Repsol y CaixaBank se libran del juicio por contratar a Villarejo
El tribunal de la Audiencia Nacional anuncia que no resolverá nada sobre la presunta responsabilidad civil subsidiaria de las compañías porque los perjudicados pedirán indemnizaciones por la vía civil
Repsol y CaixaBank se libran del juicio por la contratación de los espionajes del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Así lo ha anunciado el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha iniciado este lunes la vista oral por las presuntas irregularidades en los encargos que ambas compañías realizaron al expolicía en 2011 y 2012 para espiar al expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero y su entorno más cercano con el objetivo de frenar la alianza de la constructora y la mexicana Pemex, que pretendían hacerse con el control de la petrolera española. Se trata del primer juicio del caso Villarejo que salpica directamente a una empresa del Ibex 35, si bien en este caso las compañías afrontaban la vista oral como posibles responsables civiles subsidiarios de los delitos que se atribuyen a sus exjefes de seguridad, que son los únicos directivos acusados.
Según ha explicado la presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, las acusaciones particulares, representadas por los perjudicados de los espionajes realizados por Villarejo, han hecho “expresa reserva del ejercicio de las acciones civiles o renuncia a las mismas”. “Con lo cual las entidades que venían siendo responsables civiles subsidiarias supuestamente quedarán fuera de este procedimiento y por tanto no se ventilará en el mismo nada relacionado con dicha responsabilidad civil”, ha indicado en el arranque del juicio, al tiempo que ha dado la opción a los representantes legales de las cotizadas a abandonar la sala.
Tanto el expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero como su mujer, Natividad Martínez, y el accionista de la constructora Vicente Benedito Francés no han pedido ninguna indemnización en este procedimiento por los delitos contra la intimidad cometidos contra ellos con las investigaciones enmarcadas en el proyecto Wine, por el que Repsol y CaixaBank abonaron en total 413.600 euros. Estos tres perjudicados de los espionajes han optado por dirimir esta cuestión por la vía civil, una vez se resuelva la causa penal.
En un principio, sí solicitaron una compensación los también espiados Rodrigo Álvarez Vázquez, exjefe de seguridad de Sacyr Vallehermoso, y Fernando Ramírez Mazarredo, antiguo director financiero de Repsol, si bien finalmente han renunciado a defender dicha reclamación ante la Audiencia Nacional. Ante esta situación, la Fiscalía Anticorrupción, que planteó la indemnización por daños y perjuicios en relación a estos dos perjudicados y que Repsol y CaixaBank acudieran a la vista oral como posible responsables civiles subsidiarios por los delitos presuntamente cometidos por sus exjefes de seguridad, así como la Administración del Estado por la supuesta actuación ilícita de José Manuel Villarejo, que en el momento de los hechos seguía en activo en la Policía Nacional, ha retirado esta acusación.
Así las cosas, el banquillo de los acusados lo conforman los entonces jefes de Seguridad de las compañías del Ibex 35, Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (CaixaBank), además del ex subdirector de servicios de apoyo de la dirección de seguridad corporativa de la petrolera Rafael Girona. También figura José Manuel Villarejo —que se sienta en el estrado de los abogados ya que lleva su codefensa, junto a su abogado Antonio José García Cabrera— y su socio Rafael Redondo, todos ellos por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil. El tribunal ha aceptado la petición de sus defensas de que declaren en último lugar, es decir una vez que declaren testigos y peritos.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 40 años y seis meses de prisión para el comisario jubilado y 32 años y medio para su mano derecha; mientras que plantea una condena de 28 años de cárcel para Araujo, y 21 años de prisión para Girona y Fernández Rancaño. Por su parte, Luis del Rivero y su cónyuge (también espiada) piden penas inferiores a las interesadas por el ministerio público: 14 años de prisión para el expolicía, 11 años de cárcel para cada uno de los directivos de seguridad de Repsol y CaixaBank, y ocho años y dos días de cárcel para Rafael Redondo.
Del Rivero insiste en llamar a Brufau y Fainé
Asimismo, el abogado del expresidente de Sacyr Vallehermoso ha insistido al tribunal para que llame a declarar como testigos a cinco altos cargos de Repsol y CaixaBank, cuyos testimonios fueron rechazados. Entre ellos se encuentran el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, y el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé. En un auto de admisión de pruebas, dictado el 10 de abril de 2024, el tribunal no aceptó estas declaraciones al entender que durante la instrucción no ha acreditado su “conocimiento alguno concreto de los hechos objeto de enjuiciamiento”.
El abogado de Del Rivero, Jaime Campaner, discrepa en este punto. Durante su intervención en la fase de cuestiones previas —trámite por el que las defensas pueden intentar anular el procedimiento por vulneración de derechos y en el que las acusaciones pueden pedir la práctica de nuevas pruebas— ha recordado que, pese a que tanto Brufau como Fainé quedaron exonerados de cualquier responsabilidad por los trabajos de Villarejo, en sus declaraciones como investigados admitieron su conocimiento sobre la contratación de un servicio de seguridad tras conocer el pacto entre Sacyr y Pemex y la necesidad de “compartir los servicios de inteligencia de Cenyt”, la empresa a través de la cual Villarejo realizaba y facturaba sus espionajes. La defensa del acusado Rafael Araujo, ejercida por el abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos, se ha opuesto a estas testificales al entender que sus declaraciones traspasaría el auto de apertura de juicio oral, que fijó los hechos concretos a analizar durante el juicio.
Por parte de Villarejo, su abogado Antonio José García Cabrera, que ha llevado la voz cantante durante la primera sesión del juicio en la que se han expuesto cuestiones procesales, ha denunciado que todo el caso Villarejo, así como cada una de las piezas separadas que conforman la macrocausa, es “prospectiva”. “Cuando se inicia este proceso, nada sabía el denunciante sobre un proyecto Wine. Él solo sabía que [José Manuel Villarejo] podía tener algunas cuentas en el extranjero. Y con esto se desató una investigación y se empezaron a abrir carpetas para descubrir qué había”, ha afirmado el letrado.
En este sentido, ha insistido en que tenía compatibilidad administrativa para realizar sus trabajos privados a través de sus empresas y que se trataba de una “actividad autónoma sin vinculación con las funciones oficiales” que desarrollaba en la Policía Nacional. En relación al encargo de Repsol, el abogado del comisario jubilado ha afirmado que estaría prescrito.
El abogado de Villarejo también ha invocado la vulneración del derecho a la defensa. A lo largo de su exposición de cuestiones previas, el letrado ha puesto en duda la cadena de custodia de los documentos y grabaciones de audio que fueron incautados en los domicilios de Villarejo y su socio Rafael Redondo y que han sustentado las pesquisas. Así, ha solicitado que se llame a declarar como testigos a la entonces cúpula policial, muchos de ellos investigados en otras piezas separadas del caso Villarejo, como el exdirector adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, el exresponsable de la Unidad Central de Delincuencia Económica José Luis Olivera, y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán.
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