Las eléctricas pagarán un 19,3% más por la tasa nuclear desde enero

Endesa, Iberdrola y Naturgy pagarán 480 millones anuales, según el acuerdo para el cierre ordenado del parque.

José Luis Navarro, presidente de Enresa.
José Luis Navarro, presidente de Enresa.

El pasado 3 de diciembre finalizó el plazo de audiencia pública para que las cuatro eléctricas propietarias de activos nucleares (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) presentaran sus alegaciones al real decreto por el que se revisará la tasa de gestión de residuos y desmantelamiento de las centrales a partir del 1 de enero. El texto, que incluye la subida del 19,3% de una tasa cuya recaudación se destina al fondo que gestiona Enresa, podría ser aprobado en el próximo Consejo de Ministros. La tasa pasaría de los actuales 6,69 euros MWh a 7,98 euros MWh.

Aunque la empresa pública tiene potestad para revisar cada año este tributo, no lo había hecho desde 2011. Ha sido la voluntad del actual Gobierno y, más concretamente, el acuerdo entre la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, y las propietarias de las centrales nucleares para fijar un calendario de cierre, el que ha facilitado una revisión al alza que se incluyó en el propio pacto, que recogía la necesidad de una subida, con un límite del 20%.

No ha sido necesario, por tanto, esperar a la aprobación de un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) que sustituiría al actualmente vigente, que data de 2006, para proceder a una subida. Aunque Enresa ya tiene encima de la mesa su propuesta de plan, será el próximo Gobierno el que inicie un trámite que durará un mínimo de 18 meses.

El fondo que Enresa gestiona y cuyo destino es sufragar el desmantelamiento de las plantas, así como la gestión de los residuos radiactivos hasta el año 2100, acabará este ejercicio con unos 6.400 millones de euros. Teniendo en cuenta que, según calcula la empresa pública, el fondo debe llegar a los 15.000 millones de euros para cubrir el plan de cierre, la subida de enero permitirá recaudar 3.000 millones de euros más en el periodo, a lo que habría que sumar los rendimientos financieros del fondo.

Por la tasa nuclear, Enresa recauda cada año algo más de 400 millones de euros (la producción nuclear asciende a unos 60.000 MWh al año) y la subida permitirá sumar más de 80 millones de euros anuales a partir de 2020.

El pasado mes de marzo, la ministra para la Transición Ecológica logró arrancar un acuerdo a los máximos ejecutivos de las tres grandes eléctricas, los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Sánchez Galán y Francisco Reynés, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas. Con él puso fin a la larga disputa que mantenían sobre el fin de la vida de las centrales: las primeras querían cerrar como máximo a los 40 años y Endesa reclamaba 50 años o más.

Unas diferencias que respondían al plazo de amortización de sus activos que cada una tenía en sus libros y que resultaban insalvable teniendo en cuenta que en seis de las ocho centrales españolas participan todas ellas. Además, las plantas atómicas están constituidas no como sociedades anónimas, sino como agrupaciones de interés económico, lo que implica que cualquier decisión debe tomarse por unanimidad.

Tras un largo tira y afloja se llegó a una solución salomónica: las nucleares funcionarán más de 40 años y menos de 50 (concretamente, una media de 45,5 años), ninguna será clausurada antes de 2027 ni funcionará después de 2035, fecha tope para el apagón nuclear.

El plan de cierre, que Ribera calificó de “realista y pragmático”, incluía el compromiso de una subida de la tasa de gestión de los residuos del 20% como máximo. Aunque algunas compañías se han resistido a que se rozara el límite, finalmente, han aceptado la propuesta.

Para el proceso de audiencia pública, las cuatro eléctricas afectadas, crearon una especie de comité que ha sido el encargado de elaborar una alegación común a todas. Por su parte, Endesa optó por presentar las suyas a título particular en las que plasmó una serie de consideraciones más allá del propio acuerdo, sobre la fiscalidad “excesiva” que soportan las centrales nucleares y sus dudas sobre la viabilidad de las mismas.

Un plan hasta el año 2100

El fondo para la gestión de los residuos nucleares y el desmantelamiento de las centrales necesitará, según el acuerdo para el cierre progresivo del parque, 15.000 millones de euros. Una cifra voluntarista, según opinan en alguna empresa, ya que la gestión se prolongará hasta el año 2100. En los años en que sigan funcionando, las plantas podrán engrosar el fondo con una tasa que está ligada a su producción. Cuando dejen de funcionar (la última lo hará en 2035) se acabará la aportación.

Los cálculos se han realizado teniendo en cuenta el calendario. Si este se cambia para mal, esto es, que alguna eléctrica decida cerrar antes, el fondo también se resentirá. El presupuestado incluye la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos o más de uno. Los llamados cementerios resultarán imprescindibles dada la saturación de las actuales piscinas y de los almacenes individuales (ATI).

Por el momento, Enresa está abordando el desmantelamiento de la central de Santa María de Garoña, que está encontrando el problema de la ubicación de sus residuos, dado que no cuenta con ATI.

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