Los bonistas del Popular reclaman más de 1.400 millones a Santander y PwC por el caso Popular
Varios fondos perjudicados por la caída del banco, entre ellos Pimco, Anchorage y Algebris, piden a la Audiencia Nacional imponer esta fianza para asegurar las indemnizaciones
El grupo de bonistas personado como perjudicado por la caída del Banco Popular reclama más 1.400 millones de euros a Banco Santander y PwC como responsables civiles. Así lo han planteado en su escrito de acusación presentado ante el juez de la Audiencia Nacional que ha investigado este caso, de cara a la preparación del juicio en el que se sentarán en el banquillo de los acusados el expresidente de la entidad extinta Ángel Ron y una docena de exdirectivos, así como la firma auditora y dos de sus socios que revisaron las cuentas del banco, por los delitos de estafa a inversores y falsedad contable.
Los bonistas, entre los que se encuentran los fondos de inversión Pimco, Anchorage y Algebris, Mediobanca di Credito y Polus, han calculado el daño económico que habría causado a los inversores “las manipulaciones, engaños y artificios contables” que, presuntamente, llevaron a cabo los acusados en el marco de la ampliación de capital que tuvo lugar en mayo de 2016, justo un año antes de que la entidad fuera resuelta y adquirida por el Banco Santander por el valor simbólico de un euro. “Los fondos quienes, inducidos a engaño por tales artificios, adquirieron, en distintos momentos, instrumentos financieros AT1 y AT2 emitidos por Banco Popular manteniendo su inversión durante varios años hasta que, de manera sorpresiva, fueron amortizados en la decisión de resolución de la entidad (al igual que ocurrió con los accionistas y resto de bonistas del banco)”, explica el escrito, adelantado por Bloomberg y al que ha tenido acceso CincoDías.
Según los cálculos plasmados en el escrito, el daño por la desaparición del banco oscila entre 867 millones y 1.134 millones de euros: De acuerdo al enfoque que aplica la jurisprudencia, el perjuicio sería de 867.876.479,33 euros, mientras que según el criterio de Anticorrupción, este ascendería a 905.517.785,05 euros. Por último, la metodología financiera o “las expectativas del inversor” cifra la pérdida en 1.134.109.024,99 euros.
Los bonistas consideran que, en caso de que la sentencia que dicte un tribunal de la Audiencia Nacional sea condenatoria, la indemnización debería calcularse conforme al último procedimiento. En este sentido, pide al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que imponga a Banco Santander (como responsable civil subsidiario por ser sucesor del Banco Popular) y a PwC (como responsable civil y penal), así como a otras entidades aseguradoras, una fianza por dicha cantidad, a la que se debe sumar un tercio del daño que establece la ley en estos casos, es decir otros 378.036.341,66 euros. En total, 1.474.341.732,99 euros para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias.
“Los acusados lograron, con sus prácticas de maquillaje contable, que Banco Popular presentara una imagen totalmente irreal de su situación económica y financiera, de modo que se sobrestimaban los ingresos y beneficios, se infraestimaban los riesgos de crédito y la mora, se aumentaba artificialmente la solvencia y el capital regulatorio, etc. Ello hizo que se vieran manipulados ciertos riesgos específicos asociados a las emisiones de deuda del Banco que se encuentran fuertemente ligados a las principales ratios económicas y financieras del emisor”, indica el escrito de acusación.
El juez Calama concluyó la investigación en abril de 2023 tras cinco años y medio, si bien no dio a conocer qué investigados debían sentarse ante un tribunal por las irregularidades en la ampliación de capital de 2016 y la resolución de la entidad hasta el pasado mes de marzo. El magistrado concluyó que los accionistas e inversores fueron “engañados” porque los estados financieros de ese año y de 2015 “no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio”. En esta línea, el instructor responsabilizó también a PwC y dos socios porque, según señaló en su resolución, tenía que conocer la verdadera situación del que fuera el sexto banco español, ya que fue el auditor durante 35 años.
Por su parte, Banco Santander no tiene ninguna responsabilidad penal en esta causa, si bien puede afrontar las consecuencias económicas como heredero del Popular. La entidad que preside Ana Botín pidió al juez de la Audiencia Nacional que le dejará fuera de esta causa, en aplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que cerró la puerta a los inversores a reclamarle las pérdidas ocasionadas por la ampliación de capital. No obstante, el magistrado instructor aún no ha tomado ninguna decisión al respecto, ya que la pospuso hasta el momento del dictado del auto de apertura de juicio oral, es decir aquel por el que los acusados van a juicio y se imponen las posibles fianzas.
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