La guerra millonaria entre los herederos del sultán de Joló, Malasia y España, en cuatro claves
Los descendientes del antiguo mandatario reclaman más de 13.000 millones de la supuesta deuda generada por el estado asiático por el incumplimiento de un contrato del siglo XIX
El arbitraje entre los herederos del sultán de Joló y Malasia salpica ahora a España. Los descendientes del que fuera mandatario de una isla al suroeste de Filipinas (ahora extinto), que en el siglo XVIII formaba parte del imperio español y cuyo territorio en la actualidad pertenece al estado asiático demandado, han ampliado el foco y han añadido al Estado español en su reclamación. Tras encontrar dificultades para que varias jurisdicciones extranjeras den luz verde a la indemnización de unos 13.000 millones de euros que un árbitro reconoció por el incumplimiento de un contrato del siglo XIX, los familiares del entonces sultán exigen a España que asuma la cantidad de dicho laudo, más intereses, lo que elevan a más de 16.000 millones de euros. De este modo, el pleito considerado uno de los más caros de la historia del arbitraje suma una nueva derivada.
¿Quiénes son los demandantes? Se trata de ocho ciudadanos filipinos que descienden de Jamalul Kiram II, el sultán que en 1878 firmó un contrato, primero, con el barón de Overbeck, cónsul del imperio austrohúngaro en Hong-Kong, y, después, con Alfred Dent, fundador de la British North Borneo Company, para el arrendamiento de la explotación de perlas, nidos de pájaros y maderas al norte de la isla de Borneo e islas adyacentes por el precio de 5.000 pesos filipinos.
Durante décadas, los arrendatarios pagaron anualmente lo pactado hasta que British North Borneo quebró en 1946. Fue entonces cuando la corona británica adquirió la condición de arrendataria hasta 1963, año en el que Malasia adquirió su independencia y se hizo cargo de los pagos. Sin embargo, el descubrimiento de nuevos recursos naturales (como el petróleo y el gas) en las décadas de los 80 y los 90, motivó a los demandantes a intentar renegociar el contrato, si bien Malasia lo rechazó. Las relaciones se rompieron finalmente en 2013, después de que Estado asiático alegara que el territorio de Joló le corresponde legítimamente desde 1957. Este fue el motivo por el que los herederos iniciaron un arbitraje.
¿Qué papel juega España? Los herederos presentaron su demanda contra Malasia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial; si bien eligieron Madrid como sede para dirimir la disputa, por el hecho de que Joló fue territorio español. Así, en 2019 se designó un árbitro español para analizar el contrato en cuestión y resolver el conflicto, el abogado Gonzalo Stampa. No obstante, la selección de este juez resultó ser más polémica de lo esperado, pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló su nombramiento en 2021, después de que Malasia denunciara que no había sido notificada sobre la puesta en marcha del procedimiento.
Debido a que los herederos no han logrado que ningún tribunal reconozca la validez del laudo, han abierto una nueva vía para intentar conseguir su objetivo con la presentación de una nueva demanda de arbitraje en el Ciadi para reclamar a España 18.000 millones de dólares (16.300 millones de euros), que corresponde al valor del laudo y los intereses generados desde su dictado. Los descendientes del sultán acusan a España de haber obstaculizado el cobro para favorecer a Malasia. Por un lado, atribuyen al Ministerio de Asuntos Exteriores el uso de un método erróneo para notificar la demanda a Malasia y que éste pueda alegar “indefensión”. Y por otro lado, aseguran que se ha hecho uso de los tribunales (a través de un letrado de la administración de justicia y de la Fiscalía) para cuestionar la labor de Stampa, que fue condenado por desobediencia.
¿Por qué condenaron al árbitro? Stampa, que siempre ha defendido que su nombramiento era válido y firme, trasladó el litigio de Madrid a París (Francia), donde firmó el laudo final, el 28 de febrero de 2022, que reconocía el derecho de los herederos a cobrar 14.920 millones de dólares (más de 13.000 millones de euros, correspondientes a la restitución de los derechos sobre el territorio arrendado, más intereses de adjudicación del 3,96% anual, a contar desde el 1 de enero de 2013 hasta 2044).
Sin embargo, la validez del laudo se ha puesto en duda tras una denuncia de Malasia, que la Fiscalía asumió y judicializó por intrusismo laboral. El Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid condenó en enero al abogado a seis meses de prisión por desobediencia —y descartó el delito atribuido por el ministerio público— y a un año de inhabilitación para ejercer como árbitro, al entender que era “conocedor” de la revocación de su nombramiento. Este fallo fue confirmado por la Audiencia de Madrid en mayo, pero aún no es firme, ya que el abogado ha recurrido ante el Tribunal Supremo.
¿Qué dicen los tribunales extranjeros? Los herederos han llevado el laudo dictado en 2022 ante la justicia francesa y holandesa, instándoles a que reconocieran su validez y ordenaran a Malasia el pago de los 13.000 millones de euros. En paralelo, solicitaron a Luxemburgo el embargo cautelar de la sede de dos filiales de Petronas en dicho país, vinculadas a proyectos en el Mar Caspio, que administra los intereses de la petrolera en Azerbaiyán.
El Tribunal Supremo de Países Bajos rechazó definitivamente, a principios de septiembre, ejecutar el laudo arbitral, al entender que el contrato de arrendamiento del territorio carece de una cláusula arbitral, al tiempo que recuerda que la designación de Stampa fue anulado por la justicia española. En cuanto a Francia, el asunto está pendiente de que la Corte de Casación se pronuncie sobre el recurso que los herederos presentaron contra la sentencia de la Corte de Apelación de París, que tampoco dio el visto bueno a su ejecución. Los demandantes aseguran en su última demanda (la presentada contra España), que estos varapalos judiciales son consecuencia del cuestionamiento judicial al trabajo de Stampa.
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