Los accionistas minoritarios del Popular piden que la Fiscalía represente a los más pequeños
La Aemec plantea la reorganización de las acusaciones después de que su tesis principal haya decaído con el sobreseimiento de Emilio Saracho
Los accionistas minoritarios plantean a la Audiencia Nacional delimitar su representación en la causa del Banco Popular. La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) ha solicitado al juez instructor José Luis Calama que reorganice las acusaciones particulares y que integre a los pequeños perjudicados que se englobaron en Aemec en la acción que ejerce la Fiscalía Anticorrupción o en otras partes personadas. La petición se hace cara a la elaboración del escrito de acusación, que debe presentarse antes del 10 de octubre, y después de que su tesis acusatoria principal que iba dirigida contra el último presidente de la entidad, Emilio Saracho, haya decaído como consecuencia del archivo de su presunta responsabilidad en la desaparición del banco.
La Aemec, que representa a unos 7.000 accionistas, entró en esta causa judicial con un objetivo claro: que Saracho fuera a juicio por el delito de administración desleal. El que fuera máximo responsable del Banco Popular durante 108 días ha estado investigado hasta el último momento, si bien el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama (que ha dirigido la investigación durante seis años), concluyó que no existen indicios que demuestren que el expresidente cometió un delito, ni que fuera quien filtró a la prensa determinadas información sobre la situación de la entidad que aceleró la fuga de depósitos y su resolución en junio de 2017. Este criterio fue posteriormente confirmado por la Sala de lo Penal, que dio carpetazo definitivo a la presunta responsabilidad de Saracho y le libró de sentarse ante un tribunal.
Así las cosas, la Aemec —defendida por el despacho Cremades & Calvo Sotelo— tiene que decidir si dirige su acusación contra el resto de investigados que sí estarán presentes en la futura vista oral, como el expresidente del Popular Ángel Ron y 12 exdirectivos, a los que se suman PwC y dos auditores de la firma por estafa a inversores y falsedad contable en relación a la ampliación de capital que se llevó a cabo en 2016. Durante gran parte de la investigación, la asociación ha empleado una estrategia muy similar a la de Ron, al atribuir el hundimiento del banco a su sucesor, que ahora ha quedado debilitada con las conclusiones de los magistrados de la Audiencia Nacional.
“Aemec está ultimando con sus representados la disposición de las acciones en su día emprendidas”, explica la asociación de accionistas minoritarios en un escrito presentado el pasado 24 de septiembre ante el órgano instructor, en el que además pide al instructor que tenga en cuenta la “complejidad” de este asunto, debido a que se trata de un “amplio grupo” de afectados por la resolución del Banco Popular. La asociación fue designada en mayo de 2019 por el juez Calama como una de las acusaciones principales, por lo que le sumó la personación de otras asociaciones de accionistas más pequeñas, particulares o pymes.
En este sentido, los abogados de los minoristas proponen la posibilidad de rebajar el número de perjudicados cuyos intereses debe defender e insta al magistrado a deshacer su decisión e integrar a los accionistas que no van bajo el paraguas de la Aemec en otras acusaciones para que puedan ejercer las acciones penales y civiles que consideren oportunas. Asimismo, plantean para este caso concreto la suspensión o interrupción del plazo fijado para presentar el escrito de acusación con el fin de “salvaguardar sus derechos”.
El TJUE avaló la resolución
La Aemec ha sido una de las acusaciones que cuestionó ante la justicia europea la legalidad del mecanismo de resolución que la Junta Única de Resolución (JUR) aplicó sobre el Popular el 7 de junio de 2017 y que permitió que el Banco Santander se hiciera con él por el valor simbólico de un euro. En noviembre de 2023, los accionistas y acreedores recibieron un fallo desfavorable, pues el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) avaló la negativa de la JUR de no indemnizarles por disolver el Popular. Según el tribunal, los demandantes no recibieron el mismo trato que si la liquidación se hubiese hecho por el procedimiento habitual. Este fallo podía ser recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que es el que tiene la última palabra, si bien los accionistas renunciaron a hacer uso del último recurso legal.
Entre los demandantes figuraban también los fondos Pimco, Algebris, Anchorage, Ronit Capital, el vehículo de inversión del empresario chileno Andrónico Luksic y el empresario mexicano Antonio del Valle —que también ha comunicado a la Audiencia Nacional que no va a dirigir acusación penal contra los procesados, pero que se adherirá a las reclamaciones civiles que formule Anticorrupción—.
Un año antes, en mayo de 2022, el TJUE tumbó las pretensiones de los inversores que participaron en la ampliación de capital de 2016 del Banco Popular de reclamar responsabilidad a Banco Santander, como sucesor, por las pérdidas ocasionadas, ya que la entidad desapareció un año después.
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