Los accionistas minoritarios del Popular agotan las vías para reclamar una indemnización por la caída del banco

Los minoritarios renuncian a recurrir el último fallo del Tribunal de la UE, que avaló la decisión de la JUR de no compensarles por la resolución de la entidad

Sucursal de Banco Popular.

Los accionistas minoritarios del Banco Popular empiezan a agotar las vías empleadas para lograr una indemnización por la caída de la entidad hace más de seis años. La defensa de estos inversores ha renunciado a seguir batallando en la justicia europea la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de no compensar las pérdidas que sufrieron 300.000 accionistas y acreedores por la disolución del que fuera el sexto banco español y permitir al Banco Santander que adquiriera todo su negocio por el valor simbólico de un euro.

De este modo, los minoritarios cierran otra puerta y ponen la mirada en la vía penal, centralizada en la Audiencia Nacional, donde el juez instructor dará a conocer en los próximos días si propone juzgar a todos los miembros de la cúpula del Popular investigados o solo a algunos de ellos, según han informado fuentes jurídicas cercanas a este procedimiento.

El pasado 22 de noviembre, el Tribunal General de la Unión Europea volvió a avalar todo el proceso que rodeó la desaparición del Banco Popular en junio de 2017, lo que supuso un nuevo varapalo para los inversores. La primera vez fue el 1 de junio de 2022, cuando el mismo tribunal señaló que el dispositivo, que se aplicó por primera vez sobre una entidad con el banco español, se hizo correctamente al considerar que éste “se hallaba en grandes dificultades o probablemente fuera a estarlo”.

Casi un año y medio después, el Tribunal de la Unión Europea se reafirmó en su criterio y desestimó otros recursos de los accionistas. En su última sentencia destacó que el proceso llevado a cabo por la agencia de la UE no tuvo consecuencias extraordinarias para los inversores, ya que recibieron el mismo trato que si la liquidación se hubiese hecho por un proceso normal y ordinario. En este sentido, el tribunal dio validez al informe realizado por Deloitte, como auditor independiente, que certificó que la disolución del banco mediante un procedimiento ordinario habría costado, entre 23.400 millones y 34.100 millones de euros, en lugar de los 11.400 millones de euros que finalmente supuso.

La defensa de los minoritarios –representada en gran parte por el despacho Cremades & Sotelo– afirmó entonces que estudiaría en profundidad este fallo para impugnarlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la máxima instancia judicial. En una rueda de prensa celebrada el mismo día que se dio a conocer dicha sentencia, los abogados insistieron en que Deloitte no podía ser considerado experto independiente en ese asunto porque había asesorado al Banco Santander para culminar el proceso de integración con el Popular.

Una vez concluido el plazo de dos meses para recurrir dicha resolución, las fuentes jurídicas consultadas han confirmado que finalmente los accionistas minoritarios no han ejercido este derecho para solicitar al TJUE que se pronuncie sobre si deberían ser compensados por la resolución del Popular. Tampoco ha recurrido, según las fuentes consultadas, otro importante inversor como Financiere Tesalia, cuya reclamación inicial se adhirió a la presentada por el accionista mexicano Antonio del Valle (que fue consejero de Popular); Aeris Invest, el vehículo inversor del empresario chileno Andrónico Luksic; o el que fuera vicepresidente del banco y presidente de Banco Pastor, José María Arias, entre otros.

Responsable civil subsidiario

Así las cosas, los accionistas esperan a ver cómo se desarrolla el caso de la Audiencia Nacional, donde se ha investigado las cuentas del Popular, sobre todo en relación a la ampliación de capital de mayo de 2016, y la posterior filtración de noticias que provocó el desplome de la cotización. En este procedimiento, el Banco Santander figura como posible responsable civil subsidiario, si bien no está claro el alcance de esta entidad como heredera del Banco Popular.

Ello se debe a que el TJUE cerró la puerta a los inversores que participaron en la operación de 2016 a que reclamaran una indemnización a la entidad que dirige Ana Botín como sucesora del negocio del Popular. En base a este dictamen, los servicios jurídicos del Santander solicitaron a la Audiencia Nacional que le dejaran fuera del procedimiento penal, sin embargo el juez instructor decidió aplazar esta decisión hasta que diera a conocer los procesamientos de los investigados. Aun así, avanzó que el fallo de la justicia europea hace referencia a los procesos civiles y no tiene nada que ver con el procedimiento penal. En los próximos días se conocerá qué pasa finalmente con el Banco Santander en este caso concreto.

Por otro lado, los accionistas están pendientes también de conocer la sentencia definitiva del TJUE sobre la aplicación del dispositivo de resolución sobre el Popular. El pasado 9 de noviembre se conoció el informe de la abogada general del TJUE Tamara Capeta –cuya opinión no es vinculante para el tribunal, aunque se sigue en la mayoría de los casos–, que concluyó que el responsable jurídico de la decisión de liquidar el Banco Popular es la Comisión Europea y no la JUR. De este modo, la jurista croata propone a la corte con sede en Luxemburgo ratificar la sentencia del Tribunal General de la UE de junio de 2022, que dio el primer respaldo judicial a la desaparición del Banco Popular.

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