Repsol y CaixaBank afrontan el primer juicio a una empresa del Ibex por contratar a Villarejo
Ambas compañías tienen la condición de posibles responsables civiles subsidiarias por los presuntos delitos que habrían cometido sus jefes de seguridad
La Audiencia Nacional celebra hoy un nuevo juicio por la contratación de los espionajes del comisario jubilado José Manuel Villarejo. La Sala de lo Penal analizará, previsiblemente hasta mediados de marzo, los encargos que los exjefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank hicieron al expolicía en 2011 y 2012 para investigar al expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero con el objetivo de frenar su alianza con Pemex para hacerse con el control de la petrolera. Se trata del primer juicio del caso Villarejo que salpica directamente a una empresa del Ibex 35, si bien en este caso las compañías afrontarán la vista oral como posibles responsables civiles subsidiarios de los delitos que se atribuyen a sus exdirectivos. Pendiente de lo que suceda estarán Iberdrola, que tendrá el mismo estatus que la petrolera y el banco en un juicio muy similar por los la actuación de su responsable de seguridad, y BBVA, que es la única firma que hasta el momento está al borde de sentarse ante un tribunal como persona jurídica, pendiente de que se resuelva su recurso contra tal decisión.
Las primeras sesiones del juicio se dedicarán a las cuestiones previas, trámite en el que, por un lado, las defensas de los acusados pueden denunciar irregularidades cometidas durante la instrucción de la causa e invocar vulneración de derechos fundamentales para intentar anular el procedimiento y, por otro lado, las acusaciones pueden proponer la práctica de nuevas pruebas. Fuentes cercanas a Del Rivero, personado como víctima del espionaje de Villarejo, señalan que su defensa planteará de nuevo la testifical del presidente de Repsol, Antonio Brufau, y de La Fundación La Caixa, Isidro Fainé, pese a que el tribunal ya lo rechazó al entender que no se ha acreditado “conocimiento alguno concreto de los hechos objeto de enjuiciamiento”, de acuerdo al auto de admisión de prueba dictado el 10 de abril de 2024.
La causa se archivó para Brufau y Fainé
Brufau y Fainé estuvieron investigados en la línea de investigación de la macrocausa centrada en Repsol y CaixaBank —que en el momento de los hechos era el principal accionista de la petrolera—. No obstante, el juez instructor Manuel García Castellón (ya jubilado) acordó el archivo de su presunta responsabilidad al considerar que, aunque estaban al tanto de la contratación de un “servicio externo de seguridad” que costó en total 413.000 euros, no conocían los pormenores. Esta decisión fue levantada por la Sala de lo Penal, que estimó un recurso de Anticorrupción, si bien tras recabar una serie de testimonios ordenados por esta instancia superior, el instructor volvió a acordar el sobreseimiento, que fue ratificado. “Nada de ilícito hay en que Repsol y CaixaBank aúnen esfuerzos para frustrar un plan que consideran perjudicial paras sus intereses societarios, siempre y cuando actúen dentro de la legalidad”, señalaron entonces los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal.
Lo mismo ocurrió con las compañías, cuyos sistemas de compliance (cumplimiento normativo) fue analizado para comprobar que en la época de la contratación de Villarejo cumplían los requisitos previstos en el artículo 31 bis del Código Penal, que desde 2010 persigue la responsabilidad de las personas jurídicas. Pese a que Anticorrupción hizo hincapié en que estos planes de prevención de delitos no detectaron irregularidades supuestamente cometidas en los servicios prestados por Cenyt —la empresa con la que el comisario jubilado facturaba— para llevar a cabo el bautizado como proyecto Wine, la Sala de lo Penal concluyó que “ningún modelo es infalible”. Y añadió que si algún delito se comete por alguno de sus empleados, “no implica necesariamente que el modelo de prevención de delitos por la persona jurídica (compañía) sea inadecuado, incumpla la normativa vigente o falle”.
Así las cosas, en relación a las empresas, el procedimiento continuó únicamente contra los entonces jefes de Seguridad de las compañías del Ibex 35, Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (CaixaBank), y contra el ex subdirector de servicios de apoyo de la dirección de seguridad corporativa de la petrolera Rafael Girona. En el banquillo de los acusados también se sentarán José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo, todos ellos por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 40 años y seis meses de prisión para el comisario jubilado y 32 años y medio para su mano derecha; mientras que plantea una condena de 28 años de cárcel para Araujo, y 21 años de prisión para Girona y Fernández Rancaño. Asimismo, pidió que se considerara responsable civil subsidiario a las compañías por la actuación de sus ejecutivos y al Estado por la de Villarejo. Por su parte, Luis del Rivero y su cónyuge (también espiada) piden penas inferiores a las interesadas por el ministerio público: 14 años de prisión para el expolicía, 11 años de cárcel para cada uno de los directivos de seguridad de Repsol y CaixaBank, y ocho años y dos días de cárcel para Rafael Redondo.
La condición de responsable civil subsidiario no cambia la situación procesal de las empresas. Únicamente implica que si los exdirectivos de seguridad son finalmente condenados y no satisfacen las indemnizaciones a los afectados, en última instancia responderán las compañías. Lo mismo ocurre en el caso del Estado, que afrontaría la responsabilidad pecuniaria relativa a Villarejo, ya que era un funcionario en activo en la Policía Nacional en el momento de los hechos.
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