Gotham ficha a una acusación del Banco Popular y a un exabogado de la CNMV para defenderse en el caso Grifols
El bajista elige a Daniel Jiménez y Manuel A. Romero para tratar de demostrar que no engañó al mercado con su información sobre la farmacéutica
Gotham City Research ha puesto en marcha su artillería legal para esquivar posibles consecuencias penales por difundir a principios de enero cierta información sobre la farmacéutica catalana Grifols, que provocó su desplome en bolsa. El bajista ya ha fichado al equipo legal que defenderá ante la Audiencia Nacional que su actuación no fue irregular y que no constituye el delito contra el mercado y los consumidores por el que le ha denunciado la Fiscalía Anticorrupción. Los encargados de esta tarea serán Daniel Jiménez, fundador y socio de SLJ, que en los últimos años ha estado representando la acusación que han dirigido los bonistas del Banco Popular contra la excúpula directiva de la entidad; y Manuel A. Romero, socio fundador de RRBS Legal, que durante cuatro años fue abogado del Estado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según han informado fuentes cercanas a la firma norteamericana.
Se trata de dos letrados que conocen en profundidad el funcionamiento de los mercados y el desarrollo de causas judiciales económicas de tal complejidad como se prevé que será la que encara Gotham. Desde que el fondo liderado por Daniel Yu —que hace 10 años ya hizo caer a Gowex, pendiente de juicio por fraude— difundió en enero su primer informe acusando a Grifols de haber manipulado sus cuentas, se ha visto en el foco de las autoridades judiciales. La compañía de hemoderivados le denunció ante la justicia estadounidense por los daños ocasionados con sus informaciones.
En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a analizar lo ocurrido para ver si la conducta de Gotham y su matriz, General Industrial Partners, es constitutiva de delito. Para ello, requirió a la CNMV toda la documentación que había acumulado sobre el asunto, ya que también lo ha analizando desde su perspectiva reguladora. De hecho, el órgano abrió en septiembre sendos expedientes sancionadores contra Grifols por defectos en la información financiera y en los informes de gestión y contra los inversores Gotham y fondo General Industrial Partners por la supuesta manipulación de mercado en las acciones de la farmacéutica.
Información “sesgada y engañosa”
En opinión de Anticorrupción, existen indicios de que Gotham lanzó al mercado “información sesgada y engañosa”, por lo que presentó una denuncia que fue admitida a trámite el pasado 19 de noviembre por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. Este magistrado, que ha instruido varias causas económicas como la caída del Banco Popular u otras relacionadas con estafas piramidales con criptomonedas, requirió el pasado 11 de diciembre a Gotham y su matriz que designen abogado y procurador con el fin de tomarles declaración como personas jurídicas investigadas. Asimismo, solicitó a la CNMV que recabe, a través de sus canales de colaboración, una copia de la última resolución SEC, el supervisor del mercado bursátil de Estados Unidos, que archivó la investigación abierta a General Industrial Partners, matriz de Gotham, por estos hechos.
Tras conocer el inicio de la investigación en la Audiencia Nacional, Gotham ha puesto su confianza en el despacho SLJ, firma de litigación centrada en asuntos procesales de elevada complejidad y de carácter internacional, fundada por Daniel Jiménez. Este letrado, que fue socio y director del departamento procesal y arbitraje de la oficina española del despacho internacional Ashurst, es experto en procesos penales de naturaleza económica en la Audiencia Nacional.
Entre estos casos, destaca, precisamente, su intervención en el ya pendiente de juicio caso del Banco Popular, en el que, en representación de los bonistas que se vieron perjudicados por la ampliación de capital de la entidad en 2016 (entre ellos los fondos de inversión Pimco, Anchorage y Algebris, Mediobanca di Credito y Polus), reclama más 1.400 millones de euros a Banco Santander y PwC como responsables civiles, además de penas de prisión para los exdirectivos del banco.
En 2010, en representación de Meliá Hoteles, AC Hoteles, Pullmantur y Orizonia, Jiménez interpuso una denuncia contra el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, el empresario Ángel de Cabo y otras personas por alzamiento de bienes, que dio lugar a la operación Crucero. El también conocido como caso Marsans acabó con las condenas a cinco años de prisión para los dos empresarios, impuestas en septiembre de 2015 por la Audiencia Nacional y ratificadas por el Tribunal Supremo en junio de 2016.
Asimismo, Daniel Jiménez, durante su etapa en Ashurt, participó en el equipo que logró un importante cambio doctrinal al conseguir que el Tribunal Supremo considerase en octubre de 2014 la doctrina rebus sic stantibus, que implica que un contrato puede ser modificado si se dan circunstancias excepcionales y no previstas en el momento de su firma. Así, logró que la cadena hotelera Accor (dueña de Ibis, Mercure o Novotel) pagara un 29% menos de renta por un hotel en Valencia. Este nuevo criterio se ha aplicado posteriormente por los tribunales españoles en distintos contratos de arrendamiento para paliar las consecuencias de la crisis económica y de la pandemia de la covid-19.
Importantes operaciones
SJL trabajará en colaboración con Romero Rey & Benito Sancho Abogados (RRBS Legal), despacho que cuenta con las principales empresas españolas y multinacionales con operaciones en España en su cartera de clientes. En la defensa de Gotham se centrará uno de sus fundadores, Manuel A. Romero, abogado de Estado en excedencia, que es además responsable del departamento de mercantil, mercado de valores y administrativo del despacho.
Romero conoce bien el funcionamiento de la CNMV, ya que parte de su etapa en los servicios jurídicos del Estado la desarrolló en el organismo regulador (desde el año 2000 al 2004), donde ha participado en numerosas investigaciones sobre abuso de mercado, como casos de manipulación de cotizaciones e información privilegiada. Asimismo, estuvo destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tanto en la jurisdicción penal como en la contencioso-administrativa.
Como abogado, Romero ha asesorado en algunas de las más importantes operaciones financieras que han tenido lugar en España, entre ellas, la reforma del fondo de titulación de la moratoria nuclear en 2008, que tuvo como finalidad paliar el déficit tarifario en el sector eléctrico; en la opa de Enel sobre Endesa en 2009; o como asesor de Repsol en materia de mercado de valores en el intento de Sacyr de hacerse con la petrolera en 2011. Además, entre 2022 y 2024 fue el abogado de Grupo Prodi y Mota Engil México para la toma de control de Duro Felguera, compañía en la que en la actualidad es secretario del consejo de administración.
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