Los herederos del sultán de Joló demandan ahora a España y reclaman más de 16.000 millones
Los familiares del antiguo dirigente de una isla que pertenece a Malasia acusan al Estado de haber obstaculizado el cobro de un laudo por el incumplimiento de un contrato del siglo XIX
El pleito multimillonario que enfrenta desde hace años a los herederos del sultán de Joló y Malasia vuelve a escena. Esta vez la familia va contra España. Los descendientes de Jamalul Kiram II acusan al Estado de haber obstaculizado el cobro del laudo que reconocía su derecho a recibir más de 13.000 millones de euros por parte del país asiático por el incumplimiento de un contrato del siglo XIX. Ahora, los ciudadanos filipinos presentan una demanda de arbitraje a España para exigir 18.000 millones de dólares (16.300 millones de euros, al cambio), la cantidad del laudo que todavía no han logrado ejecutar más intereses.
El escrito, al que ha tenido acceso CincoDías, asegura que el Estado español ha reducido la capacidad de los demandantes para ejecutar el laudo, al tiempo que ha puesto en cuestión la actuación de Gonzalo Stampa, el árbitro que fue designado en 2019 para dirimir la controversia, y cuyo nombramiento fue anulado dos años después por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) con el procedimiento ya en marcha. Aunque los protagonistas son extranjeros (Malasia y los herederos), España entra ahora en juego porque Madrid fue inicialmente elegida como sede para zanjar la disputa.
Para resolver las discrepancias con España, los demandantes han elegido el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. Los herederos invocan el Tratado Bilateral de Inversiones Filipinas-España (TBI), que entró en vigor en 1994, para justificar su elección, pues entienden que el primer arbitraje es una inversión en sí, ya que han desembolsado millones de dólares en honorarios de abogados y tribunales.
Los orígenes de este litigio, considerado uno de los más caros de la historia del arbitraje, se remontan a 1878, cuando el sultán de Joló —una isla al suroeste de Filipinas que en la actualidad pertenece a Malasia—, firmó con dos comerciantes europeos un acuerdo para el arrendamiento de la explotación de perlas, nidos de pájaros y maderas al norte de la isla de Borneo e islas adyacentes por el precio de 5.000 pesos filipinos. Los arrendatarios pagaron el precio pactado hasta 1946, cuando la corona británica se hizo con los derechos del contrato. La situación cambió en 1963, ya que Malasia empezó a afrontar los pagos tras lograr su independencia.
El descubrimiento de nuevos recursos naturales, como el petróleo y el gas, en las décadas de los 80 y los 90, motivó a los herederos a intentar renegociar el contrato, pero Malasia lo rechazó. Las relaciones se rompieron finalmente en 2013, después de que Estado asiático alegara que el territorio de Joló le corresponde legítimamente desde 1957. Este fue el motivo por el que los herederos iniciaron un arbitraje.
La vigencia del laudo, en el aire
El abogado Gonzalo Stampa falló a su favor de los herederos, al reconocer su derecho a una indemnización de 14.920 millones de dólares (alrededor 13.770 millones de euros). Sin embargo, la validez de este laudo está en el aire. Malasia —defendida por el despacho Uría Menéndez— y la Fiscalía, que llegó a presentar una denuncia contra el árbitro, defienden que el país asiático sufrió indefensión porque el procedimiento no le fue notificado correctamente y porque el veredicto fue dictado pese a que el nombramiento del letrado había sido anulado. Por estos hechos, Stampa fue condenado a seis meses de prisión, una sentencia que no es firme todavía, ya que se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo.
En este contexto, los ciudadanos filipinos afirman que la nulidad de la designación de Stampa responde a la presión del Gobierno para favorecer a Malasia. La demanda atribuye esta influencia a un posible contrato para la venta de aviones de Airbus que se fabrican en Sevilla al ejército malasio, de acuerdo a un artículo de prensa. Así, señala que primero intervino el Ministerio de Asuntos Exteriores, utilizando un método erróneo para la notificación de la demanda a Malasia; después, un letrado de la administración de justicia que instó al árbitro a paralizar el procedimiento; y, por último, la Fiscalía para que le acusara por seguir adelante.
Mientras tanto, los herederos —representados por 4-5 Gray’s Inn Square Chambers— han buscado el bloqueo de activos malasios para garantizar el pago de la deuda y han puesto el foco en la sede de dos filiales de Petronas en Luxemburgo. Por otro lado, Malasia ha logrado que ni la justicia francesa ni la holandesa reconozcan y ejecuten el laudo. Según los demandantes, esta es la principal consecuencia del cuestionamiento judicial sobre la actuación de Stampa.
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