Del Rivero pide que Brufau y Fainé declaren en el juicio por el espionaje de Villarejo
El expresidente de Sacyr Vallehermoso solicita su interrogatorio como testigos por el encargo de Repsol y CaixaBank a la empresa del comisario
El expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero ha solicitado que los presidentes de Repsol y Fundación La Caixa, Antonio Brufau e Isidro Fainé, respectivamente, declaren como testigos en el juicio que próximamente se celebrará en la Audiencia Nacional por la contratación en 2011 del comisario jubilado José Manuel Villarejo para que obtuviera información que frenara el pacto sindicado alcanzado entre la constructora y la mexicana Pemex para hacerse con el control de la petrolera española.
Brufau y Fainé estuvieron imputados en esta línea de investigación del caso Villarejo, si bien desde el pasado mes de enero se encuentran definitivamente fuera de la causa, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmara el archivo de su presunta responsabilidad acordado por el juez instructor, Manuel García Castellón, que no vio ninguna prueba que demostrara que la orden de contratar a Villarejo partió de ellos.
Del Rivero considera necesario su interrogatorio durante la vista oral –cuya fecha aún no está fijada– para no dejar ningún fleco suelto sobre cómo surgió la idea de encargar un espionaje y que conocimiento tenían de ello los máximos responsables de las compañías del Ibex 35.
Por ello, la defensa del empresario les ha incorporado en la lista de testigos, en la que también están contemplados exdirectivos de ambas entidades que también estuvieron imputados, como el exsecretario general de Repsol Luis Suárez de Lezo, los ex responsables corporativos de servicios patrimoniales de la petrolera Juan Amunategui y Joaquín Uris, y el ex director de medios de CaixaBank Antonio Massanell; así como el responsable del área de compliance (cumplimiento normativo) de la petrolera o la jefa de auditoría del banco, que comparecieron como testigos ante el juez instructor.
El listado se encuentra incluido en el escrito de acusación provisional que Del Rivero y su mujer, Natividad Martínez – también víctima de los espionajes– , ha presentado ante la Audiencia Nacional, y al que ha tenido acceso CincoDías, contra Villarejo; su socio Rafael Redondo; y los ex jefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank por los delitos de cohecho y contra la intimidad.
En concreto, el expresidente de Sacyr Vallehermoso y su cónyuge solicitan para el comisario jubilado José Manuel Villarejo la condena de 14 años de prisión; mientras que para el ex jefe de seguridad de Repsol Rafael Araujo, ex subdirector de servicios de apoyo de la dirección de seguridad corporativa de la petrolera Rafael Girona y el ex responsable del área de seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño interesa 11 años de prisión. La menor pena solicitada es para el abogado y socio del comisario en Cenyt, Rafael Redondo, para quien se pide y ocho años y dos días de cárcel.
Estas solicitudes de condenas son inferiores a las que ha reclamado la Fiscalía Anticorrupción, que ha interesado 40 años y medio de prisión para Villarejo; 32 años y medio para Redondo; 28 años de cárcel para el exjefe de seguridad de Repsol; y 21 años de prisión para el que fuera número dos de seguridad de la petrolera y para el ex responsable del mismo área en CaixaBank.
Reacción “virulenta”
La defensa de Del Rivero, ejercida por el abogado Jaime Campaner, explica en el escrito de acusación provisional que las cúpulas de Repsol y CaixaBank, una de los principales accionistas de la petrolera española en esa época, reaccionaron de manera “virulenta” tras conocer que, en el verano de 2011, Sacyr y Pemex habían firmado un acuerdo, con una duración de 10 años prorrogables por periodos sucesivos de cinco años, para controlar casi un tercio de las acciones de Repsol y así liderar su consejo de administración.
Así, a través de sus directores de seguridad corporativa, se contrataron los servicios de Villarejo, por 389.400 euros, para obtener información de “las debilidades personales o económicas” de Del Rivero y su círculo más cercano y para utilizar la “influencia” del expolicía en los medios de comunicación “con el objetivo de anular el tan manido pacto”, señala el escrito, que relata cómo se gestó el denominado proyecto Wine.
Además, subraya la gravedad del encargo a Villarejo, debido a que éste se hizo a sabiendas de su condición de funcionario policial en activo y “del carácter secreto de los datos e informaciones a averiguar (con quién se comunicaban telefónicamente sus objetivos y el contenido del mismo de las comunicaciones), que únicamente podrían obtenerse lícitamente mediando causa por delito y previa resolución judicial habilitante”.
En el relato de hechos, el abogado de Del Rivero también expone un episodio concreto. En concreto, recuerda que en agosto de 2011, cuando aún no era público el pacto sindicado, Brufau y Suárez de Lezo se presentaron en la sede de Pemex en México para ver al director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, y al director general de PMI (filial de la petrolera mexicana) y consejero dominical de Repsol en representación de Pemex, José Manuel Carrera Panizzo, para “recomendarles que no llevaran a cabo el citado pacto y, que en todo caso, sindicaran con CaixaBank”.
Dos archivos
Este es uno de los puntos que Del Rivero quiere aclarar y por los que solicita llamar a declarar como testigos tanto a los directivos de Pemex como a los de Repsol y CaixaBank. En el caso de Brufau y Fainé, ambos estuvieron investigados, si bien el juez instructor Manuel García Castellón archivó su presunta responsabilidad, así como la Repsol y CaixaBank como personas jurídicas, en julio de 2021, al entender que no existen pruebas que acreditaran que su intervención directa en los trabajos de Cenyt.
El sobreseimiento duró poco, ya que la Sala de lo Penal ordenó reabrir la investigación y volverles a imputar, al entender que faltaba la práctica de una serie de diligencias necesarias como la declaración de Enrique Hernández, el compliance officer de Repsol, es decir el responsable de controlar que la compañía cumple con todas las normas tanto externas como internas, y de la responsable de auditoría interna de CaixaBank, María Luis Retamosa. Precisamente estas testificales han sido también reclamadas por Del Rivero para que se vuelvan a repetir ante el tribunal que juzgue la contratación de Villarejo.
Tras sus interrogatorios en fase de instrucción, el magistrado García Castellón se reafirmó en su decisión inicial y en junio de 2022 volvió a acordar el archivo de la causa con respecto a Brufau y Fainé y las empresas, una decisión que finalmente fue confirmada por la Sala de lo Penal a principios de este año.
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