Telefónica y Perú se verán las caras en febrero para discutir una reclamación de más de 1.000 millones en impuestos
El Ciadi celebrará varias audiencias para que los abogados de ambas partes expongan sus argumentos sobre la violación de un tratado internacional antes de que un tribunal resuelva el arbitraje
El arbitraje entre Telefónica y Perú encara su recta final con la discusión ante un tribunal sobre los daños y perjuicios ocasionados por la histórica controversia por el pago de impuestos. El Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversión (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, ha fijado para febrero de 2025 varios días de audiencias para escuchar los argumentos de ambas partes del conflicto y decidir si se incumplió un acuerdo bilateral de inversión entre España y la República de Perú. Por estos hechos, la empresa de telecomunicaciones reclama la devolución de más de 1.000 millones de euros.
Telefónica, que lleva presente en Perú 30 años, presentó una demanda de arbitraje en marzo de 2021 ante el Ciadi, después de no llegar a ninguna solución amistosa con el país andino sobre la larga batalla legal que arrastra desde hace dos décadas sobre las medidas adoptadas por el Estado sobre impuestos devengados en 1998, 2000 y 2001. La compañía denuncia que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) —la agencia tributaria peruana— ha incumplido las obligaciones recogidas en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República del Perú (APPRI), firmado en 1994 y que entró en vigor en 1996, cuya finalidad es dar protección a los inversores en el país y garantizar un trato “justo y equitativo de conformidad con el derecho internacional”, así como prohibir “medidas injustificadas y discriminatorias”.
Las vistas, que se celebrarán en Washington (Estados Unidos) —donde el Ciadi tiene su sede—, tendrán lugar casi cuatro años después del inicio de este pleito. Según han informado fuentes jurídicas a este periódico, las defensas de ambas partes expondrán su postura sobre diversas cuestiones pendientes de analizar, además del fondo y la posible existencia de daños y perjuicios por la aplicación de intereses indebidos, como las objeciones planteadas por Perú sobre la validez (jurisdicción) de un tribunal de arbitraje para conocer el litigio. Telefónica está asesorado por los despachos Uría Menéndez y White & Case, mientras que los servicios jurídicos de Perú cuentan con el apoyo externo del despacho Foley Hoag.
Este hito será crucial para la deliberación posterior del tribunal y el dictado de un laudo, que se espera para la primavera o verano del año que viene, según las fuentes consultadas, que advierten de que el fallo se puede dilatar por la complejidad del asunto, como está ocurriendo con otros conocidos arbitrajes de inversión, como el que, precisamente, enfrenta a la energética española Enagás y Perú. El tribunal está compuesto por los árbitros Luca G. Radicati di Brozolo (presidente), Henri C. Álvarez y Atila Massimilino Tanzi. Este último jurista se sumó al órgano colegiado el pasado 12 de agosto en sustitución del árbitro Hugo Perezcano Díaz, que fue designado por Perú y que presentó su renuncia en julio de este año.
El quantum de la compensación reclamada se eleva hasta los 1.120 millones de euros relacionados con los tributos a satisfacer por Telefónica en Perú, que también han sido objeto de discusión en los tribunales peruanos. La compañía española plantea la devolución de unos 523 millones de euros que ya ha desembolsado a las arcas peruanas, y que, en su opinión, vulnera los tratados bilaterales, según informó El Economista y han confirmado fuentes de la compañía. Por este mismo motivo, la teleco también pide no abonar otros 592 millones que ya estaban provisionados, a lo que se suma otros 6,7 millones de los costes legales de la histórica controversia fiscal.
Medidas “arbitrarias”
La filial de Telefónica en Perú tiene numerosos procesos judiciales por las medidas aplicadas por el Sunat que, a su juicio, son “arbitrarias y carentes de sustento”, como la aplicación de intereses de demora fuera de los plazos legales establecidos. Uno de los principales procesos judiciales sobre este asunto ha tardado más de 20 años en resolverse, pero aún siguen flecos abiertos, como el arbitraje o la ejecución de sentencias. La compañía comunicó al mercado que, “en cumplimiento de lo resuelto por el Poder Judicial en última instancia” en 2021, había ordenado pagar al fisco peruano 337 millones de euros (una cantidad que estaba provisionada) correspondiente a las deducciones en el impuesto sobre la renta de los ejercicios fiscales de 2000 y 2001, por “respeto a la institucionalidad y la seguridad jurídica”, pero dejando expresa su protesta, ya que el tribunal había reconocido los argumentos de la empresa sobre el cómputo de intereses.
Sin embargo, sobre el ejercicio de 1998, que también había sido cuestionado por la hacienda peruana, la justicia definió que no existía deuda, sino un saldo a favor de la compañía. Aun así, la Sunat procedió a ejecutar la fianza completa por los tres años fiscales, lo que fue recurrido por Telefónica. La Corte Superior de Justicia de Lima dio la razón a la empresa a finales de agosto y obligó a la administración a devolver 89 millones de euros cobrados indebidamente.
Sobre la firma
