consiguiente salida del país. A finales de enero, la propia compañía reconoció conversaciones con potenciales inversores del país. “La protección del marco concursal permitirá a Telefónica del Perú reestructurar sus pasivos en forma ordenada y con el concurso de acreedores”, dice la compañía en el comunicado.
La filial peruana cuenta con un total de 13 millones de clientes entre zonas urbanas y rurales del Perú. “Este es el mejor camino para proteger la prestación de los servicios de telecomunicaciones a los peruanos”, asegura la teleco.
Elena Maestre, presidenta ejecutiva de Telefónica del Perú, ha explicado en un comunicado que “después de evaluar diferentes alternativas para asegurar la estabilidad financiera de la compañía, llegamos a la conclusión de que acogernos de manera voluntaria al Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) es el mejor camino para proteger la prestación de los servicios de telecomunicaciones a los peruanos. Estamos enfocados junto a empleados y proveedores en garantizar la permanencia de Telefónica del Perú a largo plazo, para llevar a nuestros clientes la mejor tecnología, cumpliendo nuestros compromisos regulatorios”.
En el mismo comunicado distribuido por Telefónica del Perú entre los inversores del país se recuerda que “el inicio del proceso de reestructuración no implica una liquidación ni mucho menos una quiebra, sino que proporcionará a la compañía la capacidad de trabajar con sus acreedores y otras partes interesadas para seguir sirviendo al Perú, proteger a sus colaboradores, fortalecer su posición financiera y procurar la sostenibilidad de su negocio”.
Para organizar el proceso, la compañía ha contratado los servicios de la empresa Kroll, una consultora de asesoramiento financiero que integrará a un miembro de su equipo como Director de Reestructuración.
La compañía esgrime que, en los últimos años, su situación financiera de Telefónica del Perú se ha visto afectada por las referidas contingencias fiscales de más de veinte años de antigüedad, así como por decisiones administrativas que han colocado a la compañía en una posición de desventaja competitiva en un entorno de mercado particularmente desafiante. La empresa española se refiere al conflicto sin fin que mantiene con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) que desde 2002 le reclama año a año cantidades “arbitrarias”, que ya superan los 850 millones, la mayor parte en sanciones e intereses, sin que se conozca si quiera cuál es el importe principal del litigio.
Arbitraje en el Ciadi
Precisamente, la declaración de concurso se produce cuando está a punto de dirimirse ese pleito fiscal que enfrenta a Telefónica con las autoridades del país. El Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversión (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, ha fijado para este mes de febrero varios días de audiencias para escuchar los argumentos de ambas partes del conflicto y decidir si se incumplió un acuerdo bilateral de inversión entre España y la República de Perú. Por estos hechos, la empresa de telecomunicaciones reclama la devolución de más de 1.000 millones de euros.
Telefónica, que lleva presente en Perú 30 años, presentó una demanda de arbitraje en marzo de 2021 ante el Ciadi, después de no llegar a ninguna solución amistosa con el país andino sobre la larga batalla legal que arrastra desde hace dos décadas sobre las medidas adoptadas por el Estado sobre impuestos devengados en 1998, 2000 y 2001. La compañía denuncia que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) —la agencia tributaria peruana— ha incumplido las obligaciones recogidas en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República del Perú (APPRI), firmado en 1994 y que entró en vigor en 1996, cuya finalidad es dar protección a los inversores en el país y garantizar un trato “justo y equitativo de conformidad con el derecho internacional”, así como prohibir “medidas injustificadas y discriminatorias”.
En el plano financiero, a la filial tampoco le van bien las cosas. Los ingresos de los nueve primeros meses de 2024 de la filial peruana ascendieron a 1.103 millones de euros, con un descenso interanual del 8,1%, y suponen solo el 3,6% de los ingresos del grupo a escala mundial. A finales de septiembre del año pasado, el beneficio bruto operativo (ebitda) fue de 131 millones, lo que supone sólo el 1,4% del ebitda total del grupo, que debió realizar una provisión de 314 millones de euros en el tercer trimestre por el deterioro del fondo de comercio de Perú.
La suerte tampoco le acompaña en el plan de monetizar los activos. El pasado mes de noviembre Telefónica rompió el acuerdo que alcanzó en el julio de 2023 con la firma de inversión KKR y la filial peruana de la chilena Entel para la constitución de una empresa conjunta de fibra óptica en Perú. Por aquel pacto, la empresa española acordó la venta a sus dos socios de un 64% de Pangea, su filial mayorista de fibra en el país andino.
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