El triple veto que debe esquivar la lusa Altri para salvar una inversión de 1.000 millones en Galicia
La Xunta debe autorizar la declaración del impacto ambiental de la planta de fibras textiles que quiere construir en Lugo, el Gobierno central tiene que conectarla a la red eléctrica y Bruselas debe verificar que no hay daño al medio ambiente antes de aportar 250 millones en fondos Next Generation
Altri, la firma portuguesa que se llevó en 2021 el concurso convocado doce meses antes por la Xunta de Galicia, para liderar un proyecto industrial que conllevaba una inversión de 1.000 millones de euros, se encuentra en un callejón sin salida aparente. En esa fecha se convirtió en el socio industrial del consorcio público-privado Impulsa Galicia que perseguía fondos Next Generation para construir una planta de producción de fibras textiles a partir de celulosa. Todo el apoyo político y social que recibió desde esa fecha hasta febrero de 2024, coincidiendo con las últimas elecciones autonómicas, por el supuesto impacto económico positivo del proyecto (la inyección de fondos generaría 500 empleos directos y 2.000 indirectos), se ha convertido, desde la nueva victoria del PP, en animadversión y en una campaña de desacreditación por parte de la oposición, según recalcan fuentes cercanas a la compañía. En concreto, señalan a la organización ecologista Greenpeace, que alerta de la “eucaptilización” de Galicia (la prevalencia casi exclusiva del eucalipto frente a otras especies por la presencia de Ence más la futura producción de Altri) con la consiguiente pérdida de biodiversidad y que denuncia que el proyecto no reúne los requisitos para ser financiado con fondos europeos por el impacto negativo que tiene sobre el agua del rio Ulloa del que se abastecería.
Esas mismas fuentes rechazan todas las acusaciones y apuntan a que forma parte de la estrategia encabezada por el BNG, tras haber perdido las últimas elecciones, para hacer oposición al PP, firme defensor del proyecto. Pese a ese clima de rechazo, Altri consiguió salvar hace dos semanas el primero de los match-ball que va a tener que jugar en los próximos meses, al lograr un informe positivo por parte de Aguas de Galicia, en el que reconocía que la planta cumple con los objetivos medioambientales marcados por la Comisión Europea, la Organización Mundial de la Salud y las legislaciones estatal y autonómica en esa materia. Los ecologistas, sin embargo, le acusan de que consumirá tanta agua como toda la provincia de Lugo.
A la firma portuguesa, sin embargo, le queda todavía escalar su particular monte Everest hasta que logre poner, si es que algún día lo consigue, la primera piedra de ese proyecto. Para ello tendrá que esquivar un triple veto. El primer repecho lo va a encontrar en la decisión que debe tomar la Xunta de Galicia en las próximas semanas para darle una declaración de impacto ambiental (DIA) positiva. “Si no reciben la declaración de impacto ambiental, no habrá proyecto. Pero no consideran que haya ninguna razón para no recibirla porque aseguran que están cumpliendo con todo lo que se les pide”. La empresa confía en que la obtendrá en marzo y que hará lo mismo en junio con la autorización ambiental integrada, que acredita que no supone ningún daño sobre salud pública, paisaje natural, patrimonio cultural o dominio público marítimo-terrestre.
El segundo sería la obtención de un permiso de Red Eléctrica para conectar la planta, algo imprescindible para poder operar, tanto a la hora de pedir más energía en picos de producción como para devolver al sistema los excedentes cuando se contraiga la demanda. En el proyecto, la planta estaría conectada a la subestación situada en la localidad lucense de Melide, aunque a fecha de hoy, tal y como confirman desde la propia compañía, esa conexión no está incorporada en ninguna normativa. El Ejecutivo central estaría en una posición de espera mientras el proyecto consigue todos los permisos medioambientales. Fue la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la que vinculó el pasado jueves la percepción de ayudas con el cumplimiento de las normas. “Deberá cumplir con el principio de no daño significativo al medio ambiente para recibir los hasta 250 millones de euros que reclama para financiar esta iniciativa”.
Superados ambos escollos, el tercero tampoco parece menor: la Comisión Europea tendría que dar su visto bueno y garantizar que cumple con todos los requisitos medioambientales para que el Gobierno le concediera los 250 millones de euros de fondos Next Generation. A ello se sumaría otra ayuda de un máximo de 30 millones ligada al Plan Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (Perte) ligado a la descarbonización.
La última bala que deberá esquivar, en el caso de que se le reconozcan todos los permisos que ahora no tiene, es la de la financiación. El proyecto contempla una inversión de 1.000 millones de euros, de los que 250 millones (un 25% del total) procederán de fondos públicos. Otro 25% estará en manos del sector privado, mientras que el resto será deuda comercial. Por si todos estos contratiempos fueran pocos, otro que asoma en el horizonte y que esas mismas fuentes dan por descontado es la activación de un intenso proceso de denuncias y litigios para judicializar la causa y obligar a la empresa a realizar provisiones, mientras el proyecto volvería a encallar.
¿Habría suficiente espacio legal para que Altri reclame daños o perjuicios a las organizaciones ecologistas o a los partidos políticos que llevan tres años poniéndole palos en las ruedas por falta de seguridad jurídica? Esas fuentes cercanas a la compañía creen que sí, que hay base para demandar y para ello ponen como ejemplo lo sucedido entre Shell y Greenpeace. La petrólera interpuso a finales de 2023 una demanda contra la ONG reclamando una compensación por daños de más de un millón de dólares, más costas legales, por la protesta que hizo ocupando una plataforma petrolera móvil de la compañía cerca de Gran Canaria. Los activistas de Greenpeace permanecieron 13 días a bordo de un barco que transportaba una plataforma petrolífera de Shell en aguas al norte de Canarias para protestar por la perforación de gas y petróleo en el Mar del Norte, y desembarcaron en el puerto noruego de Haugesun tras 4.000 kilómetros de travesía. Finalmente Greenpeace y Shell pactaron que Greenpeace haría una donación de 300.000 libras (unos 360.000 euros) a la organización de rescate Royal National Lifeboat Institution (RNLI) a cambio de que Shell retirara su demanda.
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