El Gobierno negocia con Bruselas declarar el ATC de interés general
El almacén nuclear está sometido a un programa europeo de protección de aves (Zepa) aprobado en 2015 por el Gobierno de Castilla-La Mancha
Se acaban de cumplir seis años desde la adjudicación por parte del Gobierno del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos al municipio conquense de Villar de Cañas y el proyecto sigue completamente empantanado. Además de la investigación abierta por el Consejo de seguridad Nuclear (CSN) sobre las condiciones del suelo, la instalación se enfrenta al bloqueo decretado por la Junta de Castilla-La Mancha en julio de 2015.
Tras su llegada a la presidencia de la comunidad autónoma, Emiliano García Page decidió ampliar la Zona de Especial Protección de Aves (Zepa) de la Laguna del Hito hasta los terrenos del emplazamiento del ATC y anuló el plan urbanístico del ayuntamiento. Ante esta decisión, al Gobierno solo le queda una salida, que es la que está rastreando: declarar de interés general del Estado la infraestructura, lo que le permitiría sortear cualquier normativa autonómica.
Sin embargo, al ser la Zepa un programa medioambiental europeo, de ser anulada la protección adicional aprobada por Castilla-La Mancha, el Gobierno podría enfrentarse a un litigio con la Unión Europea, que incluiría una multa. Fuentes del sector aseguran que, por este motivo, el Ejecutivo está negociando con la Comisión Europea la citada declaración del interés general del ATC para evitar problemas. En su favor, el Gobierno de Mariano Rajoy argumenta que la de García Page fue una medida ad hoc para cargarse el proyecto y que éste es necesario para que España pueda cumplir con los tratados de energía atómica que exigen que cada país se haga cargo de los residuos que genere. Una oferta del Gobierno no descartable, es ampliar la Zepa, pero que la parcela del cementerio nuclear quede fuera de la misma.
La saturación de las piscinas de las ocho centrales que integran el parque nuclear español, ha llevado a la mayoría de ellas a construir o proyectar almacenes individuales (ATI) en sus terrenos. Sin embargo, algunos, como el de Almaraz, no estará a tiempo. En el más optimista de los escenarios para el Gobierno, tampoco el ATC, que deberá albergar los residuos de Vandellós I que custodia Francia desde finales de los 80, estaría listo antes de 2020.
Suponiendo que Bruselas acepte las pretensiones de España, la declaración de interés general del ATC deberá ser tramitada como una ley en el Congreso y, dada la situación en minoría del PP, sacarla adelante no sería fácil. Aunque el PSOE fue el impulsor del polémico almacén, también ha sido un presidente socialista autonómico, el que lo ha frenado.
En el caso de que esta ley prosperase, al ATC le quedaría superar el trámite de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Ministerio de Medio Ambiente, cuyos funcionarios están altamente susceptibles tras el fiasco de Castor, el almacén subterráneo de gas cuyo cierre acabó en los tribunales. Este ministerio no tomará ninguna decisión en tanto no se solventen las trabas antes citadas y de que el CSN emita su informe favorable sobre los terrenos. En este caso, los problemas se solventarán con mayores refuerzos de hormigón que encarecerán el proyecto.
El temor de Energía a un nuevo rescate
El nuevo equipo del Ministerio de Energía, departamento del que depende la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), deberá hacer frente a la maraña del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos que gestionará esa compañía. Y, aunque las cantidades invertidas en un proyecto al que se preveían destinar casi mil millones de euros, aún son reducidas (unos 80 millones), el temor al rescate de otro activo energético con cargo a las tarifas planea sobre el Gobierno. El abandono del proyecto del ATC se sumaría al fantasma del cierre del almacén submarino de gas, Castor, por razones sísmicas, que costará a los consumidores más de 1.400 millones de euros.
El oscurantismo de Enresa impide conocer las nuevas condiciones económicas del contrato que el Estado español mantiene con Francia por la custodia de los residuos de Vandellós I, clausurada en 1988 tras un grave accidente. Uno de los objetivos del ATC es, precisamente, albergar dichos residuos, tras varias ampliaciones del contrato. Por otra parte, fuentes del sector critican la negligencia de los últimos Gobiernos por no renovar el Plan de Residuos Radiactivos desde 2006, pese a que la norma establece que debe ser revisado cada cuatro años.
La demora en la construcción de un proyecto que aún debe superar importantes barreras, está obligando a las centrales a construir almacenes individuales (ATI). Trillo y Ascó ya lo tienen y Almaraz, Cofrentes (con una saturación de sus piscinas en más del 80%) y Garoña tramitan los permisos. Vandellós II, no lo ha solicitado, pese a que se prevé que su piscina se llene en 2023. La necesidad apremia si, como ha prometido el Gobierno, se amplía su vida de 40 a 60 años.
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