Iberdrola y Endesa amenazan con reclamar daños patrimoniales a Enresa por la tasa nuclear
Las eléctricas acusan a la empresa que gestiona los residuos radiactivos de incumplir el protocolo de 2019 y le advierten, en un burofax, que “se reservan” cualquier actuación
Las dos grandes eléctricas, Iberdrola y Endesa, han abierto un nuevo frente en la batalla que libran contra la tarifa aprobada por el Consejo de Ministros el 25 de junio destinada a sufragar los costes del 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado, a su vez, por el Gobierno el pasado diciembre (el plan anterior se remontaba a 2006). Tras la decisión de presentar un escrito de interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto de junio que fijó la citada tasa en 10,36 euros/MWh (un pleito que llevará su tiempo), el objetivo se centra ahora en la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), propiedad del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) en un 80% y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el 20% restante, y encargada de la gestión de los residuos nucleares y el desmantelamiento de las plantas.
A través de sendos burofax, Iberdrola y Endesa han acusado a la compañía pública de haber incumplido el protocolo que firmó en 2019 con las propietarias de las centrales (además de ellas, Naturgy y EDP) en el que se fijó un calendario para el cierre ordenado del parque atómico español entre 2027 y 2035. Asimismo, el memorando de entendimiento limitó la subida de la tasa al 20%, lo que ya se produjo ese mismo año (no se revisaba desde 2011), cuando el Gobierno la subió hasta los 7,98 euros/MWh. Según las afectadas, la aprobada el pasado junio ya excede en un 30% lo acordado. En el escrito enviado a Enresa, y a cuyo contenido ha tenido acceso CincoDías, las eléctricas señalan que “se reservan el derecho de adoptar cualquier tipo de medida” contra la compañía pública, así como la reclamación “del posible daño patrimonial” que se les pueda causar. Las remitentes aluden expresamente al “incumplimiento por parte de Enresa del compromiso asumido en el protocolo de que la tasa no aumentaría más de un 20%” respecto a la que regía en ese momento.
La carta ha sorprendido “por lo que tiene de retórica”, según fuentes del sector. Estas consideran extraño que las empresas envíen un burofax advirtiendo “que se reservan el derecho a tomar medidas y no informando de alguna medida concreta”. O es por deferencia, como sostienen algunos, o es por avivar la polémica sobre una tarifa que no están dispuestas a asumir, según otras fuentes, pues ya consideran excesiva la fiscalidad que soportan las nucleares: el 50% de sus ingresos con un incremento del 600% desde 2008, según un informe de la consultora PwC.
En cualquier caso, se desconoce qué tipo de medidas podrían adoptar contra la empresa pública y por qué vía. Las otras dos eléctricas con intereses nucleares, Naturgy y EDP, siguen desmarcándose de esta batalla.
Una tasa suficiente
El protocolo de cierre ordenado del parque español fija una vida media de 45,7 años para las instalaciones, cuya vida útil o de diseño es de 40 años. La primera en cerrar, en 2027, será Almaraz I, y el apagón definitivo se producirá en 2035, con la clausura de Trillo. Aunque se trata de un acuerdo de intenciones, que no vincula legalmente a las partes (de hecho, las eléctricas podrían pedir la prórroga al Consejo de Seguridad Nuclear), las firmantes consideran que en él la tarifa quedó blindada.
Por contra, según fuentes próximas a Enresa, esta solo “manifestó su intención” de ajustar los costes de manera que su propuesta al ministerio no implicara una subida de la tasa de más del 20%”. En cualquier caso, el responsable de fijar la tarifa es el Gobierno, por lo que las empresas “solo podrían ir contra el Ejecutivo, impugnando ante el Supremo el decreto de junio”, añaden. Si el tribunal la considerase una medida manifiestamente arbitraria podría anularla, lo que, según fuentes jurídicas, “es muy difícil” y, en cualquier caso, será un pleito que durará años. Pero, de ser así, recuperarían las cantidades abonadas.
La normativa sí exige que la tarifa sea suficiente para cubrir los costes y que. Por ello, tras la firma del memorando de entendimiento con las compañías y una vez que el Gobierno optó por abandonar el proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC) y sustituirlo por siete almacenes descentralizados (ATD), lo que implica un coste adicional de 1.200 millones de euros, Enresa elaboró un último borrador del plan de residuos que incluía dichos costes. Con estos nuevos cálculos, el Gobierno, que alegó la falta de consenso político para abandonar el polémico ATC, subió la tasa hasta 10,36 euros, por lo que las propietarias de las centrales pagan 130 millones más al año, que se suman a los 450 millones que pagaban hasta ahora.
Para financiar las actividades que tiene encomendadas, Enresa dispone de un fondo (en estos momentos, de 7.700 millones de euros) que no siempre provino de las aportaciones de las empresas. Entre 1985 y 2005 se financiaba con cargo a la tarifa eléctrica de los consumidores y fue a partir de este último año cuando un real decreto ley obligó a las titulares de las centrales a pagar anticipadamente el coste de la gestión de los residuos y el desmantelamiento (ya hay tres cerradas). La actual tasa se remonta a 2010 e incluye los costes de gestión del combustible gastado al margen de cuándo se haya generado este.
Los siete almacenes
Ante la dificultad de construir un ATC, la mayoría de las centrales se han visto obligadas a ir construyendo Almacenes Temporales Individualizados (ATI) en sus terrenos. El 7º PGRR prevé la puesta en marcha de siete ATD para albergar los residuos y el combustible gastado. Los ATD lo conforman los actuales ATI más instalaciones complementarias para mantenimiento y reparación.
Contarán con ATI/ATD los complejos de Almaraz y Ascó, así como las centrales de Cofrentes; Santa María de Garoña; José Cabrera (Zorita) y Trillo. Vandellós II tendrá solo un ATD y Vandellós I, clausurada en 1988 tras un grave accidente, contará con un almacén para albergar los residuos que custodia desde entonces en Francia. Pese a los años transcurridos desde su cierre, la última fase del desmantelamiento no comenzará hasta 2030.
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