El juez dejará el caso Popular al borde del juicio en la primera quincena de febrero
El magistrado instructor asegura en una providencia que en dicho periodo notificará la resolución por la que se propone juzgar a los investigados
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ha investigado las causas que provocaron la caída del Banco Popular en junio de 2017, dará a conocer el futuro de la causa en las dos primeras semanas del próximo mes de febrero. Las pesquisas finalizaron a finales del pasado abril, cuando el magistrado instructor decidió no prorrogar la instrucción, si bien desde entonces los investigados, entre los que se encuentran los expresidentes de la entidad Ángel Ron y Emilio Saracho, están a la espera de conocer si quedan a un paso del juicio.
“Se acuerda poner en conocimiento de las partes personadas que el auto de transformación en procedimiento abreviado –en proceso de finalización– se les notificará en la primera quincena del próximo mes de febrero”, señala una providencia, con fecha de este lunes y a la que ha tenido acceso CincoDías, firmada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.
De este modo, en el momento que el instructor notifique dicha resolución, y se conozca a qué investigados propone juzgar, se abrirá la fase intermedia del procedimiento penal, en la que las acusaciones tendrán que presentar su escrito de conclusiones y su petición de penas de prisión. Así, se deja la causa lista para la celebración del juicio, dando paso entonces a que los acusados presenten sus escritos de defensa.
La Audiencia Nacional abrió una causa penal en octubre de 2017, cuatro meses después de que la Junta Única de Resolución (JUR) aplicara, por primera vez, su mecanismo de intervención y permitiera al Banco Santander adquirir todo el negocio de Popular por el valor simbólico de un euro. La causa, que se ha centrado más en la gestión de Ron que en los 108 días de Saracho en la Presidencia de la entidad, ha tratado de aclarar si en la ampliación de capital de mayo de 2016, por el importe de 2.500 millones de euros, hubo irregularidades, así como en las operaciones de financiación a otras empresas llevadas a cabo a través del entramado Thesan Capital en Luxemburgo. Asimismo, ha analizado si el filtrado de información en los últimos días de vida de la entidad bancaria provocó el desplome de la cotización hasta llegar al momento de su disolución.
El estatus procesal de Banco Santander
Otra de las cuestiones que resolverá el juez instructor es el estatus procesal del Banco Santander, que está considerado como responsable civil subsidiario. La entidad que preside Ana Botín se apoyó en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del 5 de mayo de 2022, que cerró la puerta a que los accionistas puedan pedir responsabilidades al banco heredero, para solicitar al juez de la Audiencia Nacional que les dejara fuera de la causa y evitar, así, tener que afrontar eventuales multas por los daños causados con la resolución del Banco Popular.
Sin embargo, el juez instructor no atendió esta petición y decidió posponer la decisión hasta el final de la fase de instrucción. No obstante, el magistrado avanzó que la doctrina del TJUE se refería a una cuestión civil, mientras que la Audiencia Nacional analiza un asunto con trascendencia penal.
Por su parte, el Tribunal Supremo ha obligado al Santander a abonar varias multas que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) impuso al Popular, al entender que la sucesión se produjo en todos los sentidos, es decir, no solo en el negocio, sino también en responsabilidad. No obstante, el Alto Tribunal ha aceptado, a petición del banco, a revisar este criterio por si tuviera que completar, reforzar, matizar o, en su caso, corregir la jurisprudencia (...) en relación con la sucesión en la responsabilidad sancionadora entre personas jurídicas”.
Complejidad de la causa
El caso Popular guarda cierta complejidad. Por ello, a lo largo de más de cinco años de investigación, el juez instructor y la Fiscalía Anticorrupción se han apoyado en diversos informes de los inspectores del Banco de España que han sido designados como peritos judiciales en este caso, así como de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) que inspeccionaron el Banco Popular antes de su quiebra.
Las conclusiones de estos análisis han suscitado alguna que otra polémica en el procedimiento, después de que el juez instructor, a petición de la Anticorrupción, ordenara a los peritos ampliar sus conclusiones con “carácter retroactivo”, lo que provocó el cambio de criterio de los expertos o que estos manifestaran sus reparos a realizar determinadas correcciones.
La defensa de Ron también reaccionó y presentó otras periciales para desmentir las conclusiones de los inspectores del Banco de España sobre que la entidad que presidía debió declarar pérdidas en el ejercicio de 2015 por más de 1.000 millones de euros, en lugar de beneficios de 106 millones de euros.
Por otro lado, la consultora PwC, cuyos profesionales que auditaron las cuentas del Popular están imputados, también han defendido ante el juez que los números que examinaron eran correctos y que no detectaron irregularidades algunas que hicieran saltar las alarmas, ya que todo se hizo conforme a las normas vigentes en ese momento.
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