La incertidumbre planea sobre el Ibex mientras se prepara para rendir cuentas sobre sostenibilidad
Las empresas del selectivo serán las primeras en presentar sus informes de información no financiera conforme a las exigencias de Bruselas, pero sin que la ley que regulará estos reportes esté aprobada
La primera oleada de informes sobre sostenibilidad en cumplimiento de los nuevos estándares europeos está a punto de llegar y la “incertidumbre” es la palabra que más se repite en los entornos empresariales y de auditoría. Las cotizadas del Ibex 35 se encuentran inmersas en el cierre del ejercicio de 2024 y antes de que finalice el primer trimestre de 2025 presentarán sus resultados anuales que, como es habitual, irán acompañados de un informe de auditoría. Pero este año cuentan con una importante novedad: deberán ser más transparentes y exponer de manera cualitativa y cuantitativa cómo sus actividades impactan en factores ambientales, sociales y de gobernanza. Sin embargo, las reglas del juego aún no están del todo fijadas, a falta de que la ley que regulará este tipo de información vea la luz.
Las compañías españolas (no solo las del selectivo español) ya aportan esta información al mercado desde 2018, si bien la directiva europea sobre información de sostenibilidad —conocida como directiva CSRD (por sus siglas en inglés), aprobada en diciembre de 2022— va a marcar un antes y un después, ya que obliga a dar más detalles al respecto con el objetivo de que los compromisos en estos ámbitos no queden ahí y se hagan realidad. La denominada información no financiera debe cumplir el principio de la doble materialidad, es decir, las compañías tienen que identificar el impacto de su cadena de valor en la sociedad y medio ambiente, así como sus riesgos y oportunidades desde el punto de vista financiero. “Es como una norma contable de sostenibilidad. Es tener un lenguaje común a la hora de hablar de sostenibilidad que permita a las compañías saber si están avanzando o no en esta materia y al inversor, financiador o cliente tener información fidedigna, trazable y robusta”, explica Alberto Castilla, socio responsable del área de sostenibilidad de EY.
“Este primer informe será un hito apoyado por la experiencia anterior. El mercado debe ser consciente de que se irá viendo una mejora en el modelo de reporting y de control de este tipo de información en los próximos años”, señala Patricia Reverter, socia responsable de Assurance ESG de KPMG.
Las entidades de interés público de más de 500 empleados, entre las que se encuentran las empresas del Ibex 35, todas ellas auditadas por las denominadas big four (KPMG, PwC, Ey y Deloitte), serán las primeras en reportar esta información en relación con el ejercicio de 2024, cuyos resultados se publican este año. En 2026, se sumarán las grandes empresas con más de 250 empleados, una facturación de 50 millones de euros y un activo superior a 25 millones de euros, y en 2027, las pymes cotizadas. No obstante, el trámite parlamentario sobre la futura Ley de información empresarial sobre sostenibilidad no ha concluido, por lo que muchas de las empresas afectadas se enfrentan a este nuevo reto con dudas. “La falta de transposición de la CSRD al ordenamiento jurídico español está provocando incertidumbre, generando un vacío legal en el que las empresas no tienen claro qué y cómo reportar” este tipo de información que, además, es “muy sensible y relevante en la actualidad”, afirma Concha Iglesias, socia líder de Sustainability & Climate de Deloitte España.
Aunque la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Instituto de Contabilidad Auditoría y Cuentas (ICAC) recomendaron, en un comunicado conjunto difundido el pasado noviembre, preparar los informes de sostenibilidad conforme a la directiva europea y los estándares europeos de sostenibilidad ESRS, los expertos en esta materia adelantan que en este primer año va a haber informes diferentes: algunas de las empresas van a publicar información que solo cumplen con la Ley de Información no Financiera de 2018, que es la aún vigente, mientras que otras incluirán ya los parámetros fijados por Bruselas.
“Todo ello va a dificultar la comparabilidad de la información, pudiendo afectar con ello en la confianza de los inversores y en otras partes interesadas”, apunta Iglesias. Por ello, considera que sería “muy recomendable resolver esta situación de incertidumbre cuanto antes, para poder disponer de una palanca crítica para el impulso y medición de los objetivos de descarbonización de las compañías y sus planes de transformación asociados”.
Control interno y planes a futuro
A lo largo del último año, las empresas han ido intensificado sus trabajos para ofrecer datos más fiables. Entre los retos de las compañías para cumplir con el nuevo marco regulatorio, los expertos en sostenibilidad hacen hincapié en dos muy concretos: la necesidad de reforzar los sistemas de control interno de la información no financiera y poder detallar decisiones y objetivos a corto, medio y largo plazo. “La Comisión Europea, apalancándose en una normativa de reporting, busca la transformación de las compañías hacia modelos de negocio sostenibles. La información a divulgar no está pensada para que se tache de una lista de tareas pendientes en unos pocos meses o incluso en un par de años. Está diseñada para impulsar cambios a largo plazo en las empresas”, resume Pablo Bascones, socio responsable de Sostenibilidad y Cambio Climático en PwC.
En esta línea, Alberto Castilla (EY) subraya que “el verdadero objetivo es cambiar la medida del éxito de las compañías, no solo financiero sino también de sostenibilidad. Tiene que ver con la cultura corporativa y la gestión del cambio. Es una norma contable que afecta a todo el organigrama, no solo al responsable de sostenibilidad”. Según el séptimo informe anual que elabora EY sobre los Estados de Información No Financiera (EINF) en empresas del Ibex 35, con el modelo de reporte de la ley de 2018, algo más del 35% de los indicadores reportados entre 2018 y 2023 (el último ejercicio del que hay resultados anuales) estarían ya alineados con los que exige la directiva europea. Visto desde otro punto de vista: faltaría un 65% del trabajo por hacer, indica.
Pero no solo las empresas tienen dudas, también las firmas de servicios profesionales, que se han visto obligadas a engrosar sus equipos de auditorías con sus expertos de sostenibilidad para que sus análisis financieros estén alineados con los nuevos reportes. “Con las nuevas exigencias en esta materia, la colaboración e integración entre auditores financieros y verificadores resulta clave, ya que ahora hay muchas cuestiones que deben contrastarse con el equipo de auditoría, tantos ratios no financieros como compromisos en los planes de transición”, apostilla Patricia Reverter (KPMG). Por este motivo, la tendencia en el Ibex ha sido pedir a las mismas compañías que realizan su auditoría externa verifiquen también el documento sobre información no financiera, según señalan varias fuentes de firmas de servicios profesionales. Durante un periodo transitorio, los informes de sostenibilidad serán firmados por los auditores de cuenta, si bien la futura ley prevé la creación de la nueva profesión de verificador de sostenibilidad.
“Es un primer año con dificultades en la interpretación del criterio de los estándares no solo para los emisores, sino también para las firmas de auditorías”, afirma Bascones. En este sentido, desde el Instituto Censores Jurados de Cuentas (ICJE) se han creado grupos de trabajos con el objetivo de “facilitar la interpretación de algunos requerimientos contemplados por los estándares europeos de sostenibilidad”, entre los profesionales de auditoría, explica el socio de PwC, que también preside la Comisión de Sostenibilidad de la institución. Asimismo, la Comisión Europea también ha creado un directorio de preguntas y respuestas que aclara mucha de las dudas que surgen.
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