Las petroleras en bloque claman contra el impuesto a las energéticas y cifran en 16.500 millones las inversiones en riesgo
La patronal sostiene que la decisión de mantener el gravamen sobre las energéticas supone una situación de “incertidumbre fiscal y regulatoria”
Las petroleras que operan en España siguen la estela de Repsol, que hace poco más de dos semanas amenazó con recortar inversiones en España por el impuesto a las energéticas. Ahora, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) advierte que este gravamen extraordinario condiciona “la capacidad de generar nuevas inversiones”. La patronal, que agrupa además otras cinco empresas del sector de productos petrolíferos, cifra en 16.500 millones las inversiones que podrían pausarse o paralizarse en caso de que la propuesta del PSOE y Sumar de mantener el gravamen se haga realidad.
La asociación, donde además de Repsol se encuentran Cepsa, Galp, Gunvor, BP y Saras, trae de nuevo a la discusión la “incertidumbre fiscal y regulatoria” que existiría si se mantiene el impuesto, que preveían se mantendría solo por dos años. Además, destacan que va “en contra de la política energética de la Unión Europea” y que pone en peligro los esfuerzos en pos de la descarbonización. En particular, el comunicado enviado por el sector del refino recuerda que el actual borrador del PNIEC, que aún está a la espera de ser aprobado por la Comisión Europea, estima la movilización de una inversión de 294.000 millones para la descarbonización, de los que un 85% será privada y solo un 15% será de carácter público (11% de origen europeo).
“Queremos insistir en que mantener el gravamen extraordinario a las compañías penalizaría la competitividad de la industria española frente a operadores extranjeros e industrias importadoras”, comenta en un vídeo enviado a los medios de comunicación Inés Cardenal, directora de Comunicación y Asuntos Legales de la AOP. Además, desliza que, de mantener el impuesto, se pone en riesgo el empleo generado por el sector.
Los datos proporcionados por las empresas señalan que más de 200.000 personas trabajan en la industria del refino, con una aportación de 24.325 millones de euros en impuestos.
Las petroleras también señan que el impuesto “vulnera la normativa existente” y se ha “diseñado de manera defectuosa” contra un sector conformado por “compañías comprometidas con la sociedad cuando esta las necesita”. En este sentido, recuerda que España no sufrió problemas de suministro durante los meses posteriores al comienzo de la guerra en Ucrania, por lo que insiste en que penalizar al sector afecta la “autonomía y garantía de abastecimiento energético de España”.
Un nuevo ‘round’
El comunicado de esta tarde sigue los mismos argumentos enunciados por Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, en la presentación de resultados trimestrales de la compañía. “La posibilidad de que se mantenga un gravamen a las compañías energéticas, que se ideó como temporal y extraordinario, castiga a las empresas que, como Repsol, invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país”, recalcó la empresa en un hecho relevante remitido a la CNMV. Imaz sostuvo que “antes de tomar una nueva decisión final de inversión”, la empresa analizará si “las condiciones requeridas son estable y son suficientemente atractivas”, a la vez que destacaba el atractivo de otros países cercanos como Portugal.
A diferencia del comunicado de este lunes, que matiza las críticas a la actual aplicación del impuesto y señala el contexto de “crisis energética” en el que fue aprobado, Imaz no ahorró críticas. " El impuesto extraordinario que se aplica actualmente en España es ilegal, inconstitucional y discriminatorio y está afectando y castigando de forma negativa a las empresas energéticas que invierten en activos industriales y que crean empleo industrial en el país”, resaltó el ejecutivo.
La siguiente muestra de poder de la patronal llegó solo dos días después de estas declaraciones. Petronor, filial de Repsol en el País Vasco, anunció el 30 de octubre que puso en “stand-by” dos grandes proyectos industriales relacionados a los combustibles sintéticos y la producción de hidrógeno verde. “Tendremos que implantar una inversión industrial en un entorno regulatorio no solo amable, sino previsible”, había advertido Emiliano López Atxurra, el presidente de Petronor.
Poco después, al siguiente día, Endesa se sumó a las criticas y alegó que mantener el impuesto “es discriminatorio y no sigue las regulaciones europeas”. En particular, José Bogas, consejero delegado de la firma, sostuvo que el la medida sitúa a las energéticas en “desventaja competitiva”, a la vez que “reduce la capacidad de invertir de las utilities europeas”.
Ni el Gobierno ni las formaciones lideradas por Sánchez y Díaz han hecho referencia directa a los comentarios de las empresas del sector energético. Los actuales socios de gobierno, que esperan recaudar en torno a 3.000 millones de euros anuales gracias al impuesto a este sector y a la banca, han prometido reformularlos si logran mantener el poder. Originalmente, la contribución fue aprobada como una “prestación patrimonial no tributaria” para acelerar su aprobación.
Uno de los puntos adicionales de cambio puede ser el rol de las haciendas forales en esta tasa. El diario El Mundo afirmó ayer que el PNV negocia un alivio fiscal a Repsol o Iberdola para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
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