Banco Popular, ante todo, los accionistas
Hay un ejemplo clásico que cuenta la historia de un incendio en una casa, que se produce después de que alguien prende una cerilla en una habitación cargada de oxígeno. ¿Qué ha causado el fuego, encender la cerrilla o que hubiera oxígeno?
El pasado 11 de julio este diario publicaba que “la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso planteado por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) contra el auto del pasado 4 de marzo, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, dejó fuera de los procesamientos por el caso Popular a Saracho, y contra el auto del 31 de mayo, en el que ratificó dicha decisión.
En la noticia se afirmaba que “La Sala de lo Penal comparte con el juez instructor que no hay ninguna prueba que permita atribuir al expresidente del banco el filtrado de información a la prensa sobre la situación de la entidad. Sólo se cuenta con la declaración del que fue director de comunicación del Banco Popular en la época de [Ángel] Ron, testigo al cual el instructor no le da garantía de veracidad ni de credibilidad pues dicho asesor fue cesado por el señor Saracho, tiene estrechas relaciones con el anterior presidente en cuyo favor testificó en una demanda de reclamación de cantidad”.
Resulta asombroso, como ex director del área de comunicación, marca y relaciones corporativas de ex Banco Popular, que tras siete años de instrucción ese sea el hallazgo.
Esa condición era conocida cuando me llamaron a declarar sobre este caso desde los juzgados de lo civil y desde la Audiencia Nacional. Cumplí con esa obligación ineludible y declaré bajo juramento decir la verdad.
Si eso se sabía y existía ese prejuicio, tanto los jueces como el que firma, podíamos habernos ahorrado el coste en tiempo, recursos y desgaste personal y profesional que implican este tipo de situaciones.
En lo personal, esa decisión me importa poco. Como testigo creía que contribuía a esclarecer unos hechos muy lesivos para todos los empleados y accionistas del Banco Popular, pero si no se quiere tener en cuenta, qué se le va a hacer.
Sin embargo, en el ámbito profesional esa conclusión me parece una falta de respeto y sólo se basa en meros juicios de intenciones, si bien, lo verdaderamente importante para los accionistas es que los hechos expuestos se descartan con una falacia ad hominen (atacar a la persona que presenta el argumento y no al argumento en sí) y con ello se elude la cuestión esencial, si hubo filtración, cómo se hizo y que consecuencias produjo.
El señor Ron al que se refiere la sala, me fichó en septiembre de 2012 para crear un área en el que se integrase la comunicación, la marca y las relaciones corporativas. Mi dependencia era directamente de él y la relación, por tanto, era estrecha. Cualquier otra forma de dependencia resta eficacia a la función de comunicación en una empresa.
Para quienes desconozcan el cometido de un área de Comunicación, hay que decir que su función es la de velar por la veracidad y credibilidad de la información que pueda afectar a la institución, tanto interna como externamente, de la misma forma que, por ejemplo, el área jurídica debe velar por la legalidad de la decisiones adoptadas y comportamientos dentro y fuera de la empresa o banco.
También mi relación con el señor Saracho fue estrecha, dependía directamente de él. A su llegada para sustituir al señor Ron, de manera consensuada por el Consejo de Administración y tras un periodo transitorio de dos meses, puse mi cargo a su disposición, pero él me ratificó en el puesto. Como en la etapa anterior, trabajé con lealtad, asesorando con mi mejor criterio profesional y dando la cara por el Banco, incluido su presidente, como es preceptivo en esa función.
Meses más tarde, a la vista de que su comportamiento, decisiones y comentarios internos comportaban un alto riesgo reputacional para el Banco, volví a poner mi cargo a su disposición, pero tampoco lo aceptó. Finalmente, el 5 de mayo de 2017 me comunicó que prescindía de mí. Me expuso razones contradictorias, como declaré al juez, y de ellas, la que más me llamó la atención es la de “te echo porque sabes demasiado y no quiero que veas lo que voy a hacer aquí”. En ese momento quiso que acordáramos una versión pública del cese y lo rechacé. Me pidió que me quedará para hacer una transición y acepté, pero con la condición de que fuera hasta el 2 de junio. Cinco días más tarde sucedió la resolución.
No tengo nada personal en contra del señor Saracho, al contrario, visto con el sesgo retrospectivo me considero un afortunado por haber sido despedido conforme a las condiciones estipuladas en mi contrato y porque la salida me evitó la experiencia de vivir la resolución.
Ahora bien, es mi deber deontológico decirle a la opinión pública, y dentro de ella a los accionistas, que el día 5 de mayo en rueda de prensa el consejero delegado aseguró que “el Popular dará beneficios en el conjunto de 2017 si no hay nuevas provisiones extraordinarias, como las de este trimestre, en el resto del año”. Menos de un mes antes, el señor Saracho había manifestado en la Junta de accionistas que al Popular no le quedaba más salida que una macro ampliación de capital o la venta del banco, sin embargo ese 5 de mayo su número dos negó que esa operación fuera imprescindible y que, aunque todos los bancos hablan de fusiones, “no hay ningún acercamiento serio”
Posteriormente, el día 11 de mayo de 2017 El Confidencial publica lo contrario tras hablar previamente con el señor Saracho, según pude saber por el propio diario y declaré ante el juez: “Saracho encarga la venta urgente del Popular a JP Morgan y Lazard por riesgo de quiebra. La decisión fue adoptada el pasado viernes 5 de mayo tras analizar los datos de fondos retirados en los tres últimos meses”.
Ese día el Banco envía una hecho relevante firmado por el secretario del Consejo, al que cesa el señor Saracho el día 18 de mayo, negando “categóricamente que: haya encargado la venta urgente del Banco; exista un riesgo de quiebra del Banco y el presidente del consejo de administración haya comunicado a otras entidades financieras la necesidad inminente de fondos ante una fuga masiva de depósitos” y resaltando que el patrimonio neto del banco “ascendía a 10.777 millones de euros y la ratio de capital total se situaba en 11,91%, por encima de las exigencias regulatorias”.
Ese mismo día, El Confidencial, molesto con ese hecho relevante que desmiente su información, cuya fuente era el presidente del Banco, decide publicar, para reafirmarse, una conversación de esa misma tarde con el señor Saracho, en la que admite que lo publicado es cierto, “aunque el motivo de la venta del banco no sea por el riego de quiebra”, y también, asegura Saracho, no sabe cuáles son los recursos propios del Banco. Es decir, el señor Saracho contradice en público el propio hecho relevante del banco. Todo lo anterior provoca una fuga de depósitos con un resultado letal para el banco.
En términos informativos es un claro caso de desinformación y, desde una perspectiva empresarial, es un flagrante engaño a los accionistas.
Hay un ejemplo clásico que cuenta la historia de un incendio en una casa, que se produce después de que alguien prende una cerilla en una habitación cargada de oxígeno. ¿Qué ha causado el fuego, encender la cerrilla o que hubiera oxígeno en la habitación?
Que haya oxígeno es normal, pero el acto de encender una cerrilla es distinto. La persona que enciende la cerrilla tiene que prever que en la habitación puede haber alta concentración de oxígeno y que, por lo general, no se espera de nadie que vacíe de oxígeno una habitación antes de encender un fósforo. Ese acto es causa suficiente y necesaria para la explosión.
En el caso del Popular, el oxígeno son las dudas y alta desconfianza creada sobre el futuro del banco, y la cerilla, las palabras del presidente.
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